Estos días los presos (y los huidos) responsables del procés sedicioso y separatista no dejan de realizar propaganda de sí mismos, y de su acción, justificándola en virtud de una plenitud de derechos y prerrogativas que, al parecer, hay que reconocerles porque, por lo visto, les asistían cuando hicieron lo que hicieron.

Tratan de justificar que existe el derecho a la secesión (que sería tanto como decir que existe el derecho al robo, al asesinato, etc.), disfrazado de un eufónico “derecho a decidir”, y que España tiene que reconocerlo si no quiere ser lo que, en realidad, según ellos, ya es (y siempre ha sido), a saber, un “Estado opresor” (cárcel de naciones).

Según el vicepresidente Iglesias, en complicidad con el separatismo, se abre camino en España una suerte de “república plurinacional”, comprensiva con las distintas “sensibilidades nacionales”, aunque no deja Iglesias claro (no le interesa al demagogo) si con ello se conserva la unidad o no, es decir, sin dejar claro si esa “plurinacionalidad” exige la separación o es incompatible con ella.

Y, a todo esto, en la Asamblea de Madrid, una parlamentaria de Más Madrid, menciona a Quevedo como alta cultura.

Pues a propósito de Don Francisco de Quevedo y de la cuestión catalana…

En 1640, de nuevo preso “con gran rigor” (varias veces fue confinado durante su azarosa vida), Quevedo sale al paso, desde su celda en el Convento de San Marcos de León (hoy Parador de Turismo), de la cuestión de la rebelión de Cataluña (que estalla el 7 de junio de ese mismo año en Barcelona), transformada al poco en guerra de separación, y cuyos “movimientos alteraron todo el orden de la república, a vista de los cuales estuvo pendiente la atención política de todos los príncipes y gentes de Europa”, dirá su coetáneo portugués Manuel de Melo en Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña, libro I,1645.

Quevedo, algo incomunicado por la estrechez carcelaria (mucho más rigurosa, en efecto, que la de Junqueras), verá en esta “rebelión de Barcelona”, influido sin duda por el Aristarco de Francisco de Rioja (bibliotecario del Conde Duque y autor del panfleto que representó la respuesta oficial contra la rebelión catalana), una lucha miserable en favor del privilegio oligárquico local, opina el autor de El Buscón, y que el rey, Felipe IV, tampoco castigó con demasiada contundencia.

Así el argumento de Quevedo (La Rebelión de Barcelona ni es por el güevo ni es por el fuero) en contra de la rebelión es claro: por lo mismo por lo que ciudades y señoríos del Principado catalán habían, en su momento, ganado meritoriamente privilegios, exenciones y libertades, ahora, por demérito de situarse en 1640 contra el rey (llegando incluso a inventarse leyes privadas y fueros inexistentes), debían en efecto perderlos.

Mutatis mutandis, y tratando de traducir las razonables posiciones de Quevedo a la situación actual, hemos asistido, tras la concesión autonómica catalana (que arranca desde la Mancomunidad de 1914, pasando por el Estatuto del 32, el del 79 y llega hasta el actual en vigor del 2006), a constantes abusos por parte de los representantes del catalanismo político cuando estos ocupan esas magistraturas autonómicas, convirtiendo, sistemáticamente, a las instituciones regionales en un ariete sedicioso del separatismo.

Y es que el catalanismo pervierte y desvirtúa (corrompe, en fin, aunque tal corrupción no esté penalizada) el sentido institucional de Parlamento y Gobierno regionales al buscar en ellos (transmutados en Govern, Parlament, President) una representatividad soberana, de apariencia “nacional”, que, sin embargo, no existe ni puede existir (por más que se apele al “diálogo” o a la “negociación” para darla por buena).

Siguiendo, pues, el argumento quevediano, y dado que la Autonomía catalana es una “concesión” del Estado, se supone adquirida por razones históricas, lingüísticas, culturales, etc., (y no el resultado de una supuesta soberanía catalana inexistente), dicha concesión debiera ser retirada al haber abusado de sus prerrogativas y poner a la nación en riesgo, cierto, de descomposición.

De acuerdo con ello, ni por el fuero autonómico, ni menos aún por el pretendido huevo nacional (soberano), inexistente, debiera permitirse poner de nuevo Parlamento y Generalidad en manos de los representantes de dichos partidos. Es más, conociendo el carácter faccioso y sedicioso de sus acciones, debieran, incluso, suspenderse Parlamento y Generalidad antes de permitir que esta gente, que persiste en su acción sediciosa (así lo siguen anunciando), vuelva a ocupar magistraturas autonómicas.

Y es que, dicho rápida y conceptistamente, quevedianamente en fin, “el que concede ni debe ni puede conceder el mal uso de lo que concede”, de modo que, en definitiva, “los catalanes no deben tener las concesiones [autonómicas] que tuvieron ni las [nacionales] de las que presumen”, por lo menos, mientras el Estado no pueda garantizar un buen uso, y no un abuso, de las mismas.

Alta cultura.