La revelación del supuesto espionaje a destacados líderes del independentismo catalán ha desatado un terremoto político cuya repercursión es aún difícil de anticipar. Lo que sí resulta evidente es que estamos ante el enésimo episodio de victimización por parte del soberanismo para dañar la imagen de España a ojos de la comunidad internacional.

Oriol Junqueras, Pere Aragonés y otras cabezas visibles del procesismo no han vacilado a la hora de instrumentalizar en su beneficio las informaciones, aún pendientes de ser verificadas, que aparecieron en la revista The New Yorker. Una revista que, por otro lado, ya ha cobijado en ocasiones anteriores reportajes y artículos sobre España con datos imprecisos, cuando no directamente falsos.

Además, la campaña que el independentismo ha orquestado para acusar sin pruebas al Estado español del supuesto hackeo a los teléfonos móviles de más de sesenta figuras del entorno nacionalista invita más a la sospecha que a la certeza.

¿Sobre qué base se sustentan las acusaciones de espionaje ilegal al CNI? Aun cuando el software espía Pegasus sólo se venda a gobiernos y agencias de inteligencia, ¿qué le lleva a afirmar al independentismo que es el Gobierno central el responsable de infectar los dispositivos?

Esclarecer los hechos

Tal y como informa hoy EL ESPAÑOL, el magistrado responsable de autorizar las actividades del CNI niega haber dado nunca su aprobación a una investigación masiva de sospechosos. Por ello, es difícil entender por qué el Gobierno no ha comparecido todavía para ofrecer su versión sobre lo ocurrido. Si es cierto, como han defendido Defensa e Interior, que todas las investigaciones de Inteligencia se han hecho con arreglo a derecho y con mandato judicial, ¿cómo se explica que el Gobierno no haya rechazado todavía su implicación en el supuesto espionaje?

No resulta descabellado pensar que la falta de contundencia en la respuesta de PSOE y Podemos a las acusaciones de investigación ilegal responde a tacticismos partidistas y a cálculos electoralistas. Al fin y al cabo, el soberanismo catalán y vasco sostienen en el Parlamento al Gobierno de Sánchez. Esta comprometedora dependencia es la que probablemente haya motivado la decisión de incluir a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales que fiscalizará las actuaciones del CNI con relación al caso Pegasus.

Moncloa debe despejar toda sombra de duda que pueda salpicarle en el caso del espionaje al independentismo. Y, si resulta que el CNI sí se sirvió de Pegasus para rastrear los móviles de los líderes nacionalistas, que demuestre que todas las actuaciones se hicieron bajo los cauces legales. 

Todo este asunto debe esclarecerse a la mayor brevedad posible, y el Gobierno debe depurar responsabilidades en caso de que se hubiera hecho algo ilegal. El crédito internacional del Estado de derecho español podría verse gravemente resentido. En este sentido, el anuncio del ministro Félix Bolaños de someter al CNI a una investigación y a un control internos es un buen primer paso.