La desafiante comparecencia de este lunes de Gerard Piqué ante los medios de prensa resolvió pocas de las dudas planteadas y alimentó, en cambio, nuevos motivos para la sospecha acerca de la relación del jugador del F.C. Barcelona con el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el escándalo de la Supercopa de España.

A nadie escapan las potenciales implicaciones del cobro de comisiones por parte del futbolista y empresario del deporte a raíz del acuerdo de 2019 entre la monarquía de Arabia Saudí y la RFEF presidida por Luis Rubiales. Acuerdo por el que Riad se convirtió en sede de la competición hasta 2024.

Pueden existir, además, dudas sobre las implicaciones legales del acuerdo. Pero ninguna en absoluto sobre la difícil homologación ética de unos acuerdos que empañan el nombre del fútbol español y que cubren con el manto de la sospecha a los implicados.

Ya no es sólo que la Supercopa, disputada hasta entonces a ida y vuelta entre los campeones de Liga y Copa del Rey, se transformara entonces en un torneo a cuatro diseñado para incluir al Real Madrid y Barcelona. Sino que el contrato contempla rebajas en los honorarios si los dos gigantes españoles no participan en el evento.

Clientes satisfechos

Si los honorarios de la RFEF dependen de la presencia de determinados equipos en la competición, ¿no es legítimo preguntarse cómo gestiona esta (de la que depende la designación de los árbitros) su obligatoria imparcialidad? ¿Y cuántas son las opciones y la casuística que permiten a Piqué y a Rubiales, al menos en el plano de lo teórico, adulterar las reglas más elementales del juego? 

Las derivadas son innumerables. ¿Cómo olvidar y sacar de la ecuación que el salario de Rubiales depende directamente de los beneficios de la RFEF y que, con este acuerdo, su institución pasó de cobrar 100.000 euros a seis millones, bastante más que lo que recibieron los equipos Atlético de Madrid y Valencia por participar en la competición?

¿Cómo valoramos el papel de Piqué, beneficiado con 24 millones por la operación? ¿Por qué recurrió a él la Federación? ¿Cómo no pensar que incurrió en un claro conflicto de intereses al implicarse doblemente, desde el terreno de juego y desde los despachos?

¿Cómo interpretar que el Comité de Ética de la Federación dimitió en bloque tras la firma? ¿Fue por trasladar la fiesta deportiva a un régimen criminal, que asesina impunemente a periodistas críticos como Jamal Khashoggi y reprime los derechos civiles de las mujeres y los homosexuales, o hubo algo más?

Valor informativo extraordinario

Los argumentos exculpatorios de Piqué tienen poco sentido. Si los audios publicados se obtuvieron por medios ilegales, su deber es llevar el asunto ante los tribunales. Pero resulta innegable que el contenido de las conversaciones, acompañadas por los documentos que confirman la operación, tienen un valor informativo extraordinario.

Si algo hacen esas grabaciones y documentos es obligar a las autoridades a investigar acerca de la relación de Piqué con la Federación y con Rubiales.

Especialmente, además, cuando el Andorra, club del que Piqué es máximo accionista, consiguió ese mismo año una plaza en Segunda B, dependiente de la RFEF, tras pagar cerca de medio millón de euros, tras el descenso administrativo del Reus, y por delante del Zamora, el Hospitalet y el Intercity.

Sin los méritos deportivos del primero y el segundo, y con las mismas posibilidades económicas que el tercero, ¿qué criterios explican su ascenso?

Las revelaciones ahora conocidas hacen que la continuidad de Rubiales al frente de la Federación sea muy difícilmente defendible. Lejos quedan sus promesas de transparencia y pulcritud tras los años de corrupción de Ángel María Villar. En cuanto a Piqué, ha llegado la hora de que escoja entre su carrera como futbolista y sus intereses empresariales dada la radical y flagrante incompatibilidad entre la una y los otros.