La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Interiorismo

Confirmado: se acaba el plazo para solicitar a los caseros una prórroga de dos años en el contrato de alquiler

Para muchas familias esta cuenta atrás es clave para garantizar un tiempo más de estabilidad en un mercado por las nubes.

Más información: Es oficial: los contratos de alquiler que terminen en 2026 se prorrogarán 2 años más automáticamente

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Los inquilinos con contratos de vivienda habitual que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 tienen hasta el próximo 28 de abril para comunicar a sus caseros, por escrito y con prueba de entrega, que quieren acogerse a la prórroga extraordinaria de dos años aprobada por el Gobierno en el Real Decreto-ley 8/2026.

Ese mismo día, además, el Congreso de los Diputados votará si convalida o deroga la norma. La medida entró en vigor el 22 de marzo y nació con el doble objetivo de ampliar la duración de determinados contratos de alquiler y limitar la actualización anual de la renta al 2%.

El Ejecutivo justificó su aprobación por la necesidad de amortiguar el impacto económico de la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio sobre los hogares arrendatarios.

El decreto permite a los arrendatarios mantener hasta dos años más las condiciones esenciales de su contrato, siempre que se trate de vivienda habitual y que el vencimiento esté dentro del periodo fijado por la norma. El texto también deja a salvo los supuestos legales de recuperación de la vivienda por necesidad del arrendador.

Si el inquilino no solicita la prórroga mientras el decreto sigue en vigor y la Cámara Baja termina tumbándolo, la posibilidad de acogerse a esa extensión extraordinaria puede desaparecer para quienes aún no la hayan pedido. Por eso, en el mercado del alquiler se ha instalado ya una sensación de urgencia.

Una protección temporal

El real decreto se ha convertido en una de las piezas centrales del llamado escudo social en vivienda que Sumar ha querido reactivar esta primavera. Junto a la prórroga, la formación defiende el tope del 2% como una forma de evitar que la inflación vuelva a trasladarse de golpe a las rentas mensuales de miles de familias.

Según los cálculos difundidos por Sumar a partir de escenarios del Banco de España, ese límite podría traducirse en un ahorro de entre 182 y 658 euros entre 2026 y 2027. En territorios especialmente tensionados, como Madrid o Cataluña, el impacto estimado sería aún mayor.

A ese alivio se sumaría otro más difícil de medir políticamente, pero mucho más visible para los bolsillos: evitar la firma de un nuevo contrato a precio de mercado. Distintas informaciones publicadas en los últimos días recogen que el ahorro por mantener el contrato vigente podría superar los 1.700 euros anuales en algunos casos.

Sin embargo, la continuidad de la medida está en el aire. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha admitido en los últimos días que sacar adelante la convalidación será "muy complicado" ante el rechazo manifestado por varios grupos parlamentarios.

El 28 de abril será, por tanto, una votación clave no solo para el Gobierno, sino para miles de inquilinos pendientes de renovación.

La oposición lo complica

Junts ya había mostrado su rechazo al decreto y el clima político entre la formación de Carles Puigdemont y Sumar se ha deteriorado todavía más tras el choque abierto por las declaraciones de Yolanda Díaz, que volvió a situar a Junts en el foco de la polémica al calificarlo de proyecto "racista y clasista".

Ese enfrentamiento ha enfriado cualquier posibilidad de negociación inmediata. Distintos medios recogen que el partido independentista no contempla ahora mismo facilitar la medida, mientras PP y Vox tampoco han dado señales de respaldo. Con ese bloque en contra, la convalidación del decreto quedaría comprometida.

Aun así, Yolanda Díaz mantiene el discurso de la esperanza. La vicepresidenta segunda ha insistido en que sigue negociando con todas las fuerzas y ha defendido que la protección del alquiler no debería leerse en clave ideológica, sino como una respuesta social a un problema que afecta a millones de personas.

En paralelo, organizaciones sociales y colectivos de defensa del derecho a la vivienda han intensificado sus mensajes para que los arrendatarios no esperen al último momento. La recomendación que circula con más fuerza es sencilla: quien pueda acogerse a la prórroga debería solicitarla ya, sin aguardar al resultado parlamentario.

Qué deben hacer los inquilinos

El paso clave es comunicar al casero la voluntad de prorrogar el contrato antes del 28 de abril y hacerlo de manera fehaciente.

La norma no habla de una fórmula única, pero la recomendación general pasa por utilizar un medio que deje constancia del envío y de la recepción, como un burofax o cualquier sistema equivalente.

No todos los alquileres entran en este paraguas. La prórroga extraordinaria está pensada para contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, no para arrendamientos de temporada ni para habitaciones, y exige que el vencimiento se produzca dentro del periodo marcado por el decreto.