Una playa gallega.
La nueva delimitación del dominio marítimo-terrestre afectará a 2.511 edificaciones en Galicia
Todas ellas (industrias, pabellones, depuradoras...) pasarían a estar catalogadas como bienes de dominio público, por lo que la Xunta denuncia que podrían ser expropiadas "sin desembolso económico"
El Gobierno gallego presentará alegaciones a esta modificación
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La modificación de los criterios para establecer los deslindes en la costa afectará a 2.511 edificaciones ubicadas en 156 kilómetros cuadrados de Galicia, según la Xunta. Todas ellas (industrias, pabellones, depuradoras...) serían incluidas en la zona marítimo-terrestre, por lo que pasarían a estar catalogadas como bienes de dominio público.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha exigido este lunes la retirada de la propuesta estatal para modificar la legislación de costas que establecería unos criterios de deslinde más restrictivos. El mandatario autonómico asegura que este cambio podría llevar a la expropiación "sin desembolso económico" de todas las edificaciones que pasen a ser de dominio marítimo-terrestre.
El Gobierno gallego, de esta forma, ha advertido que la modificación supone una "inseguridad jurídica", además de carecer de rigor técnico y de afectar al derecho a la propiedad privada, por lo que esta semana presentará alegaciones. De ellas ha tomado cuenta hoy lunes el Consello da Xunta.
¿Cuál es la norma que cambia?
La modificación propuesta introduce cambios en la gestión del litoral y altera de forma sustancial un criterio técnico muy relevante del actual Reglamento General de Costas. Rueda explicó que, hasta ahora, se exigía que el mar alcanzase cinco veces en cinco años una cota para fijar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), pero esto ha cambiado.
La norma recoge ahora que es suficiente con la máxima ola registrada en un momento concreto y desde un período temporal indefinido y abierto. "No tiene sentido que una sola ola sea ahora el criterio. Un cambio tan radical no tiene ningún sentido", aseguró el mandatario autonómico durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta.
El Ejecutivo gallego denuncia que con esta propuesta, el Ministerio recupera la misma modificación que ya había intentado introducir en 2022 y que fue declarada nula por el Tribunal Supremo. Además, en esta ocasión lo hace a través de un real decreto que regula una materia diferente, en lugar de aprovechar la reforma del Reglamento General de Costas que está tramitando en paralelo.
La Xunta defiende que la sustitución de un criterio técnico basado en el tiempo y en la frecuencia de los temporales por un criterio absoluto basado en el valor máximo de una serie histórica de datos supondría, en la práctica, que una única ola excepcional fuese suficiente para determinar una delimitación.
Así, el Gobierno gallego denuncia que el nuevo criterio propuesto se fundamentaría en un acontecimiento aislado y puntual que no necesariamente refleja la situación real y que "es de cuestionable objetividad" dadas las características de la distribución estadística de las olas y las dificultades asociadas al cálculo de este parámetro.
La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático hizo un análisis comparativo del actual DPMT en Galicia teniendo en cuenta el cambio propuesto. El estudio estima que esta superficie se incrementaría en 6,53 kilómetros cuadrados hasta llegar, según indicó Rueda, a un total de más de 156, "el equivalente a más de cuatro veces el término municipal de la ciudad de A Coruña".
Toda esta superficie alberga 2.511 edificaciones, que serían incluidas en la zona marítimo-terrestre y, por lo tanto, pasarían a estar catalogadas como bienes de dominio público. Rueda concretó que se trata de "depuradoras, pabellones o industrias" que, en el caso de estar en terrenos públicos, podrían ser expropiadas "sin tener que realizar desembolsos económicos".
Inundaciones
La Xunta, además, incluye una serie de observaciones técnicas desde el punto de vista de la gestión del riesgo de inundaciones.
El Gobierno gallego alega que la modificación propuesta, además de incorporar nuevas exigencias documentales y administrativas, introduce también obligaciones y limitaciones de usos para los territorios sometidos a riesgo de inundación: prohibición de acampadas, instalación de cámpings o celebración de eventos con concentración de personas.
Muchas de estas nuevas obligaciones, añade la Xunta, no van acompañadas de criterios técnicos suficientemente claros y homogéneos, lo que puede generar diferentes interpretaciones en su aplicación. A lo que se añade el riesgo de duplicidades y solapamientos con instrumentos y trabajos que ya existen, tanto con los Plans de Xestión do Risco de Inundación (PXRI) como con los informes de seguimiento y estudios de Augas de Galicia.
La Xunta también considera excesivamente apresurados algunos de los plazos previstos, ya que se adelantan a los establecidos por la normativa europea, que contempla calendarios más amplios para su aplicación. "Parte de los criterios técnicos que deberán concretar las nuevas exigencias aún no estarán disponibles hasta 2028, lo que podría obligar a adaptar o reelaborar trabajos realizados con anterioridad", indica.
El análisis realizado por el Gobierno gallego concluye también que la aplicación del real decreto supondrá un incremento de los gastos públicos de los organismos de cuenca (Augas de Galicia) que no consta que hayan sido cuantificados ni que vayan acompañados de la transferencia de los recursos necesarios para hacerles frente.
