La reunión mantenida este martes entre PP y Ciudadanos para encauzar su pacto de regeneración se ha cerrado en falso. Los populares han vuelto a supeditar la limitación de mandatos y el final de los aforamientos políticos a una reforma de la Constitución inviable en una legislatura como ésta: condicionada por el pulso independentista, sin mayorías estables y sustentada en un acuerdo de gobierno precario. Tampoco se ha adoptado ningún acuerdo concreto para impulsar en el Congreso una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP.

El PP ha pretextado el mismo tipo de dudas jurídicas que hace seis meses, cuando Rivera puso sobre la mesa seis requisitos para apoyar la investidura de Rajoy. Por un lado, mantiene que -al igual que sucede con la eliminación de los aforamientos- la limitación de mandatos sólo puede salir adelante mediante una reforma constitucional, cuando -tal como mantiene Cs- podría bastar una modificación de la Ley del Gobierno. Por otro, subraya que la reforma constitucional no se puede afrontar porque Podemos tiene capacidad parlamentaria para forzar la convocatoria de un referéndum. Es decir, entre una cosa y la otra posterga sine die el cumplimiento de las reformas pendientes.

Estos reparos minan cada vez más la credibilidad de Rajoy que, en todo este tiempo, no ha hecho un solo gesto que permita confiar en su compromiso por la regeneración. De hecho, el balance de resultados de aquel compromiso no sólo lo convierte en la práctica en papel mojado, sino que complica el optimismo con el que Cs sigue afrontando su relación con el PP.

Reformas "encarriladas"

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Girauta, aseguró al salir de la reunión que las seis condiciones están “encarriladas y avanzando”. Pero si tenemos en cuenta que el PP supedita unas reformas a abrir el melón constitucional, olvida la modificación de la ley electoral para desbloquear las listas y no quiere asumir que debe apartar a sus cargos investigados por corrupción, Cs tiene motivos sobrados para no fiarse en absoluto. Sobre todo cuando para limitar los mandatos y obligar a retirarse a los cargos imputados bastaría con tener voluntad política.   

Este jueves PP y Cs se reunirán para abordar el caso del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado en el caso Auditorio y con el que los populares han cerrado filas. Este asunto podría ser una oportunidad de oro para que el PP recapacite y demuestre, relevando al presidente murciano, que de verdad apuesta por cambiar las cosas. De no ser así, Cs tendrá que buscar en el resto de grupos los apoyos necesarios para abanderar sin demora su agenda reformista. Una cosa es que Cs reconozca las “dificultades jurídicas” que esgrime el PP y otra que se conforme con sus excusas de mal pagador.