Juan Jesús Vivas durante su visita a Bruselas el pasado martes.
Ceuta requiere a Sánchez por vía administrativa para que en un mes resuelva y ejecute todos los expedientes de expulsión
La reclamación formal, previa a un recurso ante los Tribunales, denuncia la "inactividad" del Gobierno central para dar una solución efectiva a la crisis.
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El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado requerir al Gobierno central para que, en el plazo "improrrogable" de un mes, resuelva los expedientes de devolución de los 10.000 migrantes procedentes de Marruecos que se han quedado en la ciudad autónoma tras su entrada ilegal los pasados 30 y 31 de julio. "Incluyendo", indica el requerimiento, "su efectiva expulsión" o, en los supuestos en que proceda, la tramitación del asilo.
Esta actuación del Gobierno de Vivas es el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales para el caso de que la Administración del Estado no atienda el requerimiento, que se basa en la inacción del Gobierno de Sánchez para solventar la crítica situación de Ceuta.
El requerimiento recuerda que entre los días 30 y 31 de julio se produjo un "acceso masivo e irregular de personas migrantes, de magnitud e intensidad muy superiores a los flujos ordinarios, cuya gestión corresponde, en exclusiva a la Administración General del Estado" en virtud de sus competencias en materia de extranjería e inmigración, asilo y seguridad pública.
Tras más de un mes, la Administración central no ha resuelto ni, en un número relevante de casos, siquiera iniciado, los procedimientos que legalmente le corresponden respecto de los migrantes.
Esa "inactividad" afecta tanto a los expedientes de expulsión o devolución como a las solicitudes de protección internacional.
La ciudad autónoma ni siquiera ha recibido comunicación alguna sobre el estado de tramitación, calendario previsto o motivos del retraso de los expedientes
"La falta de recursos para acogida temporal de estas personas y también el hacinamiento en los dispositivos existentes, cuya capacidad ha sido ampliamente sobrepasada, han determinado la adopción por esta Ciudad, con carácter cautelar y por razones sanitarias y de orden público, de la paralización de toda actividad municipal no esencial", describe el requerimiento.
Los efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios estatales de asilo y extranjería en Ceuta "resultan manifiestamente insuficientes" para tramitar los expedientes "y el mantenimiento del orden y la seguridad pública".
La gravedad de la situación ha sido reconocida por la Administración del Estado al declarar el pasado 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, añade.
Ante esta situación, el Gobierno ceutí ha decidido requerir a la Administración del Estado para que, "en el plazo improrrogable de un mes desde la recepción del presente requerimiento, dicte y notifique resolución expresa en todos y cada uno de los expedientes de expulsión, devolución o retomo (...), incluyendo la efectiva y material expulsión del territorio nacional en los casos que así proceda, así como en todas las solicitudes de protección internacional".
El segundo punto del requerimiento es que, dentro de ese mismo plazo, el Gobierno central "proceda a la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios" para hacer frente, de un lado, a la tramitación de los expedientes relativos a cada migrante y, de otro, al mantenimiento de la seguridad pública en la ciudad.
A estos efectos, reclama el "reforzamiento" de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los servicios de extranjería y asilo, y de los demás organismos estatales implicados presentes en Ceuta.
