La sorpresiva e inesperada decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales, previstas para finales de año, al próximo 23 de julio, va a paralizar algunos de los proyectos que el Ejecutivo se había comprometido a impulsar de manera inmediata en la provincia de Málaga. 

El caso más claro es el de la desaladora anunciada hace apenas unas semanas por el Consejo de Ministros en su plan contra la sequía. Aunque no se precisaba el punto de construcción de la planta, todo hacía indicar que la zona elegida es la comarca de la Axarquía, el espacio geográfico más afectado por la sequía actual.

Muestra de ello es que el pantano de La Viñuela, clave en el abastecimiento de los municipios del sector oriental de la provincia, así como en el riego de los cultivos, tiene apenas 15,74 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa el 9,58% del total. 

El problema con el que se topa esta iniciativa es que forma parte del Real Decreto ley de medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas. Un acuerdo que debe ser sometido al debate y aprobación de las Cortes Generales que ya han sido disueltas con la convocatoria electoral.

Es decir, el camino diseñado para ir adelante con este importante proyecto en materia de recursos hídricos queda temporalmente suspendido y deberá esperar a la conformación del próximo Ejecutivo y del Congreso de los Diputados para ser recuperado. 

Esto se deja sentir también en el gran paquete de ayudas de hasta 335 millones anunciadas para los sectores ganaderos cárnico y lechero; 276,7 millones para la agricultura, y 5 millones para la apicultura.

Aunque en un escenario diferente, queda en duda también cómo puede afectar la medida de Sánchez sobre el proyecto de regeneración de los Baños del Carmen, operación que cuenta ya con el estudio de impacto ambiental y que parecía encontrarse en la recta final antes de que la Dirección General de Costas asumiese el compromiso de activar las obras programadas.

Si este mismo miércoles EL ESPAÑOL de Málaga informaba de la posibilidad real de que hubiese que esperar a finales de 2024 para que los malagueños acudiesen a la nueva y ampliada playa, con hasta 37 metros de ancho, este calendario hay que ponerlo en entredicho, a la espera de ver qué sucede con la futura Administración estatal.

Analizando los compromisos dibujados negro sobre blanco por el Gobierno de Sánchez en los presupuestos de 2023, no parece que sean muchos los proyectos afectados por este adelanto electoral. En buena medida porque casi todos ellos o se encuentran en proceso de ejecución o en fase de redacción de proyecto. 

El caso más paradigmático es el del acceso norte al aeropuerto. Esta infraestructura, que llegó a ser adjudicada para su construcción en 2018, se vio claramente truncada cuando el Ministerio de Transporte modificó sustancialmente el trazado, activando nuevamente la contratación del proyecto de construcción. El encargo fue validado el pasado mes de octubre, siendo el plazo de elaboración de los documentos de dos años.

Es de suponer que otras intervenciones en marcha desde hace años, como el baipás de Almodóvar del Río, que permitirá reducir en unos 20 minutos el tiempo de viaje en tren entre Málaga y Sevilla, o la rehabilitación del Colegio San Agustín y su transformación en sede de la Biblioteca del Estado en Málaga, no se vean afectadas.