La Fiscalía Europea ordena registros en la Comisión por un presunto fraude en la venta de 23 edificios al Estado belga

La intervención ha sido ordenada por la Fiscalía Europea, un órgano independiente encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores.

"La Fiscalía Europea puede confirmar que está llevando a cabo actividades de recopilación de pruebas en el marco de una investigación en curso", ha explicado a EL ESPAÑOL un portavoz de la institución.

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"No podemos ofrecer más información en esta fase, para no poner en peligro los procedimientos en curso ni su resultado", ha agregado.

Por su parte, la Comisión ha asegurado que colaborará plenamente con la Fiscalía Europea, pero ha defendido que la venta se llevó a cabo "de conformidad con la normativa aplicable".

"Somos conscientes de una investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía Europea (EPPO) en relación con la venta de 23 edificios de la Comisión al Estado belga en 2024", ha dicho a este periódico un portavoz del Ejecutivo comunitario.

"La Comisión Europea está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas y cooperará plenamente con la EPPO y con las autoridades belgas competentes en este asunto, proporcionando toda la información y la asistencia necesarias para garantizar una investigación exhaustiva e independiente", ha agregado.

"Por lo que respecta a la Comisión Europea, la venta de los edificios siguió los procedimientos y protocolos establecidos, y confiamos en que el proceso se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable", sostiene el portavoz.

El acuerdo para la venta de los 23 edificios fue anunciado el 29 de abril de 2024. La adquisición fue realizada por la Sociedad Federal de Participaciones e Inversiones (SFPIM), el fondo soberano belga, con el objetivo declarado de revitalizar el barrio europeo de Bruselas.

Por su parte, el Ejecutivo comunitario alegó que la venta era un paso importante en su objetivo de reducir su superficie de oficinas en un 25% para 2030, para modernizar y hacer más sostenibles sus inmuebles y lograr economías de escala al concentrar al personal en menos edificios.

Tras la decisión de la Comisión de vender 23 de sus edificios a partir de 2023, se lanzó en ese mismo año una licitación pública en dos fases, conforme al reglamento financiero. La SFPIM resultó adjudicataria del contrato, según explicó Bruselas.

El responsable de la operación fue el entonces comisario de Presupuestos y Administración, el austriaco Johannes Hahn. "La venta nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de reducir el número de edificios en un 50% y la superficie en un 25%. También debería contribuir a la transformación del barrio europeo, dando nueva vida a los edificios que vendemos", afirmó Hahn.