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Suiza pone en jaque la compra de 36 cazas F-35: el Parlamento cuestiona cómo se negoció el contrato con EEUU

Por ahora, Berna no ha anunciado la cancelación del programa F-35.

Más información: La Auditoría suiza alerta de retrasos y sobrecostes en los trabajos necesarios sobre las bases aéreas para operar el F-35

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Las claves

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El Parlamento suizo ha cuestionado la gestión de la compra de 36 cazas F-35A a EEUU y denuncia falta de control y transparencia en las negociaciones.

El Gobierno suizo reconoció que no existe un precio fijo para los aviones, lo que podría elevar el coste total entre 650 y 1.300 millones de francos adicionales.

Debido al aumento de costes, Suiza podría reducir la adquisición a unos 30 cazas, en vez de los 36 previstos inicialmente.

La polémica afecta a exresponsables del Ministerio de Defensa y genera críticas desde diferentes partidos, algunos de los cuales proponen priorizar futuros contratos con proveedores europeos.

La compra de los F-35A para la Fuerza Aérea suiza vuelve a estar en el centro de la polémica. La Comisión de Gestión del Consejo Nacional (GPK-N) ha concluido que Berna no acordó con EEUU un precio global fijo para los 36 cazas y ha cuestionado duramente la forma en que se desarrollaron las negociaciones.

El informe parlamentario señala que el Ministerio de Defensa suizo no controló suficientemente el proceso negociador, que el flujo de información fue insuficiente y que no se establecieron mecanismos adecuados de supervisión. La comisión considera especialmente grave que las negociaciones estuvieran concentradas en un grupo muy reducido de personas.

Suiza aprobó inicialmente la adquisición de 36 F-35A de Lockheed Martin por un presupuesto de unos 6.379,21 millones de euros. Durante años, el Gobierno presentó esa cifra como un precio fijo acordado con Estados Unidos.

Sin embargo, la posición de Washington terminó siendo diferente. En 2025, el Gobierno suizo reconoció que EEUU no estaba dispuesto a aceptar un precio fijo y que el coste de los aviones dependería de los diferentes lotes de producción. Las estimaciones oficiales situaron entonces los posibles sobrecostes entre 650 millones y 1.300 millones de francos.

La investigación parlamentaria considera ahora que el problema no fue únicamente el incremento de los costes, sino cómo se gestionó desde el principio la negociación con EEUU. La comisión asegura que el Ministerio de Defensa ni siquiera había establecido un mandato negociador adecuado antes de abordar las conversaciones sobre el precio.

De 36 F-35 a alrededor de 30

El aumento de los costes ya ha tenido consecuencias directas sobre el programa. El Gobierno suizo decidió renunciar al crédito adicional necesario para completar los 36 aviones inicialmente previstos y limitar la adquisición al número máximo de F-35A que pueda financiarse dentro del presupuesto aprobado.

En marzo de 2026 confirmó además un crédito adicional de 394 millones de francos para hacer frente a costes derivados del encarecimiento y otros factores.

La estimación actual apunta a unos 30 cazas, aunque la cifra definitiva dependerá de los costes finales y de las decisiones que adopten las autoridades suizas.

Los 36 (o los 30) cazas F-35 están destinados a sustituir a la actual flota de cazas suizos, formada por 26 F-5 Tiger y 30 F/A-18, aeronaves estadounidenses que acumulan varias décadas de servicio.

F-5E de la Fuerza Aérea de Suiza.

F-5E de la Fuerza Aérea de Suiza. Wikipedia

Los F-5 fueron desarrollados originalmente en los años sesenta, mientras que el F/A-18 pertenece a una generación posterior, diseñada a partir de los años setenta. Aunque los Hornet han recibido sucesivas modernizaciones, ambos modelos se aproximan al final de su vida operativa.

La renovación resulta, por tanto, necesaria para mantener una capacidad de combate aéreo moderna. Lo que está en cuestión es si el F-35 seguirá siendo la solución elegida y cuánto tendrá que pagar finalmente Suiza por ella.

La polémica supone así un nuevo revés para uno de los principales programas de modernización militar de Suiza. El país había elegido el F-35A de Lockheed Martin frente a las alternativas de otros fabricantes europeos y estadounidenses y había previsto sustituir con él su actual flota de cazas.

Duras críticas a la gestión del contrato

El informe parlamentario cuestiona especialmente los mecanismos internos de control. Según la comisión, durante determinadas fases “incluso faltó la forma más básica de supervisión”, incluida una simple comprobación por una segunda persona.

La investigación también apunta a responsabilidades en la gestión del programa Air2030 y señala a antiguos responsables del Ministerio de Defensa, entre ellos la exministra de Defensa Viola Amherd y el antiguo jefe del proyecto, Darko Savic, ambos fuera de sus cargos desde 2025.

Las críticas proceden tanto de la izquierda como de la derecha. Entre los parlamentarios que han cuestionado la adquisición se encuentran miembros de la Unión Democrática del Centro (UDC), una formación conservadora que forma parte de la coalición gubernamental.

El diputado de la UDC Jean-Luc Addor considera que “las cartas estaban marcadas desde el principio a favor del F-35” y reclama depurar responsabilidades por la forma en que se llevó a cabo el proceso de selección, según RTS.

Desde el Partido Socialista, Carlo Sommaruga, también integrado en la coalición de Gobierno, ha ido más lejos y ha reclamado directamente detener la adquisición de los cazas y orientar las futuras compras de armamento hacia proveedores europeos.

“Hay que negociar futuras adquisiciones en Europa y no con socios que no son fiables”, afirmó, en una referencia directa a Estados Unidos.

El caso deja a Suiza ante una doble dificultad: mantener la modernización de su fuerza aérea mientras afronta unos costes superiores a los previstos y revisa su relación de dependencia con la industria de defensa estadounidense.

Por ahora, Berna no ha anunciado la cancelación del programa F-35.

El problema inmediato es otro: determinar cuántos aviones puede adquirir con el presupuesto disponible y cómo asumir el aumento de los costes después de que el Parlamento haya puesto en cuestión la propia gestión de las negociaciones con Washington.