Ayuso asegura que denunciará al Gobierno de Sánchez si los 88 menas a los que pidieron repatriar delinquen en Madrid

Y es que, tras el rechazo del Gobierno de España a repatriar a 88 jóvenes que la región consideraba que debían volver a sus países de origen, Madrid ha puesto en manos de la Delegación del Gobierno toda la responsabilidad derivada de sus acciones futuras.

Para entender el problema, hay que remontarse al año pasado. Entonces, el Gobierno autonómico solicitó la repatriación de 56 menores por "dificultades amplias y variadas" en su integración. Con el tiempo, la cifra se elevó a 88, alegando la Comunidad que algunos de estos jóvenes presentaban "comportamientos muy graves, altos consumos y dificultades serias en su integración".

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A todo esto se suma que, según la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se han detectado seis jóvenes que se han hecho pasar por menores pero que en realidad superan los 18 años.

El Ejecutivo autonómico ha denunciado estos casos ante la Fiscalía por "fraude de ley" y ha advertido de que seguirá actuando para proteger a los ciudadanos y garantizar que la responsabilidad de estos jóvenes recaiga sobre el Gobierno central.

El Gobierno de España, por su parte, ha rechazado tramitar los expedientes de repatriación por "falta de garantías en su posible retorno" y en cumplimiento del principio de "interés superior del menor", según fuentes de la Delegación de Gobierno en Madrid.

La institución que lidera Francisco Martín subraya que no iniciará los procedimientos solicitados por la Comunidad hasta contar con los informes preceptivos de embajadas y consulados de los países de origen.

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Dávila ha acusado al delegado del Gobierno de "escurrir el bulto" y de no permitir que la Fiscalía se pronunciara caso por caso. En su opinión, mantener a estos menores en los centros madrileños pone en riesgo "al propio sistema de protección de la infancia", y ha asegurado que la Comunidad seguirá enviando informes y medidas para que el Ejecutivo central actúe según su criterio.

El choque político se ha reflejado también en la Asamblea de Madrid durante la comparecencia de la consejera.

En su interpelación, Vox ha puesto el foco en la supuesta inseguridad vinculada a los menores migrantes, mientras que Más Madrid y PSOE han criticado la gestión de la consejera, señalando que ha dejado desatendidas a familias vulnerables y trabajadoras de servicios sociales, y ha contribuido al deterioro de la atención en residencias de mayores.

En este contexto, la disputa gira en torno a competencias, tutela y control migratorio, con Ayuso y su equipo presionando al Gobierno central a través de denuncias ante la Fiscalía y reclamando que Madrid no asuma sola las consecuencias de los menores que podrían delinquir.

La situación refleja un choque abierto sobre quién protege realmente a los jóvenes y cómo se garantiza su interés superior, en medio de una crisis de coordinación entre administraciones.