El Gobierno de Portugal aprueba una propuesta de reforma de ley para limitar la llegada de migrantes al país

El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), ha aprobado este lunes una propuesta de reforma de su leyes de Nacionalidad y de Extranjeros con el fin de limitar la llegada de migrantes al país.

Entre las medidas aprobadas se encuentran el aumento del periodo mínimo de residencia en Portugal para poder solicitar la nacionalidad a 10 años o la creación de una unidad nacional de fronteras en la Policía de Seguridad Pública (PSP).

Ahora, los cambios se presentarán al Parlamento, que deberá dar su visto bueno. Los cambios suponen un guiño a la segunda fuerza en el Parlamento, el grupo de ultraderecha Chega que lleva pidiendo cambios en la política migratoria desde hace tiempo.

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"Estos son cambios esenciales para los tiempos que vivimos y para la realidad que vivimos", ha afirmado este António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia de Portugal, quien considera que esta reforma es "firme y humanista" tras años de lo que ha descrito como "inmigración descontrolada".

La modificación de la Ley de Nacionalidad va a afectar tanto a la ciudadanía originaria, que se atribuye a los descendientes de padres extranjeros que nacen en el país, como a la derivada, es decir, la que se concede a los inmigrantes que se naturalizan.

Medidas antimigratorias en el país vecino

El recién reelegido Ejecutivo portugués, de centroderecha, ha aceptado las propuestas de diferentes partidos que buscan ampliar medidas con las que poner trabas a la entrada de migrantes al país.

Si el Parlamento da luz verde a las medidas, el período mínimo de residencia en el país para poder solicitar la nacionalidad aumentará de los cinco años actuales a diez excepto para los brasileños y otros hablantes de portugués, que se limitará a siete años.

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Esta norma se aplicará a las solicitudes presentadas hasta el 19 de junio, un día después de la toma de posesión del Gobierno.

Los de Montenegro propondrán que los migrantes puedan perder su nacionalidad en caso de comisión de delitos graves -como el asesinato o la violación-, o para los condenados por cinco o más años por espionaje, terrorismo o traición al Estado.

El Ejecutivo quiere también que se exijan conocimientos de lengua y cultura portuguesas para naturalizarse como ciudadano portugués.

En el caso de los bebés nacidos en Portugal, los padres deben haber residido en el país durante al menos tres años con permiso de residencia y dejará de atribuirse la ciudadanía por defecto, es decir, que si esta propuesta sale adelante los progenitores tendrán que manifestar "una voluntad positiva para ese efecto".

Respecto a la Ley de Extranjeros, el Ejecutivo busca modificar el reagrupamiento familiar y exigir un periodo de mínimo dos años de residencia legal en Portugal para poder acceder a este derecho.

Otra medida que el país vecino ha decidido implementar es limitar la concesión de visados para la búsqueda de trabajo a personas con alta cualificación profesional.