María Ángeles Barroso, en su época como tesorera de Vox en Las Palmas

María Ángeles Barroso, en su época como tesorera de Vox en Las Palmas

Reportajes

Una extesorera de Vox en Canarias se gastaba en liftings ayudas a los menas concedidas por Podemos

La Concejalía dirigida por Noemí Santana, ahora candidata por Sumar, destinó 12,5 millones de euros a una ONG sospechosa con escasa vigilancia.

15 junio, 2023 03:23

“Debemos hablar de una nueva tipología delictiva, que es la violencia inmigrante, sin que se nos tache de racistas. Se trata de un tipo de violencia amparada en muchos casos por las ONG que colaboran con ellos”, decía María de los Ángeles Barroso en febrero de 2022, en una entrevista en el canal de televisión del periodista ultraconservador César Vidal. Barroso había sido secretaria y tesorera del comité ejecutivo provincial de Vox en Gran Canaria. Y a la vez dirigía el centro para menores migrantes no acompañados Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. “Todas las políticas sociales se están destinando a la atención a inmigrantes”, aseguraba la mujer, que criticaba el “buenismo” de las ONG.

Las piruetas en el currículum de Mari Ángeles resultan difíciles de explicar. Natural de Telde (Gran Canaria), es diplomada en Educación social, presidía en la isla una organización llamada Asociación de Víctimas de la inmigración ilegal y, a la vez, era dirigente en otra ONG que responde al nombre de Fundación Respuesta Siglo XXI, que se ocupa entre otras cosas de la atención a menores inmigrantes. Todo esto mientras hacía carrera en las filas de Vox en su municipio, desde donde saltó a controlar las cuentas del partido a nivel provincial. 

En 2019 la ONG Fundación Respuesta Siglo XXI consiguió una concesión para dirigir cinco centros de menores en la isla, por la que recibió 12,5 millones de dinero público, y Barroso se puso al frente de uno de ellos, el de Guiniguada. El contrato quedó congelado en 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción se puso a investigar en qué se estaban gastando muchas partidas sospechosas. En total, hay cuatro directores investigados, que habrían sacado de los cajeros 1,6 millones en efectivo, desviados a cuentas propias o de la fundación. 

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Había cientos de miles de euros destinados a la compra de fruta al hermano de uno de ellos, comidas en restaurantes, tickets de gasolina para recorrer 1.500 kilómetros diarios en Gran Canaria, facturas duplicadas y otros muchos gastos sin justificar. ¿Cómo una organización así con perfiles como el de Mari Ángeles Barroso podía estar al frente? “Hay gente que se ha disfrazado de ONG y realmente es otra cosa”, responde una fuente que se ocupa de la gestión migratoria en Gran Canaria.

Mari Ángeles Barroso

Mari Ángeles Barroso

Según las investigaciones que está llevando a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Barroso se habría gastado unos 1.500 euros en un tratamiento de belleza facial en el Centro Médico de Belleza Hedonai. Se trataba de seis sesiones, que pagó con una tarjeta de la ONG, que aseguró que la implicada había utilizado por error. A la Fiscalía no le consta, sin embargo, que se devolviera posteriormente ese dinero. 

El presupuesto total que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI tenía para gestionar el centro Guiniguada era de 1,45 millones de euros. Y de ese dinero, más de 60.000 euros se desviaron a una cuenta personal de la directora, que debía utilizar el dinero para la atención de los menores migrantes. En el listado de gastos figuraban decenas de comidas en restaurantes, 1.400 euros en alquiler de vehículos, 840 euros en un producto para el agua de piscinas (no había ninguna piscina en el centro) o 465 en productos en MediaMarkt. En casi todos los casos se trata de gastos difíciles de justificar y, además, habría otros más de 6.000 euros que no aparecen en ningún balance. 

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Migrantes en pésimas condiciones

La investigación de la Fiscalía ha puesto de relieve que, mientras esto ocurría, los migrantes vivían en condiciones de “hacinamiento” en habitaciones “de aspecto tétrico y carcelario”. Los migrantes se quejaban de la alimentación suministrada y los fiscales también recibieron denuncias de los trabajadores sociales. Distintas fuentes confirman que la directora se comportaba con “dejadez o en algunos casos de forma ofensiva con los chicos”. 

Cuestionada por EL ESPAÑOL, la implicada rechaza responder ante un asunto que se encuentra “en proceso de investigación judicial” y cuyos detalles deberían “dirimirse en un juzgado”. En cualquier caso, Barroso habla de “descontextualización” e “informaciones falsas”. También en la Fundación Respuesta Siglo XXI se niegan a hacer declaraciones y se remiten a un comunicado en el que desmienten buena parte de los hechos y piden a los medios que “respeten la investigación judicial”. 

“Un inmigrante irregular puede llegar a nuestras costas y de manera inmediata les derivan a un centro de acogida o a un alojamiento hotelero”, publicaba en 2020 la entonces dirigente de Vox en Telde, pocos días antes de ascender a tesorera provincial del partido. Un puesto que compatibilizaba con el de directora del centro Guiniguada. Allí coincidió con la candidata del partido a la alcaldía de Telde en las pasadas elecciones, Esmeralda Cabrera, que también trabajó como cuidadora, según publicó el diario Canarias 7

Meses antes del 28-M Barroso abandonó Vox por causas que no quedaron del todo claras. En este tiempo la dirigente se ha desmarcado de su vieja formación y se llegó a afiliar a otra agrupación de corte liberal, llamada Unidos por Gran Canaria, con la que se presentó en las listas como número 8 a la alcaldía de Las Palmas. En Unidos por Gran Canaria, que no sacó ningún concejal, su implicación en este caso también ha pillado por sorpresa.

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La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y candidata de Sumar, Noemí Santana.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y candidata de Sumar, Noemí Santana.

La concejalía de Podemos

La encargada de destinar los 12,5 millones a la sospechosa ONG fue la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, dirigida por Noemí Santana, de Unidas Podemos y hoy cabeza de lista de Sumar por Las Palmas. El mecanismo empleado consistía en destinar una cantidad fija mensual a cada centro, a la que se sumaban 95 euros al día por cada menor no acompañado y otros 72 euros diarios por cada una de las plazas que quedaran sin ocupar. Así, hasta ese total de 12,5 millones en tres años.

Ante la enorme cantidad sacada de los cajeros por los directores de las cinco estructuras -1,6 millones en total-, los propios bancos bloquearon las cuentas, por lo que las autoridades comenzaron a investigar.

Fuentes próximas al Gobierno de Canarias, presidido por el PSOE, con el apoyo de Podemos y el partido regionalista Nueva Canarias, explican que estas concesiones se aprobaron en un momento de extrema emergencia, coincidiendo con el aumento de las llegadas de migrantes a Gran Canaria durante la pandemia, por lo que “aumentaron las ratios de personas en los centros y se rebajaron los niveles de vigilancia”. En 2020 llegaron a las islas unas 23.000 personas en pateras, provocando un caos político y organizativo. 

“Lo más grave -admiten estas mismas fuentes- es que en todo este tiempo tampoco se han corregido esos mecanismos”. Noemí Santana también ha justificado que en aquel momento hubo que "contratar cinco entidades y abrir hasta 50 recursos de emergencia" para tutelar a casi 3.000 menores en una situación de "emergencia humanitaria". El centro de Guiniguada, ubicado en un edificio en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, fue uno de esos espacios habilitados a la carrera. También otra de las residencias que gestionaba la Fundación Respuesta Siglo XXI que ya ha ha sido clausurada.

La gestión de estos centros siempre se externaliza. Las fuentes consultadas aseguran que la situación migratoria es muy fluctuante, por lo que las administraciones no tienen la capacidad para ocuparse de ella en momentos de emergencia y tampoco sería eficaz destinar una gran cantidad de personal cuando no existe una alta afluencia. 

La Fundación Respuesta Siglo XXI tiene su sede en Madrid, en el barrio de Carabanchel, y asume la gestión de varios centros en la capital, además de los citados en las islas Canarias. Cuenta con unos 380 empleados y se dedica también a organizar programas formativos para drogodependientes o a la explotación de centros para la tercera edad. Durante todo este tiempo, sus cuentas han resultado opacas. Ahora la Fiscalía la está investigando.