646 rebajas de condena y 65 excarcelaciones. Ese es el balance de casi cinco meses de aplicación de la ley del 'sí es sí' en España de acuerdo con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 

Pero existe un dato más significativo incluso que el de la cifra de agresores sexuales beneficiados por la ley de Irene Montero. Es el hecho de que todas las Audiencias Provinciales y todos los Tribunales Superiores de Justicia, además del Tribunal Supremo, han aprobado ya rebajas de condenas basándose en la norma. 

Dicho de otra manera. El argumento del Gobierno, pero muy especialmente de Podemos, de que "sólo algunos jueces" están "aplicando mal" la ley se ha demostrado falso.

Es la ley, y no el supuesto machismo de los jueces españoles, la que está sacando a los violadores a la calle. Es la ley la que está fallando a unas víctimas que ven cómo sus agresores salen libres mucho antes de lo previsto.

Es la deficiente técnica jurídica de la ley y la arrogancia, el adanismo y la obcecación ideológica impermeable a la realidad de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y Victoria Rosell los que han permitido que 646 agresores, algunos de ellos condenados por delitos de una brutalidad sin parangón, hayan visto rebajadas sus condenas. 

La cifra que hoy revela EL ESPAÑOL, y que no dejará de crecer hasta alcanzar probablemente las 4.000 rebajas, es lo suficientemente alarmante como para que el presidente del Gobierno llegue a la misma conclusión a la que han llegado ya millones de españoles. La de que este no es un error cualquiera.

Especialmente cuando las principales responsables de la ley más perjudicial para las mujeres jamás promulgada en democracia han elevado la apuesta, planteándole a Pedro Sánchez un chantaje inaceptable. O el Gobierno presenta una reforma conjunta aceptable para Podemos o no habrá tal reforma.

Al menos, no con sus socios habituales.

Es decir, que si el Gobierno quiere reformar la ley, deberá hacerlo de la mano del PP. 

¿Cómo puede defender el Gobierno la dimisión forzada de Isabel Pardo de Vera y del presidente de Renfe, Isaías Táboas, por el escándalo de unos trenes que no caben en los túneles cuando la ley del 'sí es sí' es mucho más dañina desde el punto de vista de la seguridad, más tóxica socialmente e infinitamente más corrosiva para el presidente? 

Es incomprensible, en fin, que el presidente del Gobierno esté atado de manos por unos socios que se permiten el lujo de marcarle los tiempos para echarle encima al feminismo durante el próximo 8-M, que sea incapaz de cesar a una ministra cuya obra ha alcanzado las más altas cotas de incompetencia y que no pueda reformar por la vía exprés (la preferida de su Ejecutivo) una ley aprobada por su propio Consejo de Ministros.

Hay colinas en las que no vale la pena morir. Y una de esas colinas es la de la ley del 'sí es sí'. Si ni siquiera las cifras que hizo públicas ayer lunes el CGPJ convencen a Sánchez de la imperiosa necesidad de cesar a Irene Montero y su equipo, ¿con qué argumento pedirá el voto en las elecciones generales? ¿Para hacer qué y al dictado de quién?