Elon Musk tiene en el punto de mira a Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido. Está debilitado. Las encuestas le auguran una mengua de casi 200 escaños frente a los 412 que sacó el Partido Laborista en julio de 2024. Sabedor de que un ataque con la defensa baja puede ser mortal, el magnate de X y futuro ministro de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump ha cargado las tintas contra la izquierda británica y disparado con inaudita violencia para azuzar a la oposición y debilitar su gobierno. Su bala mágica es la más efectiva en estos tiempos: la inmigración.
Concretamente, las grooming gangs, redes de abusos sexuales infantiles orquestadas por ciudadanos británicos, muchos de ellos hijos de inmigrantes con ascendencia pakistaní, desde los años 90 hasta, al menos, la primera década del nuevo siglo. Estos grupos de delincuentes abusaron sexualmente de miles de menores –sólo en Rotherham se conocen, al menos, 1.400 casos; en Telford, 1.000; en Oxford, 300– procedentes de familias desestructuradas o desfavorecidas o directamente vinculadas a programas de menores tuteladas. Mediante engaños y manipulación psicológica y emocional, eran reclutadas y explotadas sexualmente, a veces drogadas y violadas de forma sistemática.
El caso, de extrema gravedad, fue minimizado en su momento por las autoridades británicas. Muchas de las víctimas, al provenir de entornos conflictivos, eran desacreditadas por su condición social. Investigaciones posteriores apuntaron a que hubo posibles encubrimientos y reiteradas negligencias por parte de la policía. Primero, por la deficiencia de los procedimientos para investigar este tipo de agresiones; segundo, porque las autoridades locales no quisieron ser señaladas como racistas y, a la postre, buscaban, según Musk, ganarse el favor de las comunidades extranjeras para tener su apoyo electoral.

Keir Starmer visita, el pasado 9 de enero, la comisaría de la ciudad de Londres para reunirse con agentes de policía y representantes de diferentes equipos encargados de hacer cumplir la ley, mientras expone los detalles del nuevo régimen de sanciones del gobierno contra la migración ilegal y el crimen de inmigración organizada. Europa Press
Precisamente Keir Starmer fue el jefe de los fiscales al frente de algunas de estas investigaciones judiciales entre 2008 y 2013. La Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service, CPS) es el principal organismo para procesar casos penales previamente investigados por la policía tanto en Inglaterra como en Gales. El actual premier británico fue su máximo responsable durante aquel lustro. Hoy le acusan de haber tratado de favorecer a los criminales "para evitar conflictos raciales", pero no existen pruebas de ello, sólo meras conjeturas.
"Starmer ignoró repetidamente las súplicas de un gran número de niñas y de sus padres con el fin de garantizarse apoyo político", escribe Musk. "Fue cómplice de las violaciones masivas a cambio de votos". "Es copartícipe de los crímenes, de la violación de Reino Unido, todo ello cuando encabezó el Servicio de Fiscalía de la Corona durante años". "Debe estar en prisión".
Este reguero de tuits lapidarios publicados en sus redes sociales ha provocado una reacción en cadena contra Starmer, y hasta el Partido Conservador –que estuvo 10 años consecutivos en el gobierno anterior al laborista sin pronunciarse sobre el asunto– se ha sumado a la polémica y pedido nuevas investigaciones.
El colofón del debate viene dado por la decisión de Jess Phillips, secretaria de Estado de Starmer, de rechazar una petición para que el Gobierno laborista impulsara y liderara una investigación sobre la explotación sexual infantil detectada en la localidad de Oldham, otra de las comunidades afectadas. Realmente, lo que Phillips dijo es que se debía realizar una investigación independiente, como se hizo en los casos de explotación sexual de Rotherham, pero eso no ha sido suficiente para evitar que Musk la tachara de "bruja malvada" y "apologista del genocidio por violación".
"Hablé en serio cuando dije que es hora de hacer justicia para las víctimas", aseguró Kemi Badenoch, líder de los tories. "Así que los conservadores presentaremos una enmienda al Proyecto de Ley de Escuelas y Bienestar Infantil para exigir una investigación nacional completa sobre el escándalo de las bandas de violadores".
Los de Badenoch han jugado sus cartas y, el pasado 8 de enero, lanzaron dicha enmienda, en la que proponían realizar una nueva investigación en los casos de grooming gangs. Pero fue rechazada en la Cámara de los Comunes por 364 votos contra 111. Con la aprobación de la cámara, la enmienda habría anulado también el proyecto de ley que pretende proteger a los niños y llevar a cabo reformas académicas. Para sus enemigos, el rechazo implica automáticamente que los de Starmer tienen algo grave que ocultar.
Musk tiene entre manos un perfecto cóctel molotov y pretende lanzarlo para quemar el 10 de Downing Street. De cara a sus acólitos, el empresario estadounidense está atacando al wokismo, término peyorativo que describe la postura política, de tintes posmodernos y censores, que lucha contra la discriminación y la igualdad racial y de género y apela a la corrección política; de forma estratégica y subrepticia, dicen los expertos, pretende dañar la imagen del laborismo e interferir en la política británica para desestabilizarla, todo ello con fines eminentemente estratégicos.
Ante este panorama, Keir Starmer ha respondido a las acusaciones con contundencia. Ha alegado que el magnate de Tesla y SpaceX busca "promover la intimidación y las amenazas de violencia, confiando en que los medios de comunicación amplificarán" su discurso. Macron también ha criticado a Musk. "Hace diez años, si nos hubieran dicho que el dueño de una de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría una nueva internacional reaccionaria e intervendría directamente en las elecciones, incluso en Alemania [en referencia al apoyo de Musk al ultraderechista AfD], ¿quién lo hubiera imaginado?".

Detalle de un tuit de Elon Musk en la red social 'X' donde defiende al partido ultraderechista alemán AfD. Europa Press
La gran pregunta es si se sostiene el argumentario de Musk. ¿Realmente existe un conciliábulo orquestado por políticos del establishment para defender la inmigración –eminentemente musulmana– a cualquier costa con vistas a salvaguardar el orden público y obtener rédito electoral? ¿Tuvo algo que ver Keir Starmer en el encubrimiento de criminales que violaban de forma sistemática a menores indefensas cuando era Fiscal de la Corona? La brutal realidad de las violaciones, cuya veracidad nadie niega, revuelve las entrañas, pero entre sus oscuros pliegues se esconden numerosos intereses e incoherencias que merecen un análisis en profundidad.
Las grooming gangs del horror
Quédense con estos nombres. Rotherham. Telford. Rochdale. Oxford. Desde finales de los años 80 hasta bien entrado el siglo XXI, numerosos grupos criminales británicos establecieron una red de explotación sexual cuyas principales víctimas eran niñas de entre 11 y 15 años. Los hechos más graves registrados ocurrieron en Rotherham y fueron recogidos en una investigación independiente de 2014 llamada Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in Rotherham, también conocida como Informe Jay por el nombre de su responsable, la profesora e investigadora Alexis Jay.
Este documento, concluido en 2014, apuntala la idea de que existía una red de abusos sexuales sistemáticos dirigida por hombres mayoritariamente de origen asiático, concretamente pakistaníes. El texto recoge testimonios que describen violaciones en grupo a menores de tan sólo 11 años, niñas sometidas a abusos físicos y psicológicos, a prostitución forzada, a todo tipo de vejaciones y amenazas.
"La niña, de 15 años, fue acosada y le echaron gasolina por su cuerpo. La amenazaron con quemarla viva si hablaba", reza uno de los casos descritos por el Informe Jay. "Con sólo 12 años tuvo relaciones sexuales con cinco adultos". Así, los salvajes testimonios suman más de 60 víctimas que relatan escalofriantes casos que van desde abusos múltiples hasta sodomizaciones, con su consecuente carga traumática.
Las menores, que provenían en su mayoría de entornos desfavorecidos o eran tuteladas, fueron captadas mediante una técnica conocida como grooming. Recibían regalos, drogas y alcohol para ganarse la confianza de los criminales. Algunas se enamoraban de sus captores; otras eran cortejadas mediante dádivas o, directamente, amenazadas si no cumplían con lo que se les exigía. El modus operandi de los criminales fue bien descrito por el periodista de The Times Andrew Norfolk, cuyo trabajo de investigación se centró en exponer cómo las autoridades locales, la policía y otros organismos fallaron en proteger a las víctimas y actuar contra los responsables.

Montaje con algunos de los rostros de los sospechosos detenidos por pertenecer a las grooming gangs que asolaron ciertas regiones de Reino Unido entre los años 90 y los 2000.
Bares, hoteles, apartamentos y otros lugares de dentro y de fuera de la ciudad eran los lugares escogidos por estas bandas –gangs– para realizar sus perversas fechorías. A pesar de que existían informes y reportes de trabajadores sociales y denuncias ante las comisarías locales, muchos casos fueron ignorados o minimizados por las instituciones locales. El propio Informe Jay corrobora que estas fallaron gravemente, y argumenta que, por un lado, temían ser acusadas de racismo debido al origen étnico de muchos de los perpetradores y, por otro, porque directamente no se creía a las víctimas debido a su condición.
El documento señala que al menos 1.400 niñas –algunas de ellas también pakistaníes– fueron violadas en este lapso de 20 años sólo en Rotherham por parte de las grooming gangs. Y aunque señala que no todos los involucrados eran inmigrantes o hijos de inmigrantes, tan sólo hace falta ver la nacionalidad de los pocos acusados que finalmente fueron condenados para comprender que sí que existían fuertes vínculos de algunos de sus integrantes con comunidades musulmanas.
En el marco de la Operación Clover, en febrero de 2016, cinco hombres y dos mujeres fueron condenados por diversos delitos sexuales contra niñas en Rotherham. Entre ellos se encontraba Arshid Hussain, el cabecilla de la red, que fue condenado a 35 años de prisión por violación, agresión indecente, secuestro y conspiración para cometer agresión sexual. Basharat Hussain, hermano de Arshid, recibió una sentencia de 25 años por violación, agresión indecente y conspiración para cometer agresión sexual. Bannaras Hussain, otro hermano de Arshid, fue condenado a 19 años y medio. Qurban Ali, tío de los hermanos Hussain, recibió una sentencia de 10 años.
En 2014, tras la publicación del Informe Jay, la Agencia Nacional del Crimen (NCA), el 'FBI británico', que había nacido tan sólo un año antes, se estrenó lanzando la Operación Stovewood para investigar los abusos de Rotherham. Las pesquisas se saldaron con numerosas condenas, entre ellas las de David Saynor, ciudadano británico, condenado a 24 años de prisión por delitos sexuales contra ocho víctimas, a quienes recogía en su limusina desde escuelas y hogares de acogida.
Dichas pesquisas llevaron al calabozo a Mohammed Amar, Mohammed Siyab, Yasser Ajaibe, Mohammed Zameer Sadiq, Tahir Yasin, Ramin Bari, Abid Saddiq. Otros de los detenidos fueron Waleed Ali; Shahid Hussain; Mohammed Imran Ali Akhtar y Adam Ali, muchos de los cuales ya tenían antecedentes penales por haber participado en escándalos de violación que involucraban a menores. Nadie entendía que estuvieran en la calle.
Rotherham no fue el único epicentro del horror. Las grooming gangs se sistematizaron por parte de los colectivos criminales en otras partes de Reino Unido. En Telford, en el condado de Shropshire, se estima que, entre 1980 y 2010, hubo alrededor de 1.000 niñas que fueron víctimas de abusos sexuales. Mismo modus operandi, similares fallos sistémicos para proteger a las víctimas.

Elon Musk (d) estrecha la mano del exprimer ministro británico conservador Rishi Sunak (i) durante una cumbre sobre inteligencia artificial celebrada en Londres el noviembre de 2023. Europa Press
Uno de los casos más sangrantes fue el de Lucy Lowe, una joven de 16 años, asesinada por su agresor, Azhar Ali Mehmood, con quien había comenzado una relación abusiva cuando ella tenía 14 años. Él, que era taxista –uno de los métodos más utilizados por las grooming gangs era la captación de menores mediante taxis–, llegó a tener incluso un hijo con ella. Cuando amenazó con denunciarle por sus reiterados abusos, Mehmood quemó la casa donde vivía Lowe. En el incendio perecieron tanto su madre, Eileen, como su hermana, Sarah, también menor de edad.
Mehmood perpetró el acto para controlar a Lucy y evitar que escapara de su influencia o hablara sobre los abusos a los que la sometía. Su objetivo era mantenerla atada emocional y físicamente a él, incluso a costa de su vida. Poco después él fue arrestado y condenado por el triple asesinato de Lucy y su familia. Sin embargo, la condena se limitó al homicidio y no abordó los abusos sexuales ni la dinámica de explotación que precedió a la tragedia, por lo que no se le pudo relacionar directamente con las grooming gangs.
Al igual que el Rotherham y Oldham, en Telford existió una red de explotación sexual de menores que operó durante varias décadas. Según otro estudio independiente similar al del Informe Jay publicado en 2022, se estima que alrededor de 1.000 niñas fueron captadas y abusadas mediante esta técnica en la región.
Tom Crowther, responsable de esa investigación, aseguró que muchos "signos evidentes" de explotación sexual, como embarazos adolescentes, prostitución de niñas cada vez más jóvenes y misteriosas desapariciones, se obviaron durante décadas "por miedo al nerviosismo racial", pues los impulsores eran "hombres asiáticos" en su gran mayoría.
Una investigación paralela del diario The Sun concluyó que muchos trabajadores sociales conocían de estos abusos durante la década de los 90, pero la policía tardó más de una década en iniciar las pesquisas. Asimismo, las autoridades trataban a las niñas víctimas de abuso como "prostitutas" en lugar de como lo que eran, víctimas.
Una tercera investigación policial, la Operación Bullfinch, en Oxford, también recopiló numerosos abusos entre finales de los años 90 y 2012, la mayoría entre víctimas de entre 11 y 15 años. Liderada por la policía de Thames Valley, se logró llevar a juicio a los principales responsables, que sumaron alrededor de 300 violaciones. Akhtar Dogar y su hermano Anjum Dogar, así como un tercer cabecilla, Kamar Jamil, fueron condenados a cadena perpetua.
Durante la última década y a lo largo de seis juicios, 18 víctimas de las alrededor de 300 abusadas en Oxford contaron su traumática experiencia, lo que llevó a la condena de 21 hombres –entre ellos los Dogar y Jamil– por delitos de abusos sexuales, captación de menores y prostitución infantil.
No obstante el número de condenas ejecutadas y la etnia de los encarcelados, en su mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes, en 2022 el Ministerio del Interior de Reino Unido emitió un informe que concluía que no había pruebas suficientes para señalar que algún grupo étnico estuviera sobrerrepresentado en los casos de explotación sexual infantil, y culpaba a los medios de comunicación de derecha de inflar el relato de que la mayoría de abusadores eran de origen pakistaní. "No se pueden encontrar vínculos entre la etnia y esta forma de delincuencia".
El papel de Starmer
Keir Starmer fue el máximo responsable del Servicio de Fiscalía de la Corona entre 2008 y 2013. Se trata del principal organismo para llevar a cabo investigaciones judiciales criminales en Inglaterra y Gales. El actual premier ocupó el cargo de Director de la Fiscalía en un período crítico durante el cual salieron a la luz algunos de los casos más graves de las grooming gangs. En este rol, Starmer supervisaba el sistema de procesamiento penal, siendo responsable de garantizar que los casos investigados por la policía se procesaran de manera justa y eficiente.
Durante su mandato, es cierto, y esta es hoy su gran baza contra los ataques de Elon Musk, se introdujeron medidas destinadas a mejorar la respuesta judicial frente a crímenes sexuales, como la adopción de guías más estrictas para procesar casos de abuso sexual infantil y la revisión de antiguos expedientes de criminales. Sin embargo, estas reformas fueron cuestionadas por su eficacia y alcance, ya que muchos casos de grooming en lugares como Rotherham o Rochdale siguieron sin resolverse.

Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador. Europa Press
Las críticas a Starmer replican que no actuó con suficiente determinación para abordar los fallos sistémicos que permitieron la explotación de menores. Aunque no existen pruebas directas de que Starmer ordenara frenar investigaciones o procesos, sus críticos destacan que, como jefe de la Fiscalía, tenía la capacidad de priorizar estos casos; también que podría haber introducido reformas en las prácticas policiales, que hasta aquel momento se habían mostrado muy deficientes.
Los defensores de Starmer señalan que las fallas del sistema judicial durante ese período eran endémicas y reflejaban problemas estructurales que se remontaban a décadas anteriores. Eso también es cierto. Además, destacan que, durante su gestión, Starmer introdujo cambios como la creación de equipos especializados en delitos sexuales y abuso infantil que sentaron las bases para las investigaciones más exhaustivas que vinieron después, como la Operación Stovewood.
Además, recuerdan que la CPS no investiga delitos, sino que evalúa la evidencia presentada por la policía y decide si los casos deben ser llevados a juicio o no. Esto incluye garantizar que haya suficiente evidencia para obtener una condena y que el procesamiento sea de interés público. Por tanto, su departamento dependía de que la policía identificara, investigara y remitiera los casos en primer lugar.
Un problema endémico
Es cierto que los casos de explotación sexual infantil en Rotherham, Telford y otras localidades británicas revelan una trama de abuso con un claro rasgo étnico y una negligencia institucional que se extendió durante décadas para evitar polémicas. Investigaciones como la Operación Stovewood y el Informe Jay han sacado a la luz el alcance y la gravedad de estos crímenes, destacando cómo las víctimas, en su mayoría niñas, fueron ignoradas.
Musk utiliza las grooming gangs como una flecha envenada para erosionar la confianza en la izquierda británica, alimentando un discurso que vincula la inmigración con la delincuencia. Aunque sus acusaciones hacia Starmer son extremas y simplistas, logran amplificar las críticas al sistema judicial y político que, según sus detractores, permitió que estos crímenes quedaran impunes o se infradimensionaran. Sin embargo, los informes muestran que, aunque Starmer supervisó cambios importantes en la Fiscalía, su implicación directa en estos casos es discutible.
Estos episodios, además de revelar la crueldad de los perpetradores, evidencian fallos estructurales en los sistemas de protección social y policial. Según Alexis Jay, "la falta de acción sobre las recomendaciones para prevenir el abuso sexual infantil perpetúa un ciclo de desprotección que afecta a los más vulnerables". También denuncia que en 20 años "no se ha hecho nada" por mejorar los mecanismos para defender a los menores. Sobre el debate político, hoy prefiere guardar silencio.
Starmer, en definitiva, es un objetivo ideal para ataques como los de Musk. Las acusaciones contra el primer ministor laborista no sólo buscan debilitar su liderazgo, sino también vincular a la izquierda británica con el encubrimiento de crímenes atroces, erosionando su legitimidad de cara a futuros comicios. Este contexto ha permitido que el populismo encuentre una oportunidad para reforzar discursos polarizadores y ganar terreno entre sectores descontentos de la población. Los conservadores y los ultras de Nigel Farage hoy se frotan las manos.
El enfrentamiento entre Musk y Starmer no sólo resalta las grietas en la política británica, sino también el poder de las redes sociales para moldear la opinión pública. Si bien los crímenes cometidos en las grooming gangs son indiscutiblemente atroces, su uso como arma política desvía la atención de las soluciones reales y profundiza la polarización política, dejando a las víctimas en un segundo plano. En este campo de batalla, los hechos se mezclan con la estrategia y el costo, en definitiva, lo paga una sociedad cada vez más desconfiada de sus instituciones.