Imagen de Ginés Serrán y la escultura de Neptuno.
El pulso por las esculturas gigantes del Puerto de Málaga: instituciones culturales exigen su retirada este miércoles
La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo, la Sociedad Económica de Amigos del País y el IEUS recuerdan que el acuerdo portuario fijó seis meses "sin posibilidad de prórroga".
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La polémica por las grandes esculturas de Venus y Neptuno instaladas en la entrada del Puerto de Málaga sigue activa y afronta una fecha decisiva.
El próximo 16 de septiembre vence el plazo autorizado para su permanencia y cuatro de las principales instituciones culturales de la ciudad reclaman que se cumpla el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria: el desmontaje de las obras, sin prórroga.
La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS) han suscrito un comunicado conjunto en el que cuestionan la posibilidad de que las esculturas continúen instaladas en el recinto portuario o encuentren una nueva ubicación por decisión municipal.
El pronunciamiento llega apenas unas horas después de que el alcalde, Francisco de la Torre, anunciara que este martes la Junta de Gobierno Local aprobará la aceptación de la cesión gratuita del conjunto escultórico ofrecida por su creador, Ginés Serrán.
El regidor, además, se ha pronunciado abiertamente en favor de mantener las esculturas en su emplazamiento actual. Al menos, de momento.
El mandatario municipal justifica esta posición en la existencia de un amplio apoyo a la iniciativa, avalada por unas 12.000 firmas, según ha apuntado.
Frente a esta postura, las instituciones culturales firmantes dicen que la posible aceptación de la donación es un asunto diferente del cumplimiento del plazo de instalación en el dominio público portuario.
Al respecto, recuerdan en un comunicado conjunto que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó el pasado 6 de marzo una autorización de seis meses “sin posibilidad de prórroga”, acuerdo que contó con el apoyo de los representantes municipales.
Es por ello que, a ojos de los representantes de estos colectivos, la fecha de vencimiento es inequívoca. Razón por la que reclaman que el próximo miércoles se proceda al desmontaje de las esculturas.
Cualquier decisión posterior sobre las obras o sobre una nueva ubicación, añaden los firmantes, deberá adoptarse por el órgano competente, mediante el procedimiento correspondiente y con la debida motivación y transparencia.
El valor artístico no se decide por votación
El segundo eje del pronunciamiento se centra en el debate cultural y estético que ha acompañado a las esculturas.
Las cuatro instituciones expresan su profundo desacuerdo con determinadas dinámicas de información y opinión que, a su juicio, simplifican la controversia al enfrentar a partidarios y detractores de las obras.
Los firmantes sostienen que el gusto personal o una determinada opinión mayoritaria no pueden confundirse con el juicio cultural y estético.
La belleza, la calidad artística y la adecuada inserción de una obra en el espacio público, defienden, forman parte de una tradición de conocimiento sustentada en la historia del arte, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje y la protección del patrimonio.
"La popularidad no constituye por sí misma una categoría estética, del mismo modo que una encuesta no sustituye al conocimiento especializado", recoge el escrito.
Las instituciones entienden que reducir la discusión a contar apoyos y rechazos "empobrece y desvirtúa" un debate que debe atender también a la calidad de las obras, su relación con el espacio público y los criterios de protección de la ciudad histórica.
La petición de desmontaje se formula, por tanto, como una exigencia de cumplimiento del acuerdo portuario, no como una propuesta sobre el destino definitivo de las esculturas. La eventual donación al Ayuntamiento y la elección de un nuevo emplazamiento deberán seguir, según defienden, su propio procedimiento.
"El cumplimiento de los acuerdos y de los procedimientos establecidos constituye una exigencia elemental de un Estado democrático de Derecho", concluyen las instituciones culturales, que advierten de que las decisiones sobre el espacio público no pueden quedar a expensas de "ocurrencias improvisadas o cambios de criterio de última hora".
