Fiel a su praxis de hacer de la necesidad virtud, Pedro Sánchez ha intentado subirse a la ola de indignación por la crisis de la vivienda para evitar que esta termine por arrastrarlo.
Este domingo, el presidente se ha dirigido directamente a Maricarmen (la octogenaria desahuciada en Madrid) para asegurarle que el Gobierno trabaja "contrarreloj" con el fin de llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto-ley sobre Vivienda.
En el camino de esta estrategia se interponen, sin embargo, dos obstáculos que dificultan seriamente sus pretensiones de apropiarse y explotar políticamente el descontento social.
El primero es que la necesidad de conciliar exigencias irreconciliables complica la instrumentalización del desahucio de Maricarmen como pegamento con el que recomponer su mayoría parlamentaria.
Mientras los conservadores de Junts exigen deducciones fiscales, bonificaciones para los caseros afectados por las prórrogas e incentivos para pequeños propietarios hipotecados, los socios de Sumar reclaman la congelación y prórroga reforzada de los contratos, la protección ilimitada frente a los desahucios, y una regulación restrictiva sobre los usos del inmueble (como los pisos turísticos y los alquileres de temporada o por habitaciones).
A ello se suma la nula credibilidad de un Ejecutivo que sólo en los estertores de su mandato se apresura a abanderar la causa del derecho a una vivienda digna.
Tras más de ocho años de pasividad, a Sánchez le ha entrado una urgencia sobrevenida, y apremia a sus socios para sacar adelante la norma "por Maricarmen y por los millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda".
Pero la corriente de malestar es demasiado contestataria como para que pueda liderarla un Gobierno que ha incumplido prácticamente la totalidad de sus grandilocuentes promesas de construcción de decenas de miles de hogares.
Muestra de ello es que la propia afectada responsabilizó al presidente de su desalojo, mientras los manifestantes dirigían sus proclamas contra la Moncloa bajo el lema "o cae el rentismo o cae el Gobierno".
Las tiendas de campaña instaladas en la Puerta del Sol tras las protestas de este sábado evocan de forma inevitable las acampadas del 15-M.
Y, al igual que entonces, existe el riesgo cierto de que esta comprensible escenificación de la fractura social engendre un diagnóstico equivocado e induzca recetas profundamente erróneas.
Además de reclamar el "blindaje del derecho a la vivienda" y la suspensión general de desahucios sin alternativa habitacional, el Sindicato de Inquilinos exige la aprobación del ya bautizado como "decreto Maricarmen", incurriendo así en el mismo discurso demagógico del que participan el Gobierno y sus socios.
El relato populista sobre los "rentistas" y los "fondos buitre" no resiste el contraste empírico de las cifras.
Frente al dogma de la especulación, los datos del Banco de España atestiguan que alrededor del 90% del parque de alquiler se halla en manos de personas físicas.
Poner la diana en los fondos de inversión (que representan apenas el 2% de las compraventas de inmuebles) y en los "grandes tenedores" (que aglutinan el 5% del mercado arrendaticio) responde tan sólo a la búsqueda de un chivo expiatorio para ocultar los estragos de una política de vivienda errada.
Restringir la actividad de los fondos, tal como pretende la iniciativa gubernamental, no sólo penaliza a la fracción más pequeña del mercado, sino también a la más profesionalizada. Aquella que contribuyó a sanear el sector tras la crisis inmobiliaria y a la que se debe, primordialmente, la inyección de oferta asequible.
Pero, además, la seguridad jurídica no es parcelable por sectores.
Discriminar a un actor concreto del mercado entraña, de facto, exceptuar la propiedad inmobiliaria de la protección del imperio de la ley. No cabe cercenar la participación de los fondos sin lesionar con ello el derecho constitucional de propiedad en su conjunto.
La intervención del mercado (articulada mediante el control de precios, la imposición de cuotas de vivienda social a promotores privados, la tibieza institucional ante la okupación y la inquiokupación, y la demonización del inversor) ha destruido la certidumbre legal. Lo cual hace casi tan difícil encontrar un piso en alquiler como asumir el riesgo de ponerlo en el mercado.
El resultado es un déficit estructural superior a las 750.000 viviendas. El problema de la vivienda en España es claramente un problema de oferta.
Aumentar esa oferta exige un giro de 180 grados en la actual política de vivienda: agilizar los desalojos en caso de impago en lugar de blindarlos, y hacer recaer la cobertura social para los colectivos vulnerables que se vean afectados por aquellos en el Estado, y no en los propietarios.
El decreto que ha reactivado Sánchez no sólo no habría impedido un desahucio que sí habría podido evitarse de haber estado en vigor el escudo antidesahucios que la mayoría del Congreso rechazó prorrogar. Sino que, al reincidir en la fórmula de la congelación de contratos, la prórroga forzosa y la asfixia del arrendamiento temporal, sólo provocará la retirada masiva de inmuebles del mercado.