¿Quién paga la búsqueda de Marta Calvo? Nadie se hace cargo de la factura de más de 400.000 euros

El juicio contra el supuesto asesino en serie de la fiesta blanca, a quien la Fiscalía le atribuye el asesinato de la joven valenciana Marta Calvo, arrancará el próximo 13 de junio en Valencia.

El juzgado ha dado por finalizada la investigación, pero el Gobierno y la Generalitat Valenciana siguen discutiendo en los tribunales quién debe hacer frente a los costes de la búsqueda en el vertedero de Dos Aguas (Valencia).

Los gastos se elevan a más de 400.000 euros y por el momento han sido asumidos íntegramente por la UTE que gestiona las instalaciones. Entre tanto, las administraciones se han desentendido del tema y se pasan la pelota de un tejado a otro hasta que la Justicia se pronuncie de manera definitiva.

El juzgado de Alzira que instruyó en un primer momento el caso de Marta Calvo realizó un requerimiento a la Delegación del Gobierno para el pago de los costes de la búsqueda del cadáver en el vertedero de Dos Aguas. No hubo respuesta.

Ximo Puig junto a la madre de Marta Calvo en una reunión reciente.

El juzgado de Valencia que asumió después la causa, tras aparecer más víctimas, mantuvo el requerimiento. Pero al existir diferencias entre las administraciones sobre cuál de ellas debía asumir el coste, el juzgado de Valencia acordó que esa cuestión se dirimiera en la vía contencioso-administrativa.

"Esa decisión está pendiente de apelación en la Audiencia provincial de Valencia", confirmaron este miércoles a EL ESPAÑOL fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). 

La joven valenciana desapareció el día 7 de noviembre de 2019. Más de dos años después del crimen y con el juicio a la vuelta de la esquina, las cosas están casi como al principio. Sigue sin encontrarse el cuerpo, el acusado no facilita la localización del cadáver y los trabajos de búsqueda no se han pagado. 

Los delitos

Jorge Palma será juzgado por matar a Marta y a otras dos mujeres, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos. Se enfrenta a tres peticiones de prisión permanente. Además, está acusado del intento de asesinato de otras ocho mujeres más introduciéndoles cocaína en los genitales a escondidas.

Desde un primer momento se especuló con la hipótesis de que había sido asesinada. El colombiano Jorge Palma lo confirmó el 4 de diciembre, cuando se entregó a la Guardia Civil. Dijo que la chica murió por una intoxicación de cocaína mientras ambos mantenían relaciones sexuales. Aseguró que se asustó, descuartizó el cuerpo y lo repartió en bolsas de basura para luego tirarlo en diferentes contenedores entre Silla y Alzira.

Jorge Palma, acusado por el asesinato de Marta y otras dos mujeres.

A partir de aquí se inicia la búsqueda de Marta en el vertedero de Dos Aguas. La UTE trasladó a los responsables de la investigación que era prácticamente imposible que el cuerpo estuviese allí. Pero los trabajos se prolongaron durante casi un año.

Los trabajos tuvieron dos fases. La primera, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. Durante este intervalo de tiempo trabajaron en el vertedero entre 12 y 22 agentes cada día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y las máquinas excavaban la zona para facilitar las tareas.

La segunda etapa va desde febrero hasta septiembre del mismo año. Se redujo el horario de trabajo de los equipos hasta las dos de la tarde. Solamente dejaron de buscar los días festivos o con lluvia.

La operación tuvo un coste muy elevado y la UTE se agarra a las resoluciones judiciales que ordenaron la búsqueda para cobrar la factura pendiente de más de 400.000 euros.

El camino del Supremo

En Valencia, las competencias en justicia están delegadas en la comunidad autónoma. A finales de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronunció en un caso muy similar y condenó a la Comunidad de Madrid a pagar 1,4 millones de euros que costó la búsqueda de un cuerpo en un vertedero.

La Justicia concluyó que los gastos por los trabajos generados en la instrucción de un proceso penal, como la búsqueda en un vertedero de un cuerpo, restos y efectos de un delito, deben ser abonados por la Administración competente en materia de justicia, sin perjuicio de que dicha Administración pueda luego solicitar al órgano judicial su inclusión en las costas, sobre lo que habrá de resolver en atención a las circunstancias del caso. 

El caso resuelto tiene su origen en una factura por valor de 1,4 millones de euros presentada por la mercantil UTE Planta RSU Pinto a la Comunidad de Madrid por los costes de la búsqueda de un cuerpo, restos y efectos del delito en un vertedero de Pinto, ordenada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Majadahonda. 

La Dirección General de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid devolvió la factura presentada por la empresa para que ésta la enviase al juzgado que había ordenado la búsqueda con el fin de que las incluyera en la tasación de costas que se practicara, para que se hiciera cargo quien fuese condenado en su día. 

Según consta en la sentencia, la UTE Planta RSU Pinto recurrió la resolución administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en una sentencia estimó su recurso y acordó que la Administración autonómica tenía que asumir los costes de la búsqueda en el vertedero al tratarse de gastos necesarios para el funcionamiento, puesta en marcha y consecución de los objetivos de la Administración de Justicia. 

El Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia recurrida y resolvió que dichos costes corresponden a la Administración competente. 

De lo contrario, se causaría a quien hubiese cumplido con su obligación de prestar colaboración a los jueces o tribunales "un grave perjuicio consistente en el impago o en un retraso indeterminado en el abono de los costes que no tiene obligación legal de soportar". 

Marisol Burón, madre de Marta Calvo, ha iniciado una campaña para aumentar las penas a quienes oculten los cadáveres tras un crimen. En una reunión reciente celebrada con el presidente de la Generalitat Ximo Puig, la madre denunció que su familia lleva dos años sin saber que le ocurrió a su hija y sin saber su paradero. Sin poder pasar el duelo por su pérdida.