La información que publicamos hoy en EL ESPAÑOL vuelve a comprometer gravemente al Ministerio del Interior y a su máximo responsable, Fernando Grande-Marlaska. El documento publicado por este periódico demuestra que su cartera promovió el aumento de concesiones del tercer grado (un régimen de semilibertad) a presos con el pago de pluses a los directores de prisiones.

Es decir, Interior incentivó la excarcelación de reclusos en lugar de premiar su vigilancia. Tanto con argumentos éticos y políticos como con tentaciones económicas.

Junto a primas que parecen razonables, que apelan al éxito en la prevención de suicidios o la promoción de talleres que favorezcan la reintegración, se estipuló un baremo que equipara estos parámetros a la concesión de terceros grados, que marca el botín principal por encima del 60%.

Detrás de esta estrategia, que tiene trágicas consecuencias en nuestra sociedad (como demuestra el crimen contra el pequeño Alex en la localidad riojana de Lardero presuntamente a manos de Francisco Javier Almeida), existe una política que tiene como ideólogo al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, compañero de promoción del ministro y exasesor jurídico de la alcaldesa Manuela Carmena.

Da buena cuenta de las líneas maestras de la doctrina de Ortiz la entrevista que protagonizó en La voz del patio en diciembre de 2019. “Soy un convencido de la Justicia Restaurativa”, afirmó en sus páginas. “Creo que el Derecho Penal tradicional que conocemos ya ha dado de sí todo lo que puede dar, la pena de prisión da de sí hasta cierto punto”.

Agregó Ortiz a sus declaraciones que se marcó varios objetivos al llegar al cargo. El primero de ellos fue, efectivamente, “incrementar el número de terceros grados”. Y celebró haber conseguido subirlo “en dos puntos”, del 16% al 18%, en año y medio en el cargo. 

Cese y dimisión

Almeida se benefició de la concesión del tercer grado, en febrero de 2020, por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Nada importó el criterio contrario de los técnicos de la Junta de Tratamiento de la prisión cántabra del Dueso, donde el asesino cumplía una condena de 30 años por el asesinato y la violación de una mujer en 1998.

De modo que resulta difícil desvincular la buena fortuna de sus propósitos de excarcelación con el destino fatal del niño riojano a manos, presuntamente, de un criminal reincidente. Las decisiones políticas tienen consecuencias. Tanto el designio de Ortiz para el cargo por Interior como su política de excarcelación lo demuestran.

Marlaska no puede escurrir el bulto acusando al PP de "instrumentalizar las tragedias humanas" por solicitar su comparecencia urgente en el Congreso. Las circunstancias obligan al cese inmediato de Ortiz como secretario general de Instituciones Penitenciarias y renuevan los argumentos para la dimisión de Marlaska como ministro. Ambos son responsables de una política penitenciaria que castiga a la sociedad civil en lugar de protegerla.