Imágenes de la llegada de la obra del Metro de Málaga a la calle Eugenio Gross.
Romper el contrato del Metro de Málaga le costaría a la Junta de Andalucía hasta 926 millones de euros
Las cuentas anuales de 2025 de la concesionaria detallan las compensaciones previstas si la concesión se resolviera antes de 2042: 926 millones si la causa fuese imputable a la Administración andaluza.
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Romper el contrato del Metro de Málaga es, hoy por hoy, un escenario remoto. La concesión que regula la explotación de las líneas 1 y 2 del suburbano funciona con normalidad, la demanda de viajeros continúa creciendo y el acuerdo que vincula a la Junta de Andalucía con la sociedad concesionaria se extiende hasta el año 2042.
Sin embargo, toda gran concesión pública contempla qué ocurriría si esa relación llegara a romperse antes de tiempo. Y en el caso del Metro de Málaga, las cifras que manejan las propias cuentas anuales de la empresa ponen de manifiesto la enorme dimensión económica de esa hipótesis.
La documentación correspondiente al ejercicio 2025, consultada por EL ESPAÑOL de Málaga, cifra en 926.411.456,86 euros la compensación que tendría derecho a percibir la concesionaria si la resolución del contrato fuese consecuencia de un incumplimiento imputable a la Administración andaluza.
La cantidad supone un nuevo incremento respecto al ejercicio anterior, cuando esa eventual indemnización estaba valorada en 912,5 millones de euros, y se aproxima ya a los 1.000 millones de euros, una cifra similar a la inversión global que supondrá el desarrollo completo de la infraestructura, una vez culminada la prolongación hasta el entorno del Hospital Civil.
Tres escenarios y tres indemnizaciones
El contrato de concesión no deja prácticamente ningún aspecto sin regular. Las cuentas anuales detallan las consecuencias económicas de una resolución anticipada en función de quién sea el responsable de la ruptura.
El escenario más gravoso para las arcas públicas sería aquel en el que la cancelación estuviera motivada por un incumplimiento de la Junta de Andalucía. En ese supuesto, la compensación alcanzaría los mencionados 926,4 millones de euros.
Existe un segundo escenario previsto para los supuestos de fuerza mayor. En este caso, la indemnización se reduciría hasta 668.103.640 euros, frente a los 648,2 millones calculados un año antes.
Las propias cuentas explican que, además de la devolución de determinadas garantías, la concesionaria tendría derecho a percibir el denominado Valor Patrimonial de la Inversión, al que se sumarían conceptos como los gastos de constitución de la sociedad, los gastos financieros capitalizados pendientes, así como los costes derivados de una eventual cancelación anticipada de la financiación contratada o de las coberturas de tipos de interés.
Asimismo, el contrato reconoce el derecho a percibir el valor actual neto de los beneficios esperados durante los cinco años siguientes, actualizado conforme a los parámetros fijados en el plan económico-financiero de la concesión.
Incluso si la empresa incumple
El tercer supuesto contemplado en el contrato es el menos costoso para la Administración, aunque sigue implicando una cuantía muy elevada.
Si la resolución fuese consecuencia de un incumplimiento imputable a la propia sociedad concesionaria, ésta tendría derecho igualmente a recibir una compensación de 431.496.528 euros, frente a los 422,3 millones previstos al cierre de 2024.
La fortaleza económica de la concesión queda reflejada también en la evolución de sus resultados.
Desde la entrada en funcionamiento del Metro, la explotación del suburbano ha generado 356,1 millones de euros de beneficios acumulados, de los que 294 millones ya han sido distribuidos entre los accionistas mediante dividendos.
Actualmente, el principal socio privado de la concesionaria es el fondo francés Vauban Infrastructure Partners, que controla el 76% del capital, mientras que la Junta de Andalucía mantiene el porcentaje restante.
El respaldo de la Junta al préstamo del BEI
Las cuentas anuales también recuerdan otro de los compromisos asumidos por la Administración andaluza para garantizar la estabilidad financiera de la concesión.
Mientras permanezca vigente el préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) —financiación utilizada para la construcción de las líneas 1 y 2 y cuyo vencimiento está previsto para 2030—, la Agencia de Obra Pública de Andalucía se compromete a realizar las aportaciones económicas necesarias para que la concesionaria pueda atender todas las obligaciones derivadas de ese crédito.
Además, el contrato obliga a la Administración autonómica a asegurar que la sociedad disponga con la antelación suficiente de los recursos necesarios para cumplir los ratios financieros exigidos por la entidad europea.
De este modo, el contrato de concesión no sólo regula la explotación del Metro durante casi cuatro décadas, sino que establece un detallado sistema de protección económica para garantizar el equilibrio financiero del proyecto ante cualquier eventualidad, incluida una hipotética resolución anticipada que, a tenor de las cifras recogidas en las cuentas, tendría un elevado impacto económico para la Administración.
