La aplicación en Cataluña de un impuesto sobre bebidas azucaradas, con el argumento de que así se fomenta la alimentación saludable, es la típica excusa de la Administración que, cuando toma una medida en su propio interés, trata de pregonar que la adopta por el bien de los ciudadanos.

De entrada, resulta significativo que al nuevo gravamen se le haya bautizado extraoficialmente con el nombre de una marca comercial -"impuesto Coca-Cola"-, ya que es una forma de señalarla como merecedora de un impuesto ad hoc. Pero además, en el imaginario colectivo se coloca a este tipo de refrescos al nivel del tabaco o el alcohol, cuando los efectos que causan unos y otros no son ni remotamente comparables.

Más azúcar que los refrescos

Si, como dice la Generalitat, lo que se pretende es combatir la obesidad, ¿por qué no grava también los productos que contienen grasa, o la pastelería o, directamente, todos los alimentos que llevan azúcares? En realidad, hay otros productos que incorporan mucho más azúcar que los refrescos.

Los expertos en alimentación advierten de que este tipo de medidas no tienen ningún efecto en términos de salud pública, y la realidad es que nadie va a reducir el consumo de bebidas azucaradas por que su precio se incremente, como ocurre ahora en  Cataluña, entre un 7% y un 17%. Para que el precio fuera disuasorio habría que convertir los refrescos poco menos que en un producto de lujo.

Resulta preocupante, por otra parte, que en España haya diferentes impuestos al consumo en las distintas comunidades autónomas, al albur del gobernante de turno o de sus necesidades de financiación. En este caso, la Generalitat prevé recaudar 41 millones de euros anuales.

Más educación, menos persecución

Que la obesidad es un problema, nadie lo discute. Pero la forma de atajarla pasa más por la educación que por actitudes persecutorias desde la Administración, más por planes coordinados y realistas acordados con los expertos que por improvisaciones y ocurrencias.

El nuevo impuesto que acaba de entrar en vigor en Cataluña no busca mejorar la salud de los catalanes, sino rascarles el bolsillo. Tiene un evidente afán recaudatorio. Pero además trata a los ciudadanos como menores de edad y dará una gran baza al propio sector al que castiga cuando, al cabo de unos años de aplicación, se demuestre que sus efectos sobre la obesidad son prácticamente nulos.