La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Europa Press
Ayuso y su batalla judicial por el reparto de menores: "Sánchez es el último transportista de las mafias para traer ilegales"
La Comunidad de Madrid ha anunciado que interpondrá un tercer recurso contra la normativa aprobada este mismo martes por el Gobierno central para el reparto de menores no acompañados migrantes.
Más información: El Gobierno ofrece a Canarias trasladar a los primeros 400 menores solicitantes de asilo a Madrid sin informar a Ayuso.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene su pulso contra el reparto estatal de menores migrantes no acompañados. El consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García, ha anunciado este miércoles que la región presentará un nuevo recurso contencioso-administrativo contra el nuevo decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias; aprobado esta semana por el Consejo de Ministros.
Tal y como ha informado el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se trata del tercer recurso interpuesto por el Ejecutivo madrileño. En este caso, el recurso se presentará ante el Tribunal Supremo.
"El primero lo presentamos junto a otras comunidades, por falta de justificación en la urgencia. El segundo, en julio, contra el decreto que desarrollaba este real decreto-ley. En este caso, fuimos los únicos en hacerlo", ha añadido.
Ahora, y tras haber conocido un informe de la Abogacía del Estado de la región sobre el citado texto, la Comunidad de Madrid recurrirá el texto ante el Contencioso- Administrativo.
García ha aprovechado su comparecencia para elevar el tono contra Pedro Sánchez, a quien ha responsabilizado de alentar la llegada de inmigración irregular: "Sánchez es el último transportista que utilizan las mafias para traer a los migrantes ilegales hasta nuestro país".
Vídeo | La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Supremo el reparto de menores migrantes del Gobierno central
El consejero ha denunciado que con el texto aprobado por el Consejo de Ministros este martes el Gobierno central invade competencias autonómicas y vulnera derechos fundamentales de los propios menores.
A su juicio, el decreto también infringe los principios de solidaridad y lealtad entre administraciones. Todos ellos, argumentos que usarán en el citado recurso.
![La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el 40º aniversario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/08\/actualidad\/1003743838544_257111693_320x180.jpg"])
"No vamos a ser cómplices", ha insistido el portavoz del Ejecutivo madrileño.
Según datos de la Comunidad de Madrid, desde que Sánchez es presidente se han acogido en la región 11.000 menores no acompañados, de los cuales 2.442 solo en 2024 y 1.300 en lo que va de 2025.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.
Además, al margen de estas actuaciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central por diferentes vías la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el "reparto forzoso" de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo "arbitrario, opaco y discriminatorio".
Los recursos del Gobierno de Ayuso.
Recurso judicial contra el Real Decreto-ley, presentado el 18 de marzo. Fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras 10 CCAA ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.
Recurso judicial contra el Real Dedcreto-ley, presentado el 22 de julio. Lo presentó el Gobierno regional en solitario el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias, y cuyo informe de la Abogacía General de la Comunidad ha sido remitido hoy al Consejo de Gobierno madrileño.
