Un artefacto explosivo encontrado tras una manifestación. Al fondo, la sede de la ONG No Name Kitchen en Ceuta.

Un artefacto explosivo encontrado tras una manifestación. Al fondo, la sede de la ONG No Name Kitchen en Ceuta. Rafa Martí

Tribunales

Un juez ya investiga el ataque con sustancias corrosivas a los militares en Ceuta y ordena preservar las pruebas

Hazte Oír denunció la elaboración de "artefactos caseros aptos para producir una deflagración" y "conductas violentas" contra miembros del Ejército.

Más información: No Name Kitchen, la ONG investigada por comprar material para artefactos caseros como los usados contra ceutíes

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El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta investiga los ataques con artefactos caseros y sustancias corrosivas contra militares desplegados tras la entrada masiva de migrantes de julio.

La jueza Mariluz Lozano ha ordenado preservar los restos incautados para futuros análisis y ha pedido a la Policía los atestados, informes técnicos y datos sobre su custodia.

La causa parte de una querella de Hazte Oír contra quienes presuntamente adquirieron, fabricaron o suministraron sustancias corrosivas y alentaron su uso contra las fuerzas de seguridad.

La magistrada ha solicitado información a la Audiencia Nacional y ha pedido a la Fiscalía que valore nuevas diligencias sobre posibles radicalizados, repartos de material y fondos a ONG.

Una juez ya investiga los ataques contra los militares desplegados en Ceuta, que se encargan de mantener la seguridad después de la invasión de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio.

En algunas de estas acciones violentas contra el Ejército se habrían empleado artefactos caseros y sustancias químicas corrosivas.

Ahora, una juez investigará estos sucesos, tal y como consta en una resolución judicial fechada el pasado 4 de octubre y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En ella, la magistrada Mariluz Lozano ordena varias diligencias. Entre ellas, la "preservación" de los restos de estos artefactos que hayan sido incautados para que puedan ser analizados en un futuro.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, la Policía Nacional ya tenía abierta una investigación contra miembros de la oenegé No Name Kitchen por la compra de material que, supuestamente, se usó en la fabricación de artefactos caseros y cócteles corrosivos, similares a los empleados contra los militares y que habrían sido repartidos entre los inmigrantes ilegales.

Además, a finales de agosto, la Guardia Civil detuvo en Ceuta a tres marroquíes por, supuestamente, lanzar botellas con líquido corrosivo en su interior contra una patrulla militar que realizaba labores de vigilancia.

En la citada resolución, la juez Lozano también ordena a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta que, en el plazo de diez días, le remita una copia de los "atestados, actas, informes, análisis técnicos y demás antecedentes existentes relativos" a estos ataques, ocurridos durante el mes de agosto, apenas un mes después de la invasión de Ceuta.

La magistrada pretende conocer toda la "información sobre los efectos intervenidos", así como sobre "su localización y custodia" y acerca del "posible riesgo" de que estos restos se dañen.

Esta causa judicial arrancó con la presentación de una querella por parte de Hazte Oír.

A lo largo de sus 23 páginas, la organización se dirige —sin poder concretar aún nombres y apellidos— contra "quienes, integrados o no en las ONG, asociaciones o fundaciones que operan en Ceuta (...), hayan adquirido, fabricado, transportado, almacenado, suministrado" sustancias químicas corrosivas a los inmigrantes que asaltaron Ceuta.

También, contra quienes "hayan alentado su empleo".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la querella presentada por Hazte Oír.

En concreto, la asociación denuncia la elaboración de "artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases", así como "el aliento de conductas violentas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

A finales de agosto, varios militares resultaron atacados —con artefactos caseros y sin ellos— por parte de inmigrantes que entraron ilegalmente en la ciudad durante los días 30 y 31 de julio, como parte de la avalancha de más de 70.000 personas que penetró en Ceuta en esas dos jornadas.

Asimismo, según señala Hazte Oír, desde el día 27 de aquel mes, "circula en redes sociales una grabación en la que una vecina de Ceuta afirma que una organización habría repartido espráis de pimienta entre los inmigrantes para enfrentarse a las fuerzas desplegadas".

Por otro lado, la juez Lozano también ha pedido a la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional —que investiga de forma global la invasión de la localidad—, que le remite toda la información que posea sobre los ataques a militares y el uso de artefactos caseros.

Por último, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha preguntado por su opinión a la Fiscalía acerca de varias de las diligencias que Hazte Oír propuso en su querella.

¿Cuáles? La organización pidió que la Policía y la Guardia Civil informasen "sobre la eventual presencia de personas radicalizadas entre los inmigrantes y su relación con las agresiones de los días 27 y 29 de agosto".

También solicitó que la Delegación del Gobierno en Ceuta y el llamado Mando Único, encabezado por el ministro Ángel Víctor Torres, indiquen qué "entidades y personas que efectúan repartos de efectos en la vía pública y en las playas".

Por último, la Fiscalía deberá pronunciarse sobre la petición de Hazte Oír de que el Gobierno ceutí y el Ministerio de Migraciones detallen "las subvenciones, convenios, contratos de emergencia y pagos efectuados en 2025 y 2026" a ciertas oenegés.