La 'ministra de jornada' en Ceuta fue, ayer domingo, Mónica García.
La ministra de Sanidad pisó la ciudad durante unas pocas horas, ignoró las denuncias de los sanitarios ceutíes, que han alertado de la rápida propagación de enfermedades e infecciones en la ciudad, y afirmó que en Ceuta "no hay colapso sanitario", sino "lugares tensionados".
Luego, demostró más preocupación por el bienestar de los asaltantes que por el de los propios ceutíes.
Finalmente, salió de su reunión con Juan Jesús Vivas escoltada por la Guardia Civil e increpada por los vecinos.
Mónica García no es una excepción a la regla. Es la regla. La de unos ministros que, con la excepción de Margarita Robles, han blanqueado a Marruecos, han restado importancia a la invasión de Ceuta, han hecho comentarios despectivos sobre los informes del CNI que alertaban del riesgo en la ciudad y han reaccionado tarde, mal y con desesperante apatía a la crisis.
Hay momentos en la historia de una nación en los que la dejadez de sus gobernantes grita más alto que cualquier declaración altisonante.
Y Ceuta vive uno de esos momentos. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se permite el lujo de unas vacaciones idílicas tras una visita relámpago de apenas unas horas a la ciudad, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha venido reiterando con una claridad casi desesperada lo que muchos ceutíes sienten: abandono.
"La sensación entre los ceutíes es de inseguridad, inquietud, impotencia y, en algunos casos, abandono", dijo Vivas tras la visita de Sánchez. No era una frase aislada.
Días después, con la ciudad aún desbordada por miles de personas que entraron de forma masiva a finales de julio, insistió: "El ánimo entre la ciudadanía es de indignación, preocupación y abandono".
Más tarde, con crudeza, dijo: "Cada día que pasa es peor y aumenta el riesgo de que ocurra algo que nadie quiere que pase, o algo que sea irreversible. Este estrés no se puede aguantar durante mucho tiempo. De lo contrario Ceuta no va a aguantar".
Estas no son las palabras de un opositor exaltado. Son las de un político moderado, prudente y con más de un cuarto de siglo al frente de la ciudad, que ha preferido siempre el diálogo a la confrontación. Cuando Vivas afirma que "el Gobierno no ha estado a la altura" y que "Ceuta ha sufrido y sigue sufriendo una invasión", no está haciendo política de partido. Está describiendo una realidad que el Ejecutivo de Sánchez se niega a mirar de frente.
La sospecha que circula en los despachos ceutíes (y que Vivas, con su lenguaje contenido, no llega a formular de forma explícita) es más grave: que la pasividad de Madrid no sea sólo incompetencia, sino una forma de desalentar a los españoles de Ceuta sobre la viabilidad misma de su ciudad.
Que, por acción o por omisión, se esté dejando que la presión constante, la inseguridad y el desánimo hagan el trabajo que Rabat no puede hacer abiertamente. Porque Marruecos, como el propio Vivas ha recordado, "nos ha demostrado que no es fiable".
Y porque, en palabras del presidente ceutí, "la gente tenía la percepción de que esto, si no orquestado, era favorecido o permitido por parte de Marruecos".
El Gobierno central ha respondido con el mismo guion de siempre: culpar a las mafias, elogiar la "cooperación" con Rabat, anunciar medidas técnicas y esperar a que el tiempo diluya la crisis.
Sánchez calificó lo ocurrido de "violación de la integridad territorial de España", pero se guardó mucho de señalar al vecino del sur. Prefirió hablar de una sentencia del Tribunal Supremo y de redes de tráfico de personas, mientras la ciudad de 84.000 habitantes se convertía a pasos acelerados en un suburbio tercermundista.
Y luego, se marchó de vacaciones. Los ministros han desfilado después, por turnos y de evidente mala gana, pero sin un plan claro de retorno inmediato de todos los que entraron irregularmente y sin la contundencia que la situación exige.
Mientras tanto, los datos demográficos hablan por sí solos. Desde 2015 se registra una salida neta sostenida de población nacida en España, especialmente entre los 25 y 39 años y en los tramos de más edad. El peso de la población de origen magrebí crece de forma constante. El paro duplica la media nacional. Las familias envían a sus hijos a la península por miedo.
Y el tejido social, aunque resiste con una dignidad ejemplar, empieza a resquebrajarse por la incertidumbre.
No se trata de alarmismo. Se trata de reconocer que una ciudad fronteriza no puede vivir indefinidamente con la sensación de que su Estado no la defiende con la misma determinación con la que defendería cualquier otro rincón del territorio nacional.
Cuando el presidente de Ceuta dice que "la única salida" es el retorno a Marruecos, que no puede haber regularización ni asilo ni traslados a la Península, y que de no actuar de inmediato "Ceuta no va a aguantar", está poniendo sobre la mesa la pregunta que Moncloa evita: ¿está el Gobierno de Pedro Sánchez dispuesto a defender de verdad la viabilidad de Ceuta como territorio español, o prefiere gestionar su declive gradual para no incomodar a Rabat?
La respuesta no puede ser más gestos, más visitas de ministros y más comunicados de "colaboración fluida". Ceuta necesita hechos: control efectivo de la frontera, retorno inmediato de quienes entraron de forma masiva, refuerzo permanente de las fuerzas de seguridad y un mensaje inequívoco de que la integridad territorial no se negocia ni se diluye en gestos diplomáticos.
Porque si se consolida la idea de que el Estado ha tirado la toalla, el éxodo de los ceutíes se acelerará y la ciudad se irá vaciando de quienes la han defendido durante generaciones.
España no puede permitirse perder Ceuta por dejación.
Y los ceutíes no merecen que su Gobierno les obligue a preguntarse, cada mañana, si todavía vale la pena quedarse. Vivas lo ha dicho con toda la claridad posible. Ahora corresponde a Pedro Sánchez demostrar que no es cierto lo que muchos sospechan en silencio: que el Gobierno ha abandonado Ceuta, que la considera una molestia y que cuanto antes caiga en manos marroquíes, mejor.