La guerra de Trump contra las ONG llega al Vaticano: los obispos se ven forzados a cesar su labor social con migrantes

La mayor red humanitaria de acogida de refugiados en EEUU, dirigida por la Iglesia Católica, ha anunciado el cese definitivo de sus operaciones. El motivo: los recortes presupuestarios del Gobierno de Donald Trump, que desde enero ha congelado los contratos de cooperación con las organizaciones religiosas y civiles que colaboraban en la recepción de migrantes.

La Conferencia Episcopal de EEUU (USCCB, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes el fin de su oficina de Servicios de Migración y Refugiados, con más de un siglo de historia: "Es un final doloroso para una colaboración que ha salvado vidas y que ha sobrevivido a administraciones de ambos partidos", lamentó el arzobispo Timothy P. Broglio, presidente del organismo, en una columna publicada en The Washington Post.

Desde hace décadas, el Gobierno estadounidense ha confiado en redes religiosas para gestionar la llegada de solicitantes de asilo. La USCCB acogía a decenas de miles de refugiados al año en nombre del Estado.

Su labor incluía la atención a menores no acompañados, solicitantes de asilo y personas desplazadas que colaboraron con el ejército estadounidense en países en conflicto.

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Todo eso ha terminado tras la decisión de la Administración Trump de suspender los contratos con las diez principales organizaciones nacionales dedicadas a esta tarea.

La mayoría, como la red de Caridades Católicas, tienen un perfil confesional. Según Broglio, la Iglesia no puede sostener por sí sola un programa de semejante envergadura: "El trabajo no puede mantenerse a este nivel sin el apoyo del Gobierno".

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La tensión entre el Ejecutivo y los obispos ha crecido desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. En enero, el vicepresidente J.D. Vance acusó públicamente a la Iglesia de lucrarse con la migración ilegal, insinuando sin pruebas que cooperaba con millones de "inmigrantes ilegales".

Poco después, los obispos respondieron con una demanda contra la Administración para reclamar 24 millones de dólares en pagos pendientes por servicios ya prestados. La denuncia fue desestimada en marzo por el juez federal Trevor McFadden, quien alegó falta de jurisdicción. El episcopado ha anunciado que apelará el fallo.

Mientras tanto, las consecuencias humanas ya son visibles. En febrero, la USCCB despidió a un tercio de su personal en el departamento de migración, según reveló la agencia OSV News.

La Iglesia busca ahora fórmulas alternativas para seguir apoyando a los refugiados ya admitidos en el país, aunque su alcance será limitado.

"Estos son hermanos y hermanas que vieron en América un lugar de esperanza", decía el comunicado oficial: "Algunos arriesgaron sus vidas para ayudar a EEUU. Otros solo buscan un lugar donde rezar en paz".

La medida se enmarca en la política migratoria cada vez más radical del nuevo mandato de Trump. A los vuelos de deportación masiva se suma ahora el desmantelamiento del sistema de acogida tradicional, confiado hasta ahora a entidades con décadas de experiencia.

Los obispos recuerdan que, cuando en el pasado fallaban los fondos públicos, los fieles acudían al rescate con donaciones. Pero incluso con esa generosidad, mantener el sistema sin respaldo gubernamental es inviable: "Debemos buscar otras formas de servir, pero esto marca el fin de una era", admitió Broglio.