No ha habido ningún Gobierno en España que se haya atrevido a admitir que el sistema público de pensiones es inviable, por más que se trata de una evidencia incontestable que amenaza la pervivencia del Estado de bienestar desde hace décadas. El exministro socialista Pedro Solbes osó en 1994 recomendar a los ciudadanos que complementaran sus cotizaciones públicas con planes privados y Felipe González fue el primero en desautorizarle.
El envejecimiento progresivo de la población, el aumento de la esperanza de vida y el encarecimiento de una asistencia sanitaria cada vez más tecnologizada y cara convierten nuestro sistema de pensiones en cada vez más insostenible. Sobre todo en la actual coyuntura, en la que España acusa los efectos de una crisis económica sin precedentes, con una tasa de dos cotizantes por cada jubilado y con una precarización salarial y de las contrataciones que repercute negativamente en la tesorería de la Seguridad Social.
Rescate de pólizas a los diez años
Si antes mirar hacia otro lado para no coger el toro por los cuernos era una frivolidad y un atrevimiento, insistir -como hace Fátima Báñez- en que las pensiones públicas están garantizadas es una falacia y una irresponsabilidad.
Mariano Rajoy ha aprobado por decreto un plan de ahorro según el cual los ocho millones de españoles que cuentan con planes privados podrán rescatar su dinero a los diez años, sin necesidad de esperar a la jubilación -como hasta ahora- o de demostrar que padecen una enfermedad grave o que atraviesan una situación de extrema necesidad.
El riesgo de las retiradas
La tesis del Gobierno es que esta medida estimulará el ahorro, animará a los jóvenes a suscribir pólizas e incentivará la competencia entre las gestoras. El riesgo es que, en lugar de suponer un estímulo a la contratación de planes privados, los ciudadanos con pólizas rescaten sus depósitos y se los gasten -lo que a buen seguro incrementaría el consumo y la recaudación fiscal derivada de las tasas de retirada- en lugar de reinvertirlos.
El Gobierno acierta al poner el foco en la necesidad de apuntalar la sostenibilidad del sistema de pensiones y seguridad social con la contratación de planes privados. Pero yerra al aprobar por decreto un remedo de solución que puede acabar siendo contraproducente.
