Un cartel en la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España).
“#Con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo”. Así rezaba el eslogan de campaña en las elecciones municipales de 2019. Lo que para el entonces candidato a alcalde era “un experimento fallido y sin sentido, un arma de propaganda electoral”, no solo no desapareció tras su elección, sino que se amplió con medidas aún más restrictivas que las de su antecesora.
Durante estos años, la ingeniería social impulsada desde el Ayuntamiento de Madrid ha condicionado profundamente la vida de los ciudadanos. Se ha restringido la movilidad, influido en decisiones privadas -como qué coche comprar, dónde trabajar o cómo desarrollar un negocio, etc.- y alterado muchos planes de vida.
Primero se recurrió al miedo, con campañas informativas, cámaras de vigilancia y cartas de aviso; después, a la sanción masiva. Todo ello en nombre de un supuesto interés general que, llegado el momento, no ha sido capaz de sostenerse jurídicamente.
Un reciente Auto del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación del Ayuntamiento, confirmando así la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de septiembre de 2024, que anulaba las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Con ello, la nulidad de estas medidas adquiere firmeza.
El desenlace es contundente, porque durante siete años, los madrileños han pagado -literalmente- por una política que los tribunales han desmontado, constatándose así que el Estado (el poder político municipal en este caso) puede imponer medidas arbitrarias, perjudicar gravemente a los ciudadanos y, aun así, seguir recaudando. Jurídicamente esto se aproxima a la arbitrariedad y, moralmente, resulta difícilmente defendible.
El poder judicial ha constatado que faltaban estudios económicos rigurosos, análisis de impacto real y una adecuada ponderación de la proporcionalidad
Conviene aquí recordar el origen y evolución de esta historia. El modelo de ZBE nace durante el mandato de Manuela Carmena, pero su consolidación corresponde plenamente a José Luis Martínez-Almeida. No cabe escudarse en la herencia recibida, porque hubo una promesa electoral nítida de desmontar estas restricciones y lo que ocurrió después fue exactamente lo contrario.
El Ayuntamiento ha ampliado las restricciones a todo el término municipal y ha convertido la exacción impositiva y las multas en una política estructural. Así que claramente, como cantaba Coti, “nada de esto fue un error”, sino una decisión política.
Fue una decisión que se adoptó despóticamente y a sabiendas de que no cumplía los requisitos jurídicos esenciales. El poder judicial ha constatado que faltaban estudios económicos rigurosos, análisis de impacto real y una adecuada ponderación de la proporcionalidad.
En definitiva, que el Ayuntamiento limitó derechos ignorando los costes sociales. Además, todo ello sustentado en un discurso climático que responde más a la ideología que a una evaluación material verificable, y que ya empieza a resultar rancio, por dogmático.
Sin embargo, esos costes existían y han recaído, como suele ocurrir, en los mismos de siempre. Las ZBE han funcionado como un mecanismo de selección económica y quien ha podido adaptarse lo ha hecho, y quien no, ha quedado excluido o, ha sido sancionado directa o indirectamente por la medida.
Autónomos, comerciantes, trabajadores dependientes del vehículo y vecinos de municipios colindantes han sido los principales afectados. No por elección, sino por coacción e imposición.
Para sortear el impacto jurídico de la sentencia, el Ayuntamiento ha aprobado una nueva Ordenanza de Movilidad que mantiene las ZBE. Formalmente, el problema parece resuelto en un juego de trileros, pero en la práctica sigue abierto.
Esto ya no va de la regulación sostenible del tráfico, sino en normalizar un modelo de control basado en la coacción donde el poder político puede vulnerar derechos sin consecuencias, mientras el ciudadano paga el pato y asume la carga de defenderse. F. Hayek diría que “cuando el poder público sustituye normas generales y previsibles por decisiones discrecionales, deja de imperar el Estado de Derecho y se abre la puerta a la arbitrariedad”, donde el ciudadano ya no actúa libremente, sino condicionado por el miedo a la sanción y la incertidumbre jurídica.
Todo esto también ha puesto de relieve una verdad incómoda, como es que el Estado -encarnado aquí en el Ayuntamiento- no genera riqueza, sino que la redistribuye. Y cuando lo hace mediante sanciones basadas en normas “defectuosas”, lo que produce no es política pública para el interés general, sino una transferencia forzosa de recursos, que ni es justa ni es social.
El mal está hecho, y ahora llega la parte más delicada. Obviando millones de perjuicios personales ¿Qué pasa con las multas?
Cientos de miles de sanciones, por monto de unos 650 millones de euros, se impusieron bajo una normativa ahora anulada. Pese a ello, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz descarta devoluciones generales invocando la no retroactividad. En la práctica, solo se recupera el dinero si se reclama.
Sí, en derecho administrativo, las sanciones firmes se mantienen por seguridad jurídica; solo pueden anularse con opciones reales si fueron recurridas o siguen en trámite. Las ya pagadas y firmes solo admiten vías excepcionales, la revisión de oficio o la responsabilidad patrimonial, con escasas probabilidades de éxito y, a menudo, costes superiores a la multa.
La postura del Ayuntamiento de Madrid traslada al ciudadano el tiempo, el coste y el esfuerzo de litigar individualmente, fragmentando el impacto del “error público”. No obstante, el principio jurídico clásico es claro: “No hay sanción válida sin norma válida”. Existe base jurídica para reclamar, aunque la estrategia institucional parece inmoralmente orientada a desincentivar acciones individuales.
La tradición liberal española ya advertía sobre estos riesgos. Juan de Mariana señalaba en el siglo XVI que, cuando el poder carece de límites efectivos, tiende a utilizar la norma como instrumento de extracción. Frente a ello, solo cabe la reacción de la sociedad.
Una cosa es aceptar las reglas y otra muy distinta es aceptar la mentira, la coacción, arbitrariedad y la imposición sin base suficiente. Toda una “ley del embudo” cuyos efectos -cuando se demuestran injustificados-, no se reparan.
Los madrileños no necesitan más regulación, por favor. Necesitan despertar y poner límites al regulador. Madrid ya no tiene un problema de movilidad, tiene un problema de Libertad.
*** Emilio Domínguez del Valle es abogado, experto en movilidad y transportes.
