Un edificio de promoción pública en Oleiros
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Oleiros bonificará un 50% el IBI de las viviendas protegidas durante 13 años
El Concello también eliminará las tasas municipales para la construcción de VPO y flexibilizará el pago de deudas de las familias en situación de vulnerabilidad
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El Concello de Oleiros prepara cambios en sus ordenanzas fiscales para favorecer la construcción y el acceso a viviendas de protección oficial (VPO). Entre las principales novedades se encuentra una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que podrá prolongarse durante un total de 13 años.
Las modificaciones serán llevadas al próximo pleno municipal y, de aprobarse, comenzarán a aplicarse a partir de 2027. El Concello añadirá diez años de bonificación del 50% a los tres ya contemplados por la normativa estatal.
La segunda medida directamente relacionada con la vivienda será la eliminación de las tasas municipales para construir VPO. La cuota correspondiente a estas construcciones pasará a ser de cero euros.
El Gobierno local reconoce que la capacidad de estas medidas para incidir sobre el actual mercado de la vivienda es limitada, pero defiende la utilización de sus competencias fiscales para incentivar la promoción de vivienda protegida.
Más facilidades para familias vulnerables
La reforma de las ordenanzas irá más allá de la vivienda. El Concello prevé ampliar los plazos disponibles para solicitar determinadas bonificaciones fiscales e incorporar nuevos supuestos para la devolución de tasas, impuestos y cuotas correspondientes a actividades municipales.
También se modificarán las condiciones para gestionar las deudas con la administración municipal, especialmente en el caso de las familias que atraviesan graves dificultades económicas.
La nueva regulación ampliará y flexibilizará las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas e incorporará mecanismos específicos para los hogares en situación de especial vulnerabilidad económica.
El Gobierno municipal sostiene que la fiscalidad local, además de financiar los servicios públicos, puede emplearse para incentivar aquellas actuaciones consideradas prioritarias desde el punto de vista social.
