Trump en una imagen de 2024 antes de asistir a una audiencia del juicio por fraude financiero en Nueva York. Reuters
Un tribunal de apelaciones anula la multa de casi 500 M impuesta a Trump en 2024 tras ser condenado por fraude
Considera que la millonaria sanción viola las garantías de la Constitución estadounidense contra el castigo severo, en cocreto la Octava Enmienda.
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Un tribunal de apelaciones ha anulado este jueves la multa de casi 500 millones de dólares impuesta a Donald Trump el año pasado tras ser condenado en Nueva York por varios casos de fraude en su empresa familiar, la Organización Trump.
El juez Arthur Engoron ordenó al entonces candidato a la Casa Blanca pagar esta millonaria sanción por defraudar durante una década a bancos y aseguradoras mediante la Organización Trump.
La multa impuesta era de 355 millones de dólares, pero con los intereses, la suma se ha incrementado a más de 500 millones de dólares.
Cinco jueces de la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York consideraron ahora que, si bien Trump era de hecho responsable del fraude, la multa era excesiva, lo que implica que violaba las garantías de la Constitución de Estados Unidos contra el castigo severo.
En concreto, la principal garantía constitucional en contra del castigo cruel o excesivo es la Octava Enmienda, que prohíbe "fianzas excesivas, multas excesivas o castigos crueles e inusuales". Esta enmienda impide que el gobierno imponga penas desproporcionadas o degradantes a los acusados, estableciendo un estándar de proporcionalidad entre el delito y el castigo.
El propio Trump ha celebrado esta victoria judicial en su red social Truth Social y ha reclamado que el juez que impuso la multa sea "amonestado por abuso".
"Victorial total en el falso caso de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James! Respeto profundamente que la Corte tuviera el coraje de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a los negocios en todo el estado de Nueva York. Otros tenían miedo de hacer negocios allí", celebró.
"Fue una cacería política, en el sentido empresarial, como nadie antes había visto", añadió.
Los detalles del caso
La Fiscalía del estado de Nueva York, liderada por la fiscal Letitia James, reclamaba que a Trump y a los dos ejecutivos acusados, Allen Weisselberg y Jeffrey McConey, se les impidiera "de por vida" participar en el sector inmobiliario o ejercer la dirección de "cualquier empresa o entidad legal" en el estado de Nueva York.
Finalmente, Engoron decretó que Weisselberg y McConney no puedan tener nunca el control financiero de ninguna compañía de cualquier clase en Nueva York, y que Trump (además de los dos ejecutivos) no pueda ejercer como director de ninguna empresa o entidad legal durante tres años en el estado, o pedir préstamos de ninguna entidad registrada en Nueva York en el mismo período.
Esto tuvo efectos inmediatos, por ejemplo, en la Torre Trump, un complejo de hotel, restaurantes y galerías comerciales situada en la icónica Quinta Avenida neoyorquina.
Sin embargo, el juez decidió no ratificar la liquidación de las empresas del entonces exmandatario que ordenó antes de que comenzara el juicio.
El veredicto, muy esperado por los medios en Estados Unidos, se demoró más de una semana, ya que estaba previsto que se conociera a finales de enero de 2024.
El juicio duró unos dos meses, y en él se dirimieron seis cargos relacionados con la manipulación de cifras de activos en los documentos financieros de la Organización Trump para obtener ventajas con aseguradoras y bancos.
