El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro Marcos

El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro Marcos EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Europa

España no descarta bloquear la ampliación de la UE a nuevos países si no se reconoce primero la oficialidad del catalán

El ministerio de Exteriores ha reactivado la cuestión en la reciente reunión europea de Dublín.

Más información: Sánchez reactiva su petición de hacer oficial el catalán en la UE tras un año en el cajón en vísperas de los Presupuestos

P. Fava
Publicada
Las claves

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España advierte que podría bloquear la ampliación de la UE a nuevos países si no se reconoce antes la oficialidad del catalán, gallego y euskera.

El Gobierno español insiste en que la oficialidad de estas lenguas debe resolverse antes de aceptar nuevas adhesiones como Albania y Montenegro.

La propuesta española ha enfrentado la oposición de varios países, especialmente Alemania, y requiere unanimidad para avanzar.

España propone asumir los costes y plantea una incorporación gradual de las lenguas cooficiales, defendiendo que ya tienen uso institucional en el país.

España no descarta expresamente bloquear la adhesión a la Unión Europea de nuevos estados como Albania y Montenegro si no se resuelve primero su petición de reconocer como lenguas oficiales a nivel europeo el catalán, gallego y euskera.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha defendido en la reunión informal de Asuntos Generales de la UE en Dublín la incorporación de los próximos miembros de la UE. "Esto significará que tendremos más idiomas oficiales en la UE", celebró.

Sin embargo, España ha reactivado la propuesta de reconocer el catalán, gallego y euskera bajo el epígrafe "lenguas oficiales y ampliación", cuestionando que las nuevas incorporaciones a la Unión Europea añadan los idiomas de los nuevos socios al reglamento comunitario cuando todavía no se han reconocido las lenguas cooficiales de un Estado miembro como es España.

Preguntado si ello implica que España no aceptará ninguna nueva adhesión al bloque hasta que se hayan reconocido como lenguas de la UE el catalán, el gallego y el euskera, Sampedro se ha limitado a decir que está convencido de que la petición española "se resolverá mucho antes", informa Europa Press.

Sampedro matizó que España es uno de los "apoyos más fuertes" del proceso de ampliación. Sin embargo, aseguró que esperan que "las expectativas de 20 millones de europeos sean atendidas mediante un acuerdo por unanimidad", en referencia a los hablantes de las tres lenguas cooficiales en España.

Según ha confirmado el secretario de Estado, el Gobierno ha solicitado que la oficialidad de las lenguas cooficiales sea abordada el próximo 22 de septiembre en el Consejo de Asuntos Generales que se celebrará en Bruselas.

El "paso atrás" de 2025

Será la primera vez que se vuelva a abordar la cuestión a nivel de ministros de los 27 desde julio de 2025. En aquel momento, el séptimo intento por parte de España, la proposición chocó con la férrea oposición de una decena de países capitaneados por Alemania.

Sampedro, publicó EL ESPAÑOL, protagonizó un tenso enfrentamiento con su homólogo alemán, Gunther Krichbaum. España alegó en base a un informe de la Abogacía del Estado que no haría falta modificar los Tratados europeos para incluir como oficiales al catalán, gallego y euskera, pero Alemania respondió que "legalmente es imposible".

Según fuentes, la representación española adoptó entonces "una actitud bastante agresiva", lo que a ojos del resto de socios europeos supuso "un paso atrás" para sus aspiraciones.

El Gobierno solicitó la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE en agosto de 2023 como parte del acuerdo alcanzado con Junts para que respaldara un nuevo mandato de Pedro Sánchez. Trató de acelerar su aprobación aprovechando que ese semestre España ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Usando su potestad para fijar la agenda, llevó el asunto hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Asuntos Generales. A falta de avances, volvió a pedir la inclusión en el orden del día en otras tres ocasiones, una bajo presidencia de Bélgica, otra con Polonia y la última con Dinamarca.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, sostiene que 20 de los 27 Estados miembros no se oponen a respaldar la oficialidad de las tres lenguas. En el Consejo de 2025, no obstante, fueron una docena de países los que se pronunciaron en contra.

Así, además de Alemania, los países que se opusieron explícitamente fueron Francia, Suecia, Finlandia, Bulgaria, Irlanda y Croacia. Polonia, Austria y Luxemburgo también manifestaron sus reservas previamente. En cuanto a los países bálticos, no se habrían pronunciado por temor a perder el apoyo militar que les brinda España, publicó el Financial Times.

Tras el duro revés, el gobierno español cambió de estrategia y optó por la conciliación. En octubre de 2025, Albares anunció que abría "un diálogo" para dar "respuesta" a la petición española "de forma aceptable para todos los Estados miembros". Pero el 20 de mayo Johann Wadephul, ministro alemán de Exteriores, confirmaba que la postura de su país no cambiaba.

Una unanimidad improbable

El criterio de unanimidad ha sido hasta ahora el principal escollo con el que ha topado el Gobierno en su intento de cumplir su compromiso con Junts. Gran parte de la Unión teme que abrir la puerta al catalán, gallego y euskera siente un precedente para que lenguas minoritarias de todo el continente reclamen el estatus de oficialidad.

Para tratar de vencer reticencias, España se ha ofrecido a cubrir los gastos adicionales que la incorporación de estas lenguas implique para el erario. La Comisión Europea estima el coste en torno a los 132 millones de euros anuales, en base al antecedente del gaélico.

Además, planteó una incorporación gradual del catalán, euskera y gallego, por lo que únicamente se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo a partir del año que viene. Eso supondría transcribir únicamente un 3% del total de actos jurídicos en la anterior legislatura.

Finalmente, el Ejecutivo español ha tratado de disipar los temores sobre las lenguas minoritarias defendiendo que él presenta tres lenguas cooficiales recogidas en la Constitución, empleadas tanto en el Congreso como en el Senado, y que ya se usan para traducir tanto tratados como buena parte de la legislación europea.