La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta la ley de amnistía junto al ministro Diosdado Cabello. Reuters.
Los ángulos muertos de la ley de amnistía en Venezuela: no revierte las expropiaciones ni la inhabilitación a los opositores
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una ley para perdonar los delitos políticos. Sectores de la oposición y plataformas de defensa de los derechos humanos consideran que la norma se queda corta y advierten de sus riesgos.
Más información: El Gobierno de España celebra el anuncio de amnistía en Venezuela y anima a que entre en vigor "con rapidez".
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la aprobación por unanimidad de la esperada ley de amnistía para presos políticos. Una medida debatida en la Asamblea Nacional que el chavismo ha presentado como un primer paso para la "reconciliación nacional".
La norma no contempla la devolución de los bienes incautados a los presos políticos o la rehabilitación de funcionarios y representantes políticos. Tampoco considera la reapertura de los medios de comunicación clausurados durante la dictadura ni la indemnización por los perjuicios causados a sus propietarios.
"Contiene omisiones graves", declaran representantes de la Plataforma Unitaria Democrática, partido al que pertenecen la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada en enero de 2024 para ejercer cargos públicos y Edmundo González, presidente "electo" de Venezuela, según buena parte de la comunidad internacional.
"Todavía debe superar algunos escollos", declaró por la mañana del jueves en Caracas Nora Bracho, del partido opositor Un Nuevo Tiempo. "No es perfecta, pero sin duda mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos", añadió.
El Artículo 7 era el mayor problema: contenía los delitos que quedan excluidos del perdón. Los supuestos se han trasladado al Artículo 9, pero aún queda una parte polémica. Los potenciales beneficiarios deberán "ponerse a derecho". Para ello, tendrán que solicitar la anulación del delito al mismo tribunal que instruye su causa.
La visión crítica
Los críticos desconfían de que los mismos jueces que instruyeron las causas por delitos políticos sean los que tengan que revisar el procedimiento y, en último término, conceder la amnistía.
La redacción actual contempla el perdón a los condenados por delitos cometidos en episodios muy concretos ocurridos entre 1999 y 2026. Sin embargo, la lista de excepciones es larga: no serán amnistiadas las personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía o la integridad de Venezuela.
También excluye a los condenados por violaciones graves de los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional o tráfico de drogas, entre otros tipos de delitos. Esto dejaría fuera, en principio, a los cometidos por las fuerzas de represión que están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
Durante las deliberaciones sobre el texto definitivo, surgieron dudas sobre la amplitud de aplicación de la norma. El órgano de difusión venezolano Foro Penal menciona que el dictador preso, Nicolás Maduro, había reclamado "Amnistía no solo para ellos, también para nosotros", según relató su hijo.
Una amnistía que excluye a presos no es amnistía.
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) February 17, 2026
Una amnistía que condiciona, que limita, que selecciona a quién alcanza y a quién no, no es un acto de justicia: es administración del castigo.
Venezuela necesita libertad plena para todos los presos políticos, sin excepciones,…
El aspecto más criticado es la discrecionalidad que provoca al dejar su aplicación en manos de los mismos tribunales que condenaron a los encausados o instruyen los procedimientos en curso. La oposición ve en ello un "caso flagrante de conflicto de intereses".
La Plataforma Unitaria Democrática de María Corina Machado denuncia desde su cuenta Unidad Venezuela de X (Twitter): "Una amnistía que condiciona, que limita, que selecciona a quién alcanza y a quién no, no es un acto de justicia: es administración del castigo".
