El legado jurídico de Trump restringe el aborto en EEUU y arriesga la vida de miles de mujeres al año

Todos estos nombramientos presidenciales son vitalicios. Permanecerán en su puesto hasta que se jubilen voluntariamente o fallezcan ejerciendo y, según las estadísticas más recientes, se calcula que esta nueva camada se mantendrá su cargo hasta 12 años más que sus predecesores (de los 15 años de vida activa media de generaciones anteriores a los 27 años que se espera que éstos permanezcan de media en el cargo).

Donald Trump, apoyándose en el exlíder de la mayoría republicana Mitch McConnell, fue un presidente especialmente activo en lo que a la judicatura se refiere y llegó incluso a nombrar a tres jueces del Tribunal Supremo, decantando claramente la mayoría de la sala en favor de actitudes conservadoras.

Manifestantes antiabortistas celebran la decisión del Tribunal Supremo este viernes en Washington. Reuters

Compuesto por el presidente y ocho miembros más, en la actualidad el Supremo presenta una mayoría de seis conservadores y tres progresistas. De los nueve, tres son mujeres y sólo una de ellas fue nombrada por Donald Trump, Amy Coney Barrett. Nombrada el 26 de octubre de 2020 es una católica devota, madre de siete hijos (cinco naturales y dos adoptados) y siempre ha mostrado abiertamente sus opiniones absolutamente opuestas al aborto. Además de Barrett, el expresidente Trump también nombró a Neil M. Gorsuch en 2017 y a Brett M. Kavanaugh en 2018.

Cuando la Corte Suprema impidió que Nueva York implementara ciertos límites en asistencia a iglesias y sinagogas en áreas duramente golpeadas por el coronavirus, Barrett fue el decisivo quinto voto. Previamente, la corte había permitido restricciones a los servicios religiosos, con la disensión de cuatro jueces, incluso los otros dos nominados de Trump, Gorsuch y Kavanaugh.

Casi en simultáneo cinco jueces nominados por Trump formaron parte de la mayoría de 6-4 en el tribunal de apelaciones del 11er circuito que hizo más difícil que los convictos en Florida pudieran recuperar su derecho al voto.

Y en noviembre de 2020 las juezas Britt Grant y Barbara Lagoa, ambas nombradas por Trump, formaron la mayoría de un panel de tres jueces del tribunal del 11er circuito que anuló prohibiciones locales de “terapias” para buscar cambiar la orientación sexual de menores LGBT.

Giro conservador

El giro conservador del Supremo, sin embargo, se hizo plenamente patente hace algo más de mes y medio, cuando el pasado 3 de mayo se filtró a la opinión pública el borrador firmado por el juez del Supremo Samuel Alito, conservador también, en el que ya se dejaba entrever la intención de la mayoría de la sala de derogar la sentencia del famoso caso Roe contra Wade de 1973. Unos indicios que se han confirmado este viernes, lo que deja la decisión sobre la legalidad o la prohibición del aborto y sus especifidades en manos de cada uno de los estados de la unión.

[El juez Alito se había opuesto al aborto y los derechos LGTBI reiteradamente durante su carrera]

Esta situación provocará, tal y como anticipan múltiples asociaciones e incluso la propia administración de Joe Biden, la prohibición del aborto en hasta 26 estados y conducirá a un 'turismo médico' en los estados liberales de California, Oregón o Nueva York e, inevitablemente, también conllevará un aumento de la práctica de técnicas abortivas ilegales, clandestinas y peligrosas para cientos de miles de mujeres que no puedan permitirse el coste de tales viajes.

Según explica la sentencia, el fallo "Roe consideró que la Constitución confería implícitamente el derecho a obtener un aborto, pero no fundamentó su decisión en el texto, la historia o los precedentes. Se basó en una narración histórica errónea; dedicó gran atención a cuestiones que no tienen relación con el significado de la Constitución y presumiblemente se basó en ellas; ignoró la diferencia fundamental entre los precedentes en los que se basó y la cuestión que se planteaba al Tribunal; inventó un elaborado conjunto de normas, con diferentes restricciones para cada trimestre del embarazo, pero no explicó cómo este verdadero código podía extraerse de la Constitución, de la historia de las leyes sobre el aborto, de los precedentes o de cualquier otra fuente citada; y su norma más importante (que los Estados no pueden proteger la vida fetal antes de la «viabilidad») nunca fue planteada por ninguna de las partes y nunca ha sido explicada de forma plausible. El razonamiento de Roe no tardó en suscitar críticas académicas mordaces, incluso por parte de los partidarios de un amplio acceso al aborto".

Y añade: "Los puntos débiles del razonamiento de Roe son bien conocidos. Sin ningún fundamento en el texto constitucional, la historia o los precedentes, impuso a todo el país un conjunto detallado de normas muy parecidas a las que cabría esperar encontrar en una ley o reglamento".

Estados prohibicionistas

La ola conservadora, de hecho, creció ya este mismo viernes, pues los estados de Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur anunciaron la prohibición del aborto dentro de sus fronteras nada más hacerse pública la decisión del Supremo, informa EFE. Los tres estados habían aprobado con anterioridad estas leyes y han entrado en vigor tan pronto se ha conocido la decisión del Supremo.

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La organización Planned Parenthood, que cuenta con la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Estados Unidos, y el Instituto Guttmacher, advirtieron este viernes que otros 23 estados podrían poner en vigor con rapidez la prohibición al aborto. Los estados de Arkansas, Idaho, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming también han aprobado leyes prohibiendo el aborto que entrarán en vigor tras la sentencia del Supremo.

En el caso de Idaho, Tennnessee y Texas la prohibición a la interrupción del embarazo no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, según los datos del Instituto Guttmacher. Otros estados, como Arizona, Georgia, Iowa, o Michigan tienen restricciones preparadas que ahora podrían entrar en vigor.

En estos momentos, sólo 16 estados (California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Vermont, Rhode Island y Washington), así como el Distrito de Columbia, han adoptado leyes que refuerzan la protección del derecho al aborto.

En total, al menos 36 millones de mujeres en edad reproductiva podrían perder el acceso al aborto según Planned Parenthood, que calificó la decisión de "devastadora" sobre todo para las personas más vulnerables de la sociedad como "las comunidades negras, latinas e indígenas, las personas con discapacidades, las que viven en áreas rurales, jóvenes, inmigrantes y quienes tienen dificultades financieras".

36 millones de afectadas

La consecuencia inmediata de la decisión del Supremo será la situación de vulnerabilidad total en la que se encontrarán los 36 millones de mujeres en edad fertil que residen en los estados prohibicionistas del país y los varios millones más que no conocerán sus nuevos derechos respecto al aborto hasta que sus gobernantes tomen una decisión al respecto.

De acuerdo a los datos del Guttmacher Institute, un grupo de investigación sobre salud sexual y reproductiva, en 2020 se practicaron casi un millón de abortos en todo el territorio estadounidense (930.160), lo que suponía un incremento de más del 8% respecto a las 862.320 interrupciones del embarazo practicadas en el país en el año 2017. Las cifras de 2020 supondrían que un 20,6% del total de embarazos en todo Estados Unidos habrían acabado en un aborto.

De esta manera, mientras el estado de Nueva York ya ha preparado un corpus jurídico para evitar que las leyes de otros estados puedan inculpar de alguna manera a los médicos y el resto de sanitarios de su territorio que previsiblemente aumentarán su actividad ante ese 'turismo médico' en su búsqueda de practicarse un aborto de forma segura y legal, desde Canadá ya han señalado que abrirán sus puertas a todas las estadounidenses que quieran abortar en su territorio.

"No veo por qué no hacerlo. Si ellas vienen aquí y necesitan acceso, es un servicio que se les brindaría", señaló la ministra canadiense de Familias, Infancia y Desarrollo Social, Karina Gould, mientras Justin Trudeau, primer ministro del país, ya apuntó en su Twitter tras la filtración del borrador el pasado mes que "el derecho a elegir es un derecho de la mujer y solo de una mujer. Toda mujer en Canadá tiene derecho a un aborto seguro y legal".

Sin embargo, también esta posibilidad puede estar en entredicho. Tal y como ha señalado el Centro de Derechos Reproductivos, una ONG de abogados y activistas que se dedica a la defensa del aborto en el mundo, avisó este viernes de que varios estados tratarán de prohibir los viajes a otros territorios donde aún sea legal interrumpir el embarazo.

La esperanza Biden

Algo de lo que el presidente Biden ya debía estar advertido, pues en su primera rueda de prensa tras la decisión del Supremo anunció que su administración hará todo lo posible para amparar el derecho al aborto y que protegerá a las mujeres que necesiten viajar fuera de su estado, en caso de que en los lugares donde residan esté prohibido abortar, y su acceso a medicación para acabar con su embarazo.

"Si una mujer reside en un estado que restringe el aborto, la decisión del Tribunal Supremo no impide que viaje desde su estado de residencia a otro que lo permita, no impide que un médico de ese segundo estado la trate", remarcó. "Y si cualquier funcionario estatal o local -de alto o bajo rango- intenta interferir en el ejercicio básico del derecho de esa mujer a viajar, haré todo lo posible en mi poder para luchar contra este ataque profundamente antiestadounidense", enfatizó el presidente desde la Casa Blanca.