La banca juega y gana, con el permiso del Gobierno

Oficinas bancarias.

Algo parecido nos está ocurriendo a los españoles con el lío que se trae el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ante el anuncio del famoso impuesto a los beneficios de la banca donde, a día de hoy, aún no sabemos quién será el “paganini” final de tan imaginativa iniciativa social.

Porque, aunque el Gobierno jure y perjure que no va a permitir, incluso bajo la amenaza de penas de cárcel y galeras, que una medida impositiva tan progresista repercuta en los usuarios de los servicios financieros, los españoles sabemos que, en nuestro sistema financiero -convertido en casino debido al mando en plaza de tahúres y grilleros de la peor especie-, cuando la banca juega, suele ganar. Y los gobiernos se lo permiten. Al menos así ha sucedido en nuestro país durante los últimos años.

[Opinión: ¿Quién pagará el impuesto sobre la Banca?]

No hay que alejarse mucho en el tiempo para recordar qué ocurrió durante la última crisis financiera del verano de 2008. Una crisis inicialmente bancaria (la de las hipotecas subprime) que se transformó a la velocidad de un tsunami en una crisis social y de empleo.

En aquella ocasión quien pagó los platos rotos de aquel desastre fueron los sectores más desfavorecidos y las clases medias. Las instituciones públicas prefirieron rescatar a los bancos antes que a los ciudadanos. Mientras, las entidades financieras pusieron en práctica toda una serie de instrumentos y productos tóxicos destinados a expoliar a sus clientes y, de esta manera, hacer cuadrar sus balances. Los poderes públicos, gobiernos del PSOE y el PP, dejaron primero a la intemperie a los ciudadanos y después nos dieron la puntilla final con la aplicación de recortes sociales en pensiones, educación, sanidad y derechos laborales.

"Son muchos los expertos que desconocen la realidad del capitalismo financiero del siglo XXI, que ha dejado de actuar como banca tradicional de sucursal, depósito, crédito y comisiones"

No es necesario recordar que la actividad bancaria es una actividad mercantil fuertemente regulada. Al menos en teoría. En nuestro país es el Banco de España la autoridad administrativa obligada a velar por el buen funcionamiento de la actividad financiera y los derechos de sus clientes. En la práctica sabemos que lo anterior no ha sido así y, de cara al futuro, toda da a entender que continuará de la misma manera. 

Hay que recordar lo acontecido con las irregularidades cometidas por algunos bancos y cajas de ahorro españolas, que tuvieron que ser corregidas por los tribunales sin que el Gobierno hiciera nada, salvo legislar a toro pasado cuando ya estaban expoliados los clientes. Y, ni siquiera, convenientemente cuadrados los balances que requirieron de millonarias sumas de euros para el rescate y mantenimiento de nuestro sistema.

Así ocurrió con las famosas “cláusulas de redondeo”, siempre hacia arriba; los swaps o falsos seguros de financiación; las tristemente populares “cláusulas suelo”, que sólo favorecieron a los bancos; los abusos en algunas hipotecas inversas o los chanchullos en los tipos cambiarios en las conocidas como hipotecas “multidivisas”. Y, cómo no, el cambalache de las célebres “participaciones preferentes”, donde lo único prioritario era pagar por parte de los depositantes. Quienes, a partir de ese momento, quedaban relegados a ser los últimos en la recuperación, casi imposible, de su capital invertido.

Con gran pompa y circunstancia, ahora el Gobierno anuncia poner en raya a los bancos con la finalidad altruista, ellos dicen, de distribuir el esfuerzo de la crisis haciendo pagar más a los que más tienen. Objetivo más que loable si fuera cierto.

Pero los dueños del parné se resisten a esta medida e incluso amenazan con el cierre y despedida de sus negocios. Y es que en España son muchos los expertos que desconocen, o no quieren enterarse, de la realidad del capitalismo financiero del siglo XXI, que ha dejado de actuar como la típica banca tradicional de sucursal, depósito, crédito y comisiones para convertirse en una actividad exclusivamente especulativa. La financialization, estudiada ya en todo el mundo como la antítesis de lo que antes era la clave del negocio bancario, la intermediación. 

"Las cajas de ahorro fueron saqueadas desde que los partidos introdujeron sus sucias manos en unas entidades con más de 300 años, mucho crédito sin ánimo de lucro y mejor beneficio social"

Nada de lo pasado se hace necesario ahora para obtener grandes beneficios: ni sucursales, ni depósitos, ni cuentas corrientes, ni créditos. Tampoco la localización nacional es vital, que puede ser tecnológicamente esquivada. Esta es la novedad del capitalismo del siglo XXI: la inversión de fondos de cobertura en instrumentos y productos financieros muy especializados y volátiles. Siendo necesario para ello abducir a determinadas empresas que dejan de invertir y continuar en sus tradicionales actividades mercantiles. Todo con el efecto inmediato de la destrucción de empleo.

Como no existe ninguna banca pública o semipública y las cajas de ahorro fueron saqueadas (los partidos políticos introdujeron sus sucias manos en unas entidades que tenían más de 300 años de historia, con mucho crédito sin ánimo de lucro y mejor beneficio social) nos encontramos ante una situación donde al hacer más difícil la financiación (por la subida de tipos de interés y los nuevos impuestos a la banca) el emprendimiento desparecerá, el crecimiento económico se estancará y, con toda seguridad, aumentará el desempleo. Ahora, eso sí, la banca seguirá ganando dinero, con o sin impuestos a sus beneficios. 

[El Gobierno disfraza el nuevo impuesto como “prestación no tributaria” para defenderlo en los tribunales]

El panorama es aún más desolador. El modelo que pervive en el capitalismo del siglo XXI sigue pretendiendo alcanzar el crecimiento y distribuir la riqueza bajo unos parámetros que, en la práctica, no consiguen ni una cosa ni la otra. Por el contrario, se afianza una crisis permanente cada vez más compleja y con mayores desigualdades. 

Como respuesta, los gobiernos de izquierdas siguen obsesionados con que la fiscalidad es la única medida para resolver los anteriores problemas. Fomentan así un bumerán que, finalmente, a quien más afecta es a las clases más desfavorecidas y medias, que ven, día a día, como pierden sus empleos, su calidad laboral o sus capacidades de renta.

Se crean como contrapartida riquezas multimillonarias especulativas, muchas dinásticas y todas ellas acaparadoras de grandes beneficios y de bienestar. Todo lo anterior pone en juego nuestros valores democráticos, en tanto en cuanto nos aboca a una situación de riesgo para la paz social. "Estallido social", lo han denominado en muchas partes de nuestro planeta. Veremos lo que acaba ocurriendo en Europa.   

*** Javier Castro-Villacañas es abogado, periodista y autor de los libros El fracaso de la monarquía y El expolio a las clases medias.