El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez Ruiz.
El 'sálvese quien pueda' sanitario español
Bienvenidos al "sálvese quien pueda" sanitario de las comunidades autónomas.
Una de las grandes virtudes del Estado autonómico es que permite que cada comunidad pueda buscar sus propias soluciones a problemas que le son propios para que se genere una sana competencia que permita avanzar y mejorar los servicios que ofrece a sus ciudadanos.
Pero puede llegar un momento en el que, por un exceso de celo en la defensa de lo propio, esa autonomía deje de generar una competencia saludable y termine provocando exactamente lo contrario: que cada uno trate de solucionar sus problemas a costa del vecino.
Es decir, se interioriza la importancia de lo particular sin tener en cuenta el conjunto.
Eso es precisamente lo que empieza a ocurrir en nuestra sanidad.
El último ejemplo lo encontramos en el País Vasco. Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, y el Sindicato Médico de Euskadi han alcanzado un importante acuerdo que introduce mejoras organizativas y retributivas para los médicos. Entre otras medidas, ese acuerdo afecta al pago de las guardias, los complementos de productividad, las libranzas o la autoconcertación.
Hasta aquí, nada que objetar.
Alberto Martínez, consejero de Salud de País Vasco.
Es más, probablemente muchas de esas reivindicaciones sean razonables, justas para los profesionales y necesarias.
El problema aparece cuando levantamos la mirada del País Vasco y observamos el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Porque el propio Gobierno vasco explica que uno de los objetivos del acuerdo es mejorar su capacidad para atraer y retener médicos ante las dificultades existentes para cubrir determinadas plazas.
Y aquí, hablando del mercado laboral, empieza el problema. Porque no existen diecisiete mercados laborales en nuestro país. La realidad es que, prácticamente, sólo existe uno. Porque, más allá de tratar de atraer a algún médico que esté en el extranjero, los requisitos para ejercer sí son comunes a todos. Y todo lo que tú consigas atraer de fuera de tu región es a costa de quitárselo a otros.
Es decir, un médico formado en Madrid puede trabajar en Castilla-La Mancha; uno de Extremadura puede marcharse a Andalucía; y un especialista de Castilla y León puede aceptar una oferta del País Vasco.
Por tanto, cuando una comunidad mejora sustancialmente las condiciones de sus profesionales, no está creando nuevos médicos. Está aumentando su capacidad para atraer los que ya existen en otros sitios de nuestro país.
Si nos centramos en determinadas especialidades en las que existe escasez, la consecuencia es evidente: lo que para una comunidad puede representar la solución de un problema puede convertirse en un problema para la comunidad de al lado.
Bienvenidos al "sálvese quien pueda" sanitario.
Si todas las comunidades dispusieran de una capacidad económica similar para competir, sería la prioridad que marcara cada Gobierno lo que delimitaría los gastos para el sistema sanitario de unos y de otros.
La realidad es que el partido se juega con claras condiciones de desigualdad o, llamémoslo "en condiciones de ventaja económica estructural". Y esto es bastante más preocupante, y claramente injusto, para unos ciudadanos respecto de otros.
Fedea acaba de publicar los datos correspondientes a la liquidación de 2024 del sistema de financiación autonómica y las diferencias son difícilmente ignorables.
Mientras Cantabria dispuso de 4.349 € por habitante procedentes del sistema de financiación, Murcia recibió 3.372 €. Es decir, 977 € menos por ciudadano o casi un 25% menos de financiación por persona y año.
La media se situó en 3.666 € por habitante. Comunidades como Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla-La Mancha quedaron por debajo de ella.
Conviene hacer una precisión importante: esos 977 € no son dinero destinado exclusivamente a sanidad. Las comunidades financian con esos recursos el conjunto de los grandes servicios públicos que tienen transferidos y luego el gobierno autonómico destina lo que considera oportuno a sanidad, servicios sociales, educación o el resto de partidas contenidas dentro de las competencias autonómicas.
En cualquier caso, la sanidad representa para todas las comunidades la principal partida de gasto y, por tanto, comunidades que parten de niveles diferentes de financiación tienen también capacidades diferentes para afrontar incrementos de gasto permanentes, lo que genera una de las grandes contradicciones de nuestro modelo.
Defendemos, correctamente, que cualquier español debe tener unos derechos sanitarios esenciales con independencia del lugar donde viva y nos basamos en un teórico único Sistema Nacional de Salud. Pero, a la hora de la verdad, tenemos diecisiete administraciones compitiendo por los profesionales partiendo de capacidades económicas diferentes.
"Existe una competencia buena que hace que una comunidad reduzca sus listas de espera"
¿La descentralización debería generar competencia? Sin duda, pero debemos distinguir entre dos tipos de competencia.
Existe una competencia buena que hace que una comunidad reduzca sus listas de espera y obligue a las demás a preguntarse cómo lo ha conseguido.
Que hace que encuentre una forma más eficiente de organizar la atención primaria: que introduzca incentivos vinculados a resultados, desarrolle nuevos modelos asistenciales o consiga mejorar la productividad de sus centros.
Y luego existe una competencia no tan buena. Porque se basa en esa ventaja económica estructural, que consiste simplemente en ver quién paga o quién puede pagar más por un recurso que es el mismo para todos y que, además, escasea.
La primera competencia es extraordinariamente positiva porque permite experimentar, comparar y aprender.
La segunda no es competencia, porque se basa en la más flagrante de las desigualdades. Es perniciosa porque podemos entrar en una carrera en la que cada comunidad se vea obligada a mejorar las condiciones económicas que ofrece simplemente para evitar que sus médicos se marchen a la de al lado.
Una especie de carrera "armamentística salarial" en la que los salarios aumentarán, pero el número total de médicos seguirá siendo exactamente el mismo.
Habremos aumentado el coste global del sistema sin haber resuelto necesariamente el problema que originó la competición.
Y algo parecido puede suceder con determinadas prestaciones sanitarias, tecnologías o compromisos asistenciales que se incorporan unilateralmente sin valorar previamente sus consecuencias sobre el conjunto del sistema.
Quizá por eso deberíamos empezar a hablar de un Estado 'desautonómico'.
Mónica García, ministra de Sanidad. Europa Press
No porque las autonomías sean un problema o porque debamos recentralizar la sanidad. Sino porque hemos construido un modelo profundamente descentralizado sin desarrollar con la misma intensidad los instrumentos necesarios para coordinar y cohesionar aquello que, por su propia naturaleza, supera las fronteras autonómicas.
La planificación de profesionales sanitarios es probablemente el mejor ejemplo.
El Ministerio de Sanidad realiza desde hace años estudios sobre las necesidades futuras de especialistas y el último vuelve a identificar déficits relevantes en determinadas especialidades.
Pero conocer el problema no es suficiente.
Necesitamos establecer unos mínimos comunes, dentro de las comunidades autónomas, que reduzcan diferencias difícilmente justificables entre profesionales que realizan trabajos equivalentes dentro del mismo Sistema Nacional de Salud, sin impedir que las comunidades puedan desarrollar sus propias políticas de incentivos.
Porque autonomía no puede significar simplemente que cada uno haga lo que pueda con lo que tenga.
La descentralización tiene enormes ventajas cuando permite encontrar soluciones diferentes y comprobar cuáles funcionan mejor. Pero empieza a mostrar problemas cuando diecisiete administraciones compiten por los mismos recursos escasos y algunas pueden hacerlo con una mano económica considerablemente mejor que otras.
La autonomía debería servir para encontrar mejores soluciones, no para trasladar los problemas de una comunidad a la siguiente.
O dicho en un lenguaje más coloquial, toda solución autonómica es correcta, salvo cuando sea a costa de perjudicar al resto de comunidades.
Y cuando diecisiete administraciones intentan salvarse por separado, quien corre el riesgo de perder es precisamente aquello que debería unirlas: el Sistema Nacional de Salud.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.
