Adamuz: la negligencia criminal tras la fractura de los raíles del Estado

Una tolerancia extrema a los fallos sistemáticos y a los gestores políticos inútiles. Cada emergencia se ha convertido en excusa para retrasar responsabilidades; cada infraestructura degradada en una señal de que la negligencia es estructural.

El encadenamiento de accidentes y la repetición de errores administrativos muestran que estamos ante un agujero negro de corrupción sistémica, donde nadie responde y las víctimas pagan el precio.

La fractura anunciada de nuestra red ferroviaria, que durante décadas funcionó como una cremallera que nos abrochaba y unía, refleja hoy la fractura de un Estado que falla en su obligación más básica: proteger a los ciudadanos.

Trabajos de retirada de las vías de los vagones del Iryo, este sábado en Adamuz (Córdoba). Efe

Además, la espantosa tragedia humana ocurrida en Adamuz traslada un mensaje muy peligroso de vulnerabilidad de nuestra infraestructura ferroviaria, de la que, sin ninguna duda, están muy al tanto los actores interesados en atacar las infraestructuras críticas europeas.

Porque atacar trenes no es sólo fácil y barato, sencillo de anonimizar y generador de un grave e inmediato daño económico y humano, sino un poderoso instrumento desestabilizador del orden interno de un país.

No hace ni dos meses que el ministro Puente galleaba anunciando récord de velocidad para nuestro AVE Madrid-Barcelona: muy pronto circularían a 350 km/h.

Hoy, apenas una semana después del accidente de Adamuz, Adif ha detectado una nueva fractura en la línea y limitado la velocidad de los trenes a 80 km/h. ¿Cómo se explica esto?

Están jugando con nuestras vidas. Y esto ya no exige sólo reproche político y administrativo, sino una clara responsabilidad penal de quienes sabemos perfectamente que tienen el cargo, el sueldo y la responsabilidad pública.

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Y nos corresponde a todos exigirla. No sólo a las familias, amigos y compañeros de las víctimas, aunque sean ellos quienes señalen con precisión dónde el Estado ha fallado.

Es su voz la que debe guiar la acción social y judicial. Pero la sociedad en su conjunto no puede permanecer pasiva mientras las infraestructuras críticas se degradan y la vida de los ciudadanos queda expuesta.

La indignación de los que han perdido a los suyos debe convertirse en presión efectiva. Vigilancia ciudadana, exigencia de sanciones penales y control social del poder, porque lo que no se sanciona hoy, se repetirá mañana.

El admirable plantón de las familias de las víctimas al acto de silenciamiento, que no funeral de Estado, no es un gesto emocional, sino un acto profundamente político de resistencia y de denuncia de la instrumentalización del duelo. "Nos matáis. No os vamos a blanquear. No vamos a callarnos", vienen a decir.

Las vidas importan, por encima de todo. Y no se negocian.

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Frente al dolor y la indignación de todo un país, la imagen de nuestro presidente del Gobierno ejerciendo de mitinero y agitador, atizando el sordo incendio en los corazones de toda España desde un escenario en Huesca mientras se enfrían los cuerpos de cuarenta y cinco españoles.

Podría haber mostrado empatía y solidaridad con sus familias, pero prefirió darle unos empellones de ánimo a su ministro picador. Puestos a emular autócratas inmorales, podría haberse puesto una gorra, pero no, prefirió llevar una de sus cazadoras mitineras.

Make Sánchez Great Again. O lo que se pueda.

Aunque debo decir que, puesto a invocar fantasmas, la impostada narrativa anti-Trump de Pedro Sánchez atraviesa sus peores momentos.

No sólo porque no asistir a Davos (qué contratiempo) le ha dejado fuera de juego frente al muy solvente Carney, sino porque quien ignora y erosiona de forma sistemática el Estado de derecho, coloniza instituciones, degrada los contrapesos y convierte la excepción en norma no está bien considerado entre quienes defienden la democracia, sino más bien entre los que la debilitan desde dentro.

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz. Europa Press

Sánchez no divide a su país entre agentes ejecutores y terroristas. Lo divide entre fieles y sospechosos, entre quienes repiten el guion y quienes lo cuestionan.

No, en España no hay ejecuciones policiales en la calle, ni patrullas militarizadas recorriendo barrios, ni un culto explícito a la violencia. Pero sí hay víctimas, muchas víctimas, una pirámide colosal, espejo de otra forma de devastación democrática, más silenciosa y no menos peligrosa: la demolición sistemática de las instituciones, una a una, capa a capa, mentira a mentira.

Cuando la mentira se convierte en método de gobierno, deja de ser un problema ético y pasa a ser un problema de seguridad pública.

Cuando un presidente normaliza la manipulación, la ocultación y el relato falsificado, no sólo degrada la democracia: pone vidas en riesgo.

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Porque la verdad no es un lujo moral, es una infraestructura invisible. Y cuando se rompe, todo lo demás empieza a fallar.

España ya conoció en el pasado reciente lo que significa un "basta ya" cívico frente al terror. Millones de ciudadanos entendieron entonces que el silencio frente a ETA no era prudencia, sino complicidad.

Hoy el desafío es distinto, pero no menor: plantarse frente a una incompetencia parasitaria que degrada servicios esenciales, manipula el duelo, relativiza la verdad y convierte la irresponsabilidad en norma.

Esto no se combate con consignas vacías, sino con ejercicio de vigilancia democrática y máxima presión social. Y, sobre todo, pidiendo cuentas.