Exprimir a los autónomos: el Gobierno progresista contra los "fachapobres"

La fijación de la socialdemocracia con los tres millones y medio de autónomos, que levantan buena parte del tejido productivo de nuestra economía, se inscribe en la más general depauperación de las clases medias. En la obstrucción gubernamental al ciudadano de a pie que se afana por abrirse paso con su negocio entre la colusión trenzada entre los grupos parasitarios privilegiados por el Estado y las anabolizadas corporaciones multinacionales.

El pretexto aducido por el Ejecutivo para el incremento (equiparar la jubilación de los autónomos a la de los asalariados) delata que las subidas de impuestos se dirigen por defecto a alimentar la quimérica "hucha" de unas pensiones que capturan casi la mitad del total del gasto público.

La maniobra ofrece un signo fehaciente del tinglado económico sobre el que se asienta el modelo político del PSOE: para sostener el monipodio clientelar establecido entre el Estado y la cohorte más populosa del electorado (los pensionistas actuales y los aspirantes), se hace forzoso inmolar al insaciable Moloch de la Seguridad Social a las clases medias activas como sacrificio.

Tal es la lógica de funcionamiento de los Estados de bienestar seniles, que, aprisionados en la boomertrap, sólo pueden mantenerse a costa de multiplicar el gasto público y la deuda. Un gerontopopulismo en virtud del cual la mayoría electoral improductiva (los pensionistas, los funcionarios y gran parte de los inmigrantes) condena a la minoría activa a financiar su estatus subvencionado.

Esta política fiscal regresiva se explica porque al Gobierno le conviene que se multipliquen los ciudadanos en situación de dependencia del Estado. Como atestigua que la misma ministra de Seguridad Social se felicitase hace unos meses de la dramática cifra de dos millones de personas que ya perciben el Ingreso Mínimo Vital.

Y ese reservorio electoral cautivo se acaudala a costa de empobrecer a los trabajadores que lo sufragan, y de cronificar la improductividad de una economía española crecientemente adicta al subsidio.

El problema para esta estrategia de fidelización es que son cada vez más los ciudadanos que advierten que el lenguaje de los derechos sociales no es más que un disfraz de la voracidad confiscatoria del Estado.

Que perciben que el récord de recaudación del tesoro no se traduce en una mejora de los servicios públicos, sino que, al contrario, todo funciona cada vez peor.

Que empiezan a cuestionarse el sentido de revalorizar las pensiones automática y constantemente cuando los sueldos no lo hacen.

Opinión: El Gobierno aplica la eutanasia a los autónomos

Y ante este resquebrajamiento del consenso socialdemócrata sobre la tributación, los custodios de la ortodoxia pública reaccionan reafirmando el catecismo redistributivo que ha grabado con fuego el PSOE en el sentido común de los españoles.

Por eso, la izquierda ha emprendido ahora a su propia batalla cultural a favor de "lo público".

El Gobierno lanza campañas institucionales vendiendo la chatarra de que "lo que das vuelve", no sea que los ciudadanos airados se olviden de que si pagan tanto en impuestos es para tener a cambio excelentes carreteras.

Los sindicatos verticales, coaligados con el Gobierno contra la clase trabajadora, se pronuncian "radicalmente contrarios a la bajada de impuestos".

Y el socialismo mediático, a través de cabeceras como El País o La Sexta, despliega coberturas especiales y programas de debate para alertar sobre el "furor antiimpuestos" que cunde peligrosamente entre los jóvenes.

Se trata de perpetuar la santificación de los tributos y el gasto público, para que la gente bendiga ciegamente el incremento de las contribuciones a cargo de un Estado que en las últimas décadas ha ido perdiendo todo sentido de la disciplina fiscal.

A esa indulgencia hacia el desfalco ha contribuido principalmente la izquierda con su discurso del fetichismo de la tributación. Que ha convertido lo que era una expresión de natural sentido común (una sana suspicacia hacia el incremento del gasto público) en una cuestión ideológica, a tenor de la cual mostrarse crítico con la hinchazón tributaria es cosa de derechuzos.

La oposición, que en ocasiones se ha visto engatusada por el apellido "social" con el que el Gobierno enjuaga su caciquil sistema de compra de voluntades, debe desmarcarse de manera nítida de la política económica socialista. Y enarbolar la bandera de la lucha de las clases medias, que son los principales damnificados del sistema económico vigente, y el actor político directriz hoy en Occidente.

La tarea por delante es reformular la cartografía política heredada y mostrarle a los no fanatizados que la política "social" del Gobierno, lejos de poner al Estado al servicio del desarrollo económico, lo usa como dispensador de un asistencialismo ruinoso que penaliza a los más desfavorecidos.

Un esquema según el cual el bienestar de las clases ociosas corre a cuenta de los trabajadores de esta España tercermundizada con salarios misérrimos y estancados, y de las familias atenazadas por la hidra de la inflación y el coste disparado de la vivienda.

Y es que todos los españoles deben saber, tomando la freudiana expresión de Óscar Puente, que el Gobierno progresista sobrevive a costa de los "fachapobres".