Este martes se ha consumado el único fruto de esta legislatura estéril. Una medida que fue su origen y que ahora marca su inminente final: la aplicación plena de la ley de amnistía.
Algo más de dos años después de la entrada en vigor del cambalache que exculpó a los golpistas catalanes, el Tribunal Constitucional ha puesto punto final a casi una década de culebrón Puigdemont.
El TC ha ordenado a la Sala Penal del Tribunal Supremo que exima de toda responsabilidad a los condenados y procesados por el delito de malversación de los fondos públicos destinados al proceso independentista.
El presidente y ponente de la sentencia cuya redacción aún está por concluir, Cándido Conde-Pumpido, ha resuelto taxativamente que la Sala Penal debe, con "carácter preferente y urgente", efectuar "un nuevo pronunciamiento en que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos".
Y lo ha hecho pronunciándose en unos términos peyorativos y desproporcionados que han indignado al Supremo, puesto que denotan una supuesta intencionalidad por parte de la Sala en la no aplicación de la amnistía a la malversación.
La disolución de las Cortes anunciada este lunes no ha alterado el esperado desenlace del litigio.
Y es que habría sido demasiado obsceno, incluso para este Gobierno inmune al pudor, que el TC alterase el calendario y frenase la resolución sobre los recursos para castigar a Junts por tumbar los decretos sobre vivienda de Sánchez. El revés que ha precipitado, al fin y al cabo, el indeseado adelanto de las elecciones generales.
Por lo demás, la corte de garantías no ha ocultado su subordinación a los dictados e intereses del Gobierno.
Que el sentido de la decisión estuviera cantado de antemano da la medida de la instrumentalización política del TC y su total falta de credibilidad en lo tocante a su autonomía decisoria.
Y tan devastador para su autoridad resulta el hecho de que la votación se haya resuelto por la ya sistemática división entre los cinco votos del bloque "conservador" y los siete del bloque "progresista".
La cooptación gubernamental ha quedado negro sobre blanco con el voto particular de la minoría discrepante, que ha respaldado el criterio de la Sala Penal del Tribunal Supremo: la ley de amnistía, tal como quedó redactada, no permitía su aplicación a la malversación.
El sector minoritario ha criticado la decisión por suponer "un exceso en el ejercicio de nuestra jurisdicción constitucional", en tanto en cuanto "suplanta el rol funcional que corresponde al Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria".
Una parte de la propia corte de garantías ha confirmado así lo que han venido sosteniendo análisis como el de este periódico.
A saber, que bajo el mandato de Sánchez, el TC se ha convertido en el Supremo del Supremo, usurpando sus atribuciones al interpretar la legislación ordinaria de conformidad con las necesidades del Gobierno.
Sin esperar siquiera a conocer el texto íntegro de la sentencia, el juez Pablo Llarena se ha anticipado y ha dictado poco después de que el TC estimara el recurso de amparo una resolución que deja sin efecto, con carácter inmediato, las órdenes nacionales de busca y captura y detención de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.
Con el levantamiento de las medidas cautelares por el instructor de la causa del procés en el Supremo, el prófugo en Waterloo podrá volver a España en cuestión de días.
De esta manera, inicia su regreso a Cataluña el único español que se ha beneficiado de las políticas de Pedro Sánchez.
Pero que el Gobierno haya borrado de un plumazo los graves delitos de Puigdemont no implica ni mucho menos, como pretende Sánchez, que se haya logrado la "reconciliación".
Al contrario, Puigdemont vuelve blandiendo el hacha de guerra.
En su comparecencia desde Waterloo para celebrar la aplicación de la amnistía, el expresident se ha jactado de haber "derrotado" a la "represión" de los poderes públicos españoles.
Lejos de mostrar una actitud contrita, el prófugo ha advertido de que el "conflicto político" con España no se ha resuelto, sino que continúa, aclarando que regresará a España "de la misma manera" como marchó al "exilio".
Sin duda, un rotundo éxito de la "normalización política" en Cataluña.
El único resultado tangible producido por una medida de gracia arbitraria, que ha dinamitado el principio de igualdad ante la ley, ha sido lo que constituyó su única motivación real: comprar los votos de Junts para investir a Sánchez a cambio de impunidad.
No en vano, Puigdemont ha remarcado que "el derecho de autodeterminación y las acciones unilaterales siguen siendo irrenunciables".
El viejo lema del independentismo, Ho tornarem a fer ("lo volveremos a hacer") se mantiene pues intacto. Incluso tras la fulgurante irrupción de la Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que ha trastocado el escenario político en Cataluña al sorpassar y relegar a Junts a una posición marginal.
Porque, a tenor de las últimas encuestas, el independentismo tiene hoy mayoría absoluta en el Parlament.
Después de haberse beneficiado del indulto, de la despenalización de todos los ilícitos por los que podrían haber afrontado consecuencias procesales, y de la alfombra roja extendida por el Gobierno para regresar con honores a Cataluña, si los líderes separatistas no ponen en marcha un nuevo procés será únicamente porque no quieren, y no porque teman consecuencia penal alguna.