Un miembro del ejército israelí reacciona en el lugar del festival Nova en Reim el 5 de enero de 2024.
Israel aprueba una ley para aplicar la pena de muerte a los condenados por el 7-O: podría afectar a unos 400 palestinos
El texto establece la creación de tribunales híbridos, con composición civil y militar, encargados de juzgar a los acusados.
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La Knéset, el Parlamento de Israel, aprobó cerca de la medianoche una controvertida ley que permite imponer la pena de muerte a palestinos implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023.
La norma, que recibió 93 votos a favor y ninguno en contra en su última lectura, marca un giro significativo en la política penal del país en materia de terrorismo.
Según confirmó a la agencia EFE el centro legal Adalah, dedicado a la defensa de los derechos de la minoría árabe en Israel, la ley habilita a los tribunales a dictar condenas a muerte en casos relacionados con aquellos ataques.
La organización estima que entre 300 y 400 palestinos detenidos podrían verse afectados por esta medida. En total, unos 1.300 gazatíes permanecen actualmente encarcelados en Israel, de acuerdo con la ONG israelí HaMoked.
El texto aprobado establece la creación de tribunales híbridos, con composición civil y militar, encargados de juzgar a los acusados.
Estas instancias aplicarán legislación ya existente que contempla la pena capital en casos excepcionales, como la Ley para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio (1950), así como disposiciones del Código Penal relativas a traición, colaboración con el enemigo en tiempos de guerra y violaciones de la soberanía estatal.
El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, se ha referido a esta aprobación como "uno de los momentos más importantes de la actual Knesset", asegurando que con ella "se hará justicia y la historia de esta terrible masacre se contará al mundo entero durante generaciones".
El ataque del 7 de octubre, llevado a cabo por milicias gazatíes lideradas por Hamás, supuso uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente de Israel.
Según datos oficiales, unas 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza, un hecho que sigue marcando profundamente la agenda política y social del país.
El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, defendió la aprobación de la ley como un elemento de cohesión nacional en un momento de tensiones internas.
“Uno puede sentir que está haciendo lo correcto al encontrar una forma de unificar en este momento, incluso cuando estamos en la víspera de elecciones y pese a todos los desacuerdos que existen”, declaró, según recogió The Times of Israel.
![Rachel Goldberg y su marido Jon Polin, padres de uno de los secuestrados por Hamás, durante la entrevista en Jerusalén.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/12\/19\/actualidad\/818428598_238544118_320x180.jpg"])
Sin embargo, la norma ha generado una fuerte contestación por parte de organizaciones de derechos humanos. Adalah advirtió antes de la votación que los procedimientos previstos son "fundamentalmente incompatibles con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el Estado de derecho".
En la misma línea, un informe conjunto de Adalah, HaMoked y el Comité Contra la Tortura de Israel cuestiona las garantías procesales de estos nuevos tribunales.
La pena de muerte, aunque contemplada en la legislación israelí, ha sido aplicada de forma extremadamente excepcional. La única ejecución llevada a cabo por el Estado fue en 1962, cuando Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, fue condenado a muerte.
Este nuevo paso legislativo se suma a otra medida reciente: el pasado 30 de marzo, Israel aprobó una ley que establece la pena de muerte obligatoria para palestinos de Cisjordania condenados por asesinatos considerados terroristas por tribunales militares.
La aprobación de estas normas sitúa nuevamente a Israel en el centro del debate internacional sobre el uso de la pena capital en contextos de conflicto, en un momento en que la región continúa marcada por la violencia y la polarización.
Respuesta de Hamás
El grupo islamista Hamás ha condenado como "ilegítimo" y "racista" el proyecto de ley aprobado esta madrugada por el Parlamento de Israel para juzgar y condenar a muerte en un tribunal especial a los palestinos declarados culpables de participar en el ataque perpetrado por Hamás en octubre de 2023.
"La legislación fascista y racista de la Knéset (el Parlamento) sionista, que impone la pena de muerte a los prisioneros palestinos —en particular a aquellos a quienes la ocupación acusa de participar en la batalla de Al Aqsa (el nombre que da el grupo islamista a los ataques del 7 de octubre)— representa una peligrosa escalada y un nuevo crimen", detalla el grupo en un comunicado.
"Esta ley es nula e ilegítima, y viola flagrantemente todas las leyes y convenciones internacionales, especialmente los Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario", añade.
Según el proyecto de ley un panel de jueces podrá imponer la pena de muerte por mayoría de votos, en juicios que serán retransmitidos en directo. Es por esto que los detractores de esta legislación, como el Comité Contra la Tortura de Israel, critican que estos juicios masivos "actuarán como un espectáculo", además de violar el derecho de todo acusado a un juicio justo.
