La primera decisión "no forzada" de Pedro Sánchez tras su investidura, el decreto anticrisis presentado ayer por el presidente en rueda de prensa, ha generado ya el primer desacuerdo de calado con sus socios de Sumar.

Apenas unos minutos tardó la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en comparecer frente a la prensa para criticar el presunto "regalo fiscal" de Sánchez a las energéticas. 

El "regalo fiscal" no es tal. Porque bancos y energéticas seguirán pagando un impuesto que se promulgó en respuesta a una coyuntura que ya no existe.

A cambio, es cierto, el Gobierno ha incluido en su "escudo social" la posibilidad de que las energéticas se deduzcan desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo nacional. 

Pero el absurdo es evidente. Si el motivo que originó la implantación del impuesto ya no existe, ¿por qué se mantiene este?

Y si se mantiene, ¿por qué se compensa a las energéticas permitiéndoles deducirse unas inversiones que quizá esas empresas no tenían planeado realizar en este momento?

¿Y por qué las energéticas sí y la banca no? ¿Es quizá porque el PNV apoya a las primeras y no a las segundas? 

El impuesto a energéticas y banca se confirma así como una ofrenda en el altar de la demagogia populista de Sumar, ERC y EH Bildu.

Pero que nadie se lleve a engaño. El arreglo por el que el Gobierno mete la mano en el bolsillo de las energéticas para luego devolver ese dinero en forma de deducciones (cuyo alcance está todavía por ver) no es un gesto hacia el sector empresarial, sino hacia el PNV, tan necesario aritméticamente en el Congreso como Sumar, ERC y EH Bildu.

El difícil equilibrio de Sánchez entre PNV y Sumar, ERC y EH Bildu ha conducido también a que se mantenga el impuesto a la banca que Nadia Calviño había prometido eliminar. 

La batalla en el seno del Consejo de Ministros, que obligó al presidente a retrasar una hora su comparecencia frente a la prensa y dos horas su viaje a Irak, confirma que la libertad del presidente para llevar adelante su programa electoral será prácticamente nula durante esta legislatura. 

Las medidas anunciadas por el presidente comportarán la prorroga durante seis meses de la prohibición de los desahucios de las personas vulnerables, la rebaja del IVA de los alimentos y las bonificaciones al transporte público para toda la población.

Otras medidas, sin embargo, se retirarán de forma progresiva. Es el caso de la rebaja del IVA para la electricidad y el gas, que pasará del 5 al 10%, y que encarecerá la factura de los suministros hasta un 24% durante 2024.

El Gobierno también ha dejado fuera del paquete de ayudas el transporte público gratuito para jóvenes y desempleados. Una medida que Sánchez anunció durante su debate de investidura, pero que ha sido descartada tras la negociación con Sumar.

Una decisión que no parece ajena al compromiso que adquirió el Gobierno con la UE para rebajar el déficit al 3% y que parece incompatible con la elevación del techo de gasto para 2024 hasta los 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023. 

Una vez más, se confirma el pronóstico que EL ESPAÑOL hizo tras los endemoniados resultados de las elecciones generales. Ningún Gobierno sensato puede aspirar a desarrollar un proyecto político coherente, no digamos ya beneficioso para los españoles, con los mimbres de una coalición de gobierno compuesta por partidos con intereses tan diversos e incompatibles como Sumar, ERC, EH Bildu, Junts, PNV, Podemos y BNG.