La Secretaría de Estado de Comunicación ha informado este domingo de que "tras hablar con una amplia mayoría de las familias de las víctimas del accidente de Adamuz", ha constatado que "a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir al Homenaje de Estado" del 31 de enero.

Es forzoso preguntarse qué clase de "imposibilidad" física podría impedir a los damnificados acudir a un acto previsto para dentro de seis días.

La alusión en la nota a que "muchas otras [familias] prefieren que se celebre más adelante" permite colegir que las dificultades de asistencia aducidas son, en verdad, un eufemismo diplomático de lo que realmente le han transmitido al Gobierno los consultados, cuando no una pura falsedad.

Y no es una sospecha insidiosa, sino una inferencia a partir del clima de indignación que ha cundido en los últimos días entre los familiares de las víctimas, algunos de las cuales han dado ya los primeros pasos para constituirse en asociación y exigir formalmente responsabilidades penales por el accidente.

Y son varios los que han censurado públicamente la actuación del Gobierno, al que consideran culpable del devastador accidente de hace una semana en Adamuz.

Han proliferado asimismo en las redes los llamamientos a organizar una concentración en Huelva contra el Ejecutivo, lo cual permitía esperar un acto de protesta que empañaría el homenaje.

Y al menos dos familiares de víctimas y heridos han expresado abiertamente su rechazo a un funeral de Estado laico como el que estaba previsto celebrarse. Si algunos lo han verbalizado, cabe suponer que habrán sido más ("un número importante") los que han trasladado el mismo parecer al Ejecutivo.

El Gobierno se ha escudado a todas luces en una falacia para disfrazar el rechazo mayoritario tanto al convocante del funeral como al formato. La decisión de "posponer la celebración" sólo pueden entenderse como una maniobra para diferir las previsibles manifestaciones de repulsa que Moncloa quiere evitar a toda costa.

Resulta pasmoso que el Gobierno hurte la verdad y confunda a los afectados y sus familias hasta para suspender el funeral de Estado.

Porque no es ni mucho menos la primera vez que, durante la semana transcurrida tras el accidente, el Gobierno ha manipulado a las víctimas con su estrategia comunicativa.

Desde el minuto uno, con la advertencia preliminar de Pedro Sánchez contra los "bulos", intentando que se diera credibilidad únicamente a unas fuentes oficiales que en todo momento han jugado al despiste.

Pero, sobre todo, con la logomaquia de Óscar Puente, que se ha ocupado de retorcer el lenguaje en comparecencias destinadas únicamente a confundir y diluir responsabilidades.

Puente ha repetido, tajante, que es "evidente" que el desencadenante del accidente "no ha sido el mantenimiento ni la obsolescencia ni la falta de controles", aunque las evidencias sobre el mal estado de la infraestructura férrea son múltiples e incontrovertibles. Y pese a que los maquinistas llevan años advirtiendo sin respuesta del deterioro de la red, cuyas preocupaciones por la seguridad han sido desdeñadas por el ministro como un afán de "confort".

Y aunque muy pronto la investigación oficial situó la rotura de la vía como la hipótesis más probable del origen del descarrilamiento, el Ministerio de Transportes ha venido aventando un relato que le endosaba la culpa, primero, a un enganchón causado por el tren de Iryo. Y, ahora, al fabricante de los raíles, ArcelorMittal.

Pero los tres momentos en que la manipulación de Puente se ha hecho más flagrante han sido, primero, cuando omitió que decidió suprimir la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes seis meses antes del desastre de Adamuz.

Segundo, cuando calificó de "bulo" la noticia en la que EL ESPAÑOL informaba de que cuatro de los siete trenes que inspeccionan las vías en busca de microrroturas están inoperativos.

Y, tercero, cuando afirmó sesgadamente de que la línea Madrid-Sevilla había sido "renovada completamente a partir de 2021", ocultando que esa renovación sólo fue parcial.

De hecho, Adif ha confirmado que el tramo del carril donde se produjo el descarrilamiento, aunque instalado el año pasado, estaba unido a otro que data de 1992.

Con todo, y aun en el aplazamiento forzoso del homenaje a las víctimas, el Gobierno no ceja en su empeño de maquillar la realidad.

Y la realidad es que cada vez son más los que le hacen directamente responsable de una desastrosa incompetencia, acreditada en una negligente imprevisión, una tardía respuesta a la emergencia y unas insuficientes medidas correctivas.