Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez, en un fotomontaje.

Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez, en un fotomontaje. Arte EE

Tribunales CASO BEGOÑA

Peinado abre nueva pieza en el 'caso Begoña' por un contrato a Barrabés en el que la Fiscalía Europea ve indicios de delito

'Mails' de Red.es constatan una ocultación "deliberada": la UTE de Barrabés no cumplía un requisito indispensable. Aun así, obtuvo la máxima nota.

El juez atribuye al empresario los supuestos delitos de prevaricación y fraude contra los intereses de la UE.

Más información: Red.es "enfatizaba excelencias" de Barrabés en los informes de valoración de otras ofertas para denostarlas: "No es razonable"

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Las claves

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El juez Peinado ha abierto una nueva pieza separada en el 'caso Begoña' para investigar a Juan Carlos Barrabés por presunta prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea detectó indicios de que se ocultó deliberadamente que una sociedad de Barrabés no cumplía un requisito indispensable para acceder a un contrato público de Red.es.

El contrato bajo sospecha, valorado en cuatro millones de euros y financiado por fondos FEDER, fue adjudicado a una UTE de Barrabés y KPMG pese a posibles irregularidades en el proceso de valoración.

La investigación revela que el mismo funcionario firmó los informes de valoración de tres contratos de Red.es otorgados a Barrabés, y que se ocultó la ausencia de un requisito técnico fundamental.

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada en el caso Begoña para investigar a Juan Carlos Barrabés por los supuestos delitos de prevaricación y fraude contra los intereses de la Unión Europea.

Estos ilícitos se derivan de las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación de un contrato público, que este empresario recibió.

Peinado ha tomado esta decisión en base a la nueva documentación que le ha enviado la Fiscalía Europea (conocida por sus siglas en inglés, EPPO). EL ESPAÑOL ha tenido acceso a ella.

La EPPO comunica al juez que ha encontrado indicios "de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión", debido a una "ocultación deliberada", que se habría cometido en el seno de la entidad pública Red.es, para pasar por alto que una sociedad de Barrabés no cumplía un requisito indispensable para concurrir a esta adjudicación.

Aun así, su oferta fue valorada con la nota más alta y fue ganadora de esta licitación, por valor de cuatro millones de euros.

La EPPO no continuará la investigación de estos hechos, sino que lo hará Peinado en una nueva pieza separada, recién creada, en la que, de momento, sólo consta el empresario como investigado.

No obstante, el magistrado no descarta sumar más nombres a la lista según avance esta nueva línea.

En esta causa judicial, el juez ha investigado durante más de dos años a Barrabés y a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, ya ha propuesto que ambos sean enviados a juicio ante un jurado popular.

En junio de 2024, la Fiscalía Europea solicitó asumir una parte de este caso, dado que podría versar sobre delitos que afectasen a intereses económicos de la UE.

En concreto, la rama relativa a dos contratos logrados por el Grupo Barrabés en dos procesos de adjudicación diferentes al ya mencionado.

Se trata de los mismos en los que el empresario presentó sendas manifestaciones de interés —una suerte de cartas de recomendación, avales para un proyecto— firmadas por Gómez.

Barrabés también resultó elegido como adjudicatario en ambos casos. Recibió, en total, unos 10 millones de euros de la entidad pública Red.es, dependiente, por entonces, del Ministerio de Hacienda.

El empresario era, además, miembro del claustro de profesores del máster que la mujer de Sánchez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Para coordinar y supervisar este escenario judicial, con dos investigaciones paralelas en curso —la de Peinado y la de la Fiscalía Europea—, se designó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como juez de garantías.

El pasado 20 de abril, la EPPO solicitó al instructor del caso Begoña documentación sobre ese tercer contrato público (denominado 044/20-ED), que le fue facilitada.

Al igual que las anteriores, se trata de una adjudicación concedida por Red.es y recibida por el Grupo Barrabés.

No obstante, en una resolución consultada por este periódico, fechada el pasado día 4, el magistrado Antonio Piña, actual titular del Central 6, devuelve a Peinado esta rama del caso. Considera que no es competencia de la Fiscalía Europea.

Es por eso que, en respuesta, la EPPO firmó el pasado 8 de junio un decreto en el que comunica a Peinado determinadas irregularidades que sí ha detectado en esa tercera adjudicación, que, aunque es distinta a las otras dos, también fue recibida por Barrabés y concedida por Red.es.

Y el instructor del caso Begoña ha decidido abrir una pieza separada en esta causa "para la investigación de los hechos que se relatan en el decreto" firmado por los fiscales europeos Laura Pellón Suárez de Puga, Antonio Zárate Conde y Luis Miguel Jiménez Crespo.

Estos tres miembros de la EPPO comunicaron a Peinado que, en este tercer contrato, en el llamado 044/20-ED, existirían indicios "de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión".

Y, quizá, de más ilícitos, ya que la Fiscalía Europea tenía en mente practicar nuevas diligencias "para acreditar la indebida utilización de fondos públicos" de la UE.

Ahora, lo hará Peinado. El juez, de hecho, ha facilitado esta nueva documentación a la Fiscalía (española) para que le responda si también ve indicios de delito.

No consta, por el momento, que Barrabés también presentase una carta firmada por Begoña Gómez al proceso de adjudicación de este tercer contrato.

En el marco de las otras dos licitaciones, en las que sí aportó dichas manifestaciones de interés, también entregó avales firmados por, por ejemplo, la empresa tecnológica Microsoft o el Ayuntamiento de Madrid.

Lo que la Fiscalía Europea sí destaca en su decreto es otro dato: que el firmante de cada uno de los informes de valoración de los tres procesos de adjudicación fue el mismo. ¿Quién? Luis Prieto, al que la EPPO investigaba.

Se trata del responsable de Economía Digital de Red.es, al que, casualmente, Peinado citó como testigo en junio de 2024, al inicio del caso Begoña.

Los 'e-mails' de Red.es

Durante su investigación propia, la Fiscalía Europea ya practicó varias diligencias relativas a los tres contratos de Red.es recibidos por Barrabés.

Por ejemplo, llamó a declarar como testigo a Begoña Gómez, quien aseguró que no influyó en su favor.

Asimismo, con autorización del juez Piña, la EPPO analizó correos electrónicos internos de Red.es. Su contenido fue analizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que elaboró un informe sobre estos mails.

Según subraya la Fiscalía Europea, del contenido de dichos correos se extraen irregularidades en favor de Barrabés y relativas al tercer contrato mencionado.

Ocultación "deliberada"

"El atestado de la UCO", le cuenta la EPPO a Peinado, "menciona el expediente de Red.es 044/20-ED, (...) que no era objeto de investigación en el presente procedimiento".

La UTE (unión temporal de empresas) que resultó adjudicataria del mismo estaba conformada por Innova Next SL, parte del Grupo Barrabés, y KPMG.

"La financiación correría a cargo de Fondos FEDER, siendo su tramitación paralela a los dos expedientes investigados en el presente procedimiento. Del informe policial se desprende que en la adjudicación se habría obviado, para valorar al que iba a ser el licitador adjudicatario, la inexistencia de un Libro Blanco, que se exigía en los pliegos como requisito necesario", advierte la Fiscalía Europea.

En base al informe de la UCO, la EPPO subraya que esta circunstancia habría sido "obviado deliberadamente". Y ello, pese a que la presentación de un Libro Blanco —una especie de informe técnico— era un requisito indispensable para poder concurrir a esta licitación.

"[Era] requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor, en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria", advierte la Fiscalía Europea.

Es más, en base a los correos de Red.es analizados, esta entidad pública elaboró un borrador con esta valoración en el que "se habrían incluido comentarios (...), aludiendo en uno de ellos al hecho de que la UTE KPMG-Innova no habría incluido el Libro Blanco".

Y este hecho "habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración del mismo, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores".

Dado que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional impide a la Fiscalía Europea continuar su investigación, la EPPO traslada toda esta información a Peinado, quien ha abierto una pieza separada para investigar estos nuevos hechos.

¿Por qué Antonio Piña devolvió a Peinado esta rama de la causa? El juez atendió la petición de Barrabés debido a tres motivos principales.

El primero, que el expediente 044/20-ED no estuvo financiado con fondos europeos, por lo que excede las competencias de la EPPO.

El segundo, que esta adjudicación ya estuvo siendo investigado por el instructor, quien, no obstante, nunca tuvo acceso a los correos de Red.es.

Y, en último lugar: el pasado abril, Peinado ya puso fin a la instrucción del caso Begoña, por lo que Piña opta por no disociar una rama de la otra y, en sintonía con lo solicitado por Barrabés, impide "iniciar una investigación ex novo" por parte de la Fiscalía Europea.