La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Carlo Allegri REUTERS

América Corrupción en Argentina

El calvario judicial de Cristina Kirchner

La expresidenta y sus hijos declaran esta semana por presunto lavado de dinero y cohecho.

La sombra de la corrupción apaga poco a poco el legado kirchnerista. Hace más de un año que Cristina Fernández dejó la presidencia de Argentina, pero la acumulación de pleitos por corrupción en su contra mantienen a la expresidenta en el foco político y judicial del país.

Esta semana, Fernández, viuda del expresidente Néstor Kirchner, y sus dos hijos, Máximo y Florencia, deben personarse en los tribunales bonaerenses de Comodoro Py para responder a una nueva indagatoria por corrupción. Es la primera vez que los hijos de Fernández tienen que personarse ante el juez en una de las investigaciones que pesan sobre sus años en el poder. La familia está acusada de haber utilizado una sociedad de propiedad familiar, Los Sauces, durante más de una década para blanquear el dinero que recibían como soborno o pago por las adjudicaciones públicas, licencias para el juego y explotación de áreas de la industria petrolera que otorgaban a empresarios de su confianza.

El juez encargado de la instrucción es Claudio Bonadio, un "enemigo" declarado de Fernández y al que ha tratado de apartar del caso sin éxito acusándole de "enemistad manifiesta" y posible parcialidad ya que también investiga otra causa contra la expresidenta por las maniobras de venta de dólar futuro. La decisión de citar a sus hijos, que declararán este lunes, ha irritado especialmente a la exmandataria, que sigue argumentando que todo se trata de una persecución política en su contra.

En el caso de Florencia Kirchner, el juez ha aceptado este fin de semana una "exención de prisión" que Fernández solicitó el viernes argumentando que el vínculo de su hija con la empresa comienza cuando era menor y, más tarde, de forma forzosa por herencia tras el fallecimiento de su padre. A Máximo Kirchner, en cambio, el fuero por ser diputado del Frente para la Victoria, le protege de un posible arresto. 

Desde el pasado 20 de febrero, por la sala del juez Bonadío han pasado 19 personas relacionadas con la causa: además de Báez y sus tres hijos, han declarado el empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, que todavía controlan un conglomerado de medios afines al kirchnerismo. Báez ha negado tener relación con Cristina y Romina Mercado, sobrina de la expresidenta y actual presidenta de Los Sauces, ha rechazado este viernes que Los Sauces haya realizado maniobras de lavado de activos. El contable de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, defendieron ante Bonadio la buena gestión de Los Sauces y también negaron la existencia de sobornos, explica el diario La Nación.

La red de Los Sauces

Los Kirchner fundaron Los Sauces en 2006. Tras la muerte de Néstor Kirchner en 2007, su esposa Cristina se quedó con un 45% de la sociedad, su hijo Máximo con un 32,5% y su hija Florencia con un 22,5%. El objeto de la sociedadera la compra-venta y alquiler de inmuebles, aunque no registró actividad durante los primeros años. La inmobiliaria operó junto a la firma Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, encargada de la construcción de los edificios de apartamentos que más tarde utilizarían para simular los alquileres, como sospechan los investigadores. 

Entre 2008 y 2013, Los Sauces adquirió una decena de propiedades repartidas entre Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Buenos Aires que utilizó para alquiler. Sus únicos inquilinos, sin embargo, fueron los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, destinatarios del 86% de las adjudicaciones de obra pública durante los doce años de gobierno kirchnerista. Para los investigadores, la principal hipótesis es que en realidad estos alquileres eran la forma en que los empresarios sobornaban o pagaban por las contratos públicos que recibían.  

El fallecido Néstor Kirchner, junto a su esposa Cristina y sus hijos.

El fallecido Néstor Kirchner, junto a su esposa Cristina y sus hijos. Reuters

La investigación comenzó en abril de 2016, cuando una diputada denunció a Fernández y a sus dos hijos de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con las supuestas transacciones ilícitas con López y Báez. 

Para los peritos de la Corte Suprema que revisaron los libros de Los Sauces, la empresa estaba plagada de irregularidades. Como indica el diario Clarín, faltaba documentación, los asientos sobre los movimientos eran poco claros, con saldos negativos inexplicables y retiradas de dinero sospechosas. En los libros de la empresa había poca información para respaldar las operaciones millonarias que se realizaban.

Hasta 2014, los Kirchner retiraron en concepto de anticipos de dividendos alrededor de 20 millones de pesos (1,2 millones de euros) de Los Sauces. El informe pericial confirmó que el 86% de la facturación de Los Sauces correspondía con pagos que habían realizado el Grupo Indalo (63%) de López, y del Grupo Austral (23%), de Báez. Entre 2009 y 2015, ambos grupos garantizaron alrededor de 25 millones de pesos (1,5 millones de euros) a la familia Kirchner al tiempo que eran beneficiarios de contratos de obra pública y negocios vinculados al juego, señalaron al diario argentino fuentes judiciales. El descuadre en los asientos y estas retiradas de dinero hicieron sospechar a los peritos y dieron la base para la imputación de un presunto delito de lavado de dinero y cohecho.

Persecución política

Según Fernández, esta acumulación de causas judiciales no es más que una persecución política y una cortina de humo diseñada por su sucesor, Mauricio Macri, junto a jueces y fiscales para desviar la atención de la realidad social y económica que vive el país: una inflación que superó el 40% en 2016, más de 100.000 trabajadores despedidos y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores superior al 30%.

Para la expresidenta, no es casualidad que su citación para declarar ante el juez Bonadio coincida con la protesta de la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), contra el modelo económico del actual gobierno. Apoyada en sus fieles seguidores, Fernández ha pedido que en lugar de acompañarla al tribunal, se sumen a las marchas contra Macri. 

En favor de su argumento juega que desde el cambio de gobierno, los tribunales parecen haber agilizado causas que dormían en los despachos de la Fiscalía.

El cerco judicial a CFK

El caso Los Sauces está ligado a otra causa abierta por la gestión de otra de sus empresas, Hotesur, también dedicada al sector inmobiliario con la que habrían realizado un esquema similar de lavado de dinero. Empresarios como Báez y López habrían alquilado habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner sin llegar a utilizarlas sólo para justificar pagos que, en realidad, corresponderían a sobornos o mordidas por adjudicaciones públicas. Se estima que, entre ambas tramas, los Kirchner se beneficiaron con alrededor de 64 millones de pesos (casi 4 millones de euros).

Hasta ahora, Fernández se encuentra imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión, conocida como la causa 'dólar futuro', y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública, en la que también está acusado Báez y diversos miembros del anterior Gobierno argentino, entre ellos el exministro Julio de Vido.

En el marco de estas causas, la Justicia bloqueó los bienes de Fernández -que según su declaración jurada patrimonial, en 2015 ascendía a unos 6 millones de euros-, y sólo puede disponer libremente de su pensión como expresidenta, unos 150.000 pesos (9.600 dólares) al mes. 

El tiempo, y la Justicia, dirán si el legado de Cristina Fernández hace honor a la frase del escritor francés Honoré de Balzac: "Detrás de toda gran fortuna siempre hay un delito".