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. EFE

LA TRIBUNA

España debe sumar

El autor aboga por que los partidos constitucionalistas antepongan la defensa del orden constitucional y se unan, particularmente en aquellos territorios en los que la ofensiva separatista es ya una amenaza para el Estado.

El gran ideólogo conservador británico Edmund Burke afirmaba que “lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada”. Esta máxima se puede aplicar a la dinámica que ha caracterizado los últimos años de la vida política española. Ese Mal –representado por los partidos independentistas catalanes y vascos y la mayoría de los nacionalistas del arco parlamentario– aspira a la destrucción del orden constitucional y la convivencia en nuestra Nación, avanzando irreversiblemente ante la pasividad de los llamados partidos constitucionales, incapaces de ponerse de acuerdo para frenarlo.

Las elecciones del 28 de abril ofrecieron una oportunidad para hacerlo. Un pacto de legislatura entre PSOE y Ciudadanos hubiera dado como resultado un Ejecutivo estable apoyado sobre 180 escaños, capaz de realizar las reformas que el país necesita y de frenar a los independentistas/nacionalistas, ya que su colaboración no hubiera sido necesaria para asegurar la gobernabilidad. Sin embargo, el veto de Albert Rivera a pactar con los socialistas y la poca predisposición de Pedro Sánchez a hacerlo, malograron esa posibilidad.

Las recientes elecciones del 10 de noviembre volvieron a ofrecer una nueva oportunidad de hacer frente a ese Mal. En Cataluña y en el País Vasco, como ocurre en Navarra, la formula de Navarra Suma podría haber sido un éxito. Así, en la primera de esas comunidades autónomas, si el PP, Ciudadanos y Vox hubieran concurrido bajo una sola marca electoral, habrían obtenido 745.701 votos, equivalentes al 19,5% del electorado. Con esos sufragios serían la tercera fuerza electoral de la región, asegurándose once escaños –frente a los seis actuales, todos por Barcelona–, con representación en las cuatro provincias –dos en Tarragona, uno en Gerona y en Lérida, además de otro más por Barcelona–.

Podría argumentarse en contra de esta coalición que esos tres partidos no podían presentarse juntos porque sus programas eran muy diferentes. Pero, frente a esa posición, podemos argumentar que en Cataluña la dinámica electoral no funciona como en otras regiones de España, haciendo completamente secundarias propuestas como, por ejemplo, bajar el IRPF un punto o disminuir las tasas universitarias. Pues, lo que se juega en Cataluña en cada contienda electoral es la supervivencia del orden constitucional y del Estado español frente a la ofensiva separatista. Por eso, precisamente, estos aspectos deben situarse por encima de cualquier otra consideración.

Algo similar ocurre en la segunda de estas comunidades, el País Vasco. En las recientes elecciones, ni PP, ni Ciudadanos ni Vox han obtenido un solo escaño en sus circunscripciones. Sin embargo, la suma conjunta de sus sufragios ha sido de 145.538, que equivalen al 12,44% del total. Esta cifra les hubiera permitido arrebatar un diputado a Bildu en Álava, impidiendo así que pudiera tener grupo propio en el Congreso de los Diputados, y otro al PNV en Vizcaya. Por tanto, en ambas regiones, un España Suma habría disminuido la presencia de las organizaciones independentistas/nacionalistas en el Parlamento, reforzando notablemente la presencia de los partidos nacionales en las mismas. Esta dinámica hubiera coadyuvado a frenar al Mal. Sin embargo, no se optó por esa coalición.

No existe política social, no existe política de ningún tipo, si no hay detrás un Estado que la sustente

Tras las recientes elecciones, nos volvemos a encontrar ante la misma encrucijada que ya se vislumbró en abril: gobierno de progreso con separatistas/nacionalistas para desarrollar una “política social” o gobierno constitucionalista. La primera opción, defendida por amplios sectores de la izquierda, se apoya en la gran falacia que constituye el programa electoral de Podemos: la defensa de la Constitución de 1978 a través de sus artículos sociales.

Afirmamos que este planteamiento es falsario porque partimos de una verdad indiscutible: no existe política social, no existe política de ningún tipo, si no hay detrás un Estado que la sustente. De ahí que frente a la defensa del artículo 45 –medio ambiente– o 47 –vivienda digna– que esgrime Pablo Iglesias para presentar su organización política como “constitucionalista”, nosotros defendemos la primacía del artículo 1, que afirma el carácter soberano del pueblo español en su conjunto y del 2 que establece la “indisoluble unidad de la Nación Española”.

En esta posición coincidimos con los Padres de la Carta Magna que denominaron al conjunto de sus diez primeros artículos “Título Preliminar” y le dieron una especial protección jurídica. De hecho, un gobierno de este tipo no sólo contribuiría a la expansión de Mal, pues las organizaciones políticas que lo representan serían uno de los sostenes del ejecutivo, sino que podría convertir la desaceleración económica existente en una crisis irreversible al provocar un aumento desmesurado del gasto público –y por tanto, del déficit– para satisfacer las “políticas sociales” de Podemos y las “políticas territoriales” de sus socios independentistas/separatistas.

La segunda opción pasaría por un gobierno de Gran Coalición de PP y PSOE, apoyado por Ciudadanos. Este Ejecutivo debería acordar un programa estable como el que en Alemania desarrollan los cristianodemócratas y socialdemócratas, centrado en dos objetivos básicos. Por un lado, hacer frente al problema del secesionismo catalán, aplicando una solución legal y duradera que frenase el Mal para siempre, o al menos lo atemperase, evitando así que volviera a ser un peligro para la supervivencia del Estado. Por otro, tomar las decisiones oportunas para que esa desaceleración económica incidiera lo menos posible en las clases sociales más desfavorecidas económicamente y en los servicios públicos. Además, los responsables de Ciudadanos y el PP deberían explicar a los de Vox que su apoyo al PSOE es un sacrificio que realizan por el bien de España, apelando al patriotismo del que siempre hacen gala sus dirigentes para pedirles una oposición constructiva.

El tiempo se acaba… el orden constitucional y el Estado que lo sustenta están en peligro. España no sumó tras las elecciones del 28 de abril, pero debe hacerlo ahora. Para ello es preciso que Pedro Sánchez, Pablo Casado y la ejecutiva de Ciudadanos encabezada por José Manuel Villegas actúen como estadistas y no como líderes de partido. Si lo hacen, podría paliar todos los errores cometidos por los partidos nacionales en los últimos tiempos, contribuyendo definitivamente a frenar al Mal… Serían así hombres buenos que luchan contra el Mal.

*** Roberto Muñoz Bolaños es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Aurtónoma de Madrid.

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