Seísmo en la Policía Nacional: el precio de la politización

Que determinadas posiciones parecen blindadas por su cercanía a centros de poder político o por pertenecer a determinados círculos internos.

Que el mérito, la competencia y el servicio ejemplar sólo tienen un peso relativo.

Que la promoción y la protección no dependen sólo de la norma.

José Ángel González, ex DAO de la Policía Nacional. Europa Press

La dimisión del DAO, el más alto mando uniformado, por una documentada querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos presentada por una subordinada, provocó hace apenas unos días un shock nacional.

Ahora hemos conocido el caso de la embajada en Nueva Delhi, que ha actuado como carga de profundidad amplificadora. No sólo por la gravedad de los hechos denunciados —de nuevo, acoso laboral y sexual, amenazas, agresiones— que investiga la Audiencia Nacional, sino por el tono y la violencia de los mensajes que han salido a la luz.

Escandalizan los insultos y el desprecio de un comisario de dudoso recorrido (y, sin embargo, promocionado en 2021 a agregado de interior en una embajada de primer nivel) contra una subordinada recién incorporada.

Pero, sobre todo, inquieta la crueldad con la que ejerce su acoso, la violencia rabiosa e inexplicable, la segura impunidad con la que ejerce la humillación cercana a la tortura y la convierte en método de mando. Porque revela una cultura donde la autoridad se ha desligado de sus límites.

Hay además un elemento determinante que no puede obviarse: el aislamiento. Un destino en el exterior, lejos de redes familiares y profesionales, en un entorno cultural distinto, convierte la dependencia jerárquica en absoluta.

Cuando la persona que debe proteger tu carrera, evaluar tu desempeño y garantizar tu seguridad es la misma que ejerce presión constante o abuso, el margen de defensa se estrecha hasta volverse casi inexistente.

En esos escenarios, los mecanismos internos deberían funcionar con especial sensibilidad. Si fallan, la vulnerabilidad se multiplica.

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Esta colosal grieta interna en una institución fundamental en la arquitectura democrática se ensancha aún más con la información publicada sobre otro mando policial que se enfrenta a peticiones de hasta siete años de prisión por intentar encubrir conductas graves del mismo cariz que las detalladas anteriormente.

También en una embajada, en este caso en el norte de África.

Empieza a dibujarse un patrón: dificultades en la gestión interna de abusos, resistencias corporativas y una sensación creciente de que durante demasiado tiempo se ha protegido más la estructura que a las personas.

Aquí aparece, para mí, el núcleo del problema: la politización. No en su versión más superficial, sino en la más corrosiva. La que afecta a nombramientos estratégicos, a destinos sensibles, a promociones que no siempre se perciben como estrictamente meritocráticas.

Cuando un cuerpo policial se entrelaza en exceso con dinámicas de afinidad política, el riesgo es doble.

Por un lado, se debilita la percepción de neutralidad.

Por otro, se consolidan redes de protección que dificultan la rendición de cuentas.

La cadena de mando, imprescindible para la eficacia operativa, puede transformarse en un circuito cerrado donde la crítica interna se interpreta como deslealtad.

Este es el seísmo del que hablamos. No un estallido repentino, sino la liberación de tensiones acumuladas durante años.

En la base del cuerpo hay hartazgo. Hay agentes que observan cómo determinadas conductas tardan demasiado en investigarse, cómo ciertos perfiles parecen blindados y cómo quienes denuncian asumen riesgos personales y profesionales desproporcionados.

Cuando ese malestar encuentra un cauce judicial y mediático, la sacudida es inevitable.

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Conviene ser precisos: exigir depuración de responsabilidades no equivale a desacreditar a la institución. La inmensa mayoría de los policías cumple su función con ejemplar profesionalidad y sacrificio.

Precisamente por eso, el daño que producen estos casos es mayor. Porque erosionan la confianza pública y generan una sombra injusta sobre quienes no han participado en esas dinámicas.

La defensa corporativa automática puede resultar comprensible desde la lógica interna, pero es incompatible con la transparencia que exige un Estado de derecho maduro.

La pregunta relevante no es hasta dónde llegarán los procedimientos judiciales —eso lo determinarán los tribunales—, sino hasta dónde está dispuesta la institución a reformarse.

Despolitizar no es un gesto retórico. Implica revisar los criterios de designación en puestos clave, fortalecer los órganos internos de control con independencia real y garantizar canales de denuncia eficaces y protegidos, especialmente en destinos exteriores donde la vulnerabilidad es mayor.

El Estado se proyecta dentro y fuera de sus fronteras a través de sus servidores públicos. Cada embajada, cada comisaría, cada agregaduría es un espejo de su fortaleza institucional.

Si en esos espacios se instala la percepción de que el poder puede ejercerse sin contrapesos suficientes, la grieta no es sólo organizativa, sino también democrática.