Decenas de migrantes hacen cola en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona para la regularización masiva.
El Supremo desoye a Vox y a la Comunidad de Madrid y no suspende la regularización masiva de inmigrantes
La Sala Tercera, tras la vista de medidas cautelares de esta mañana, concluye que Hazte Oír y otras dos organizaciones no tienen legitimación activa para recurrir el decreto del Gobierno.
Más información: La Abogacía del Estado cifra en 550.000 los ilegales que desean regularizarse y defiende en el Supremo la medida invocando el PIB
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender la regularización masiva de inmigrantes impulsada, vía decreto, por el Gobierno central.
Así lo ha dado a conocer esta tarde, mediante un comunicado, el TS, después de haber celebrado, esta misma mañana, una vista de medidas cautelares.
Varias entidades habían solicitado al Supremo que suspendiese, de forma cautelar, esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así volvieron a reiterarlo hace tan sólo unas horas.
La respuesta de la Sala Tercera no ha tardado en llegar: sólo reconoce legitimación activa en este asunto a dos de las entidades recurrentes —la Comunidad de Madrid (CAM) y el partido político Vox— y, en ambos casos, rechaza sus pretensiones.
También solicitaron la suspensión cautelar del decreto Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la organización Libertad y Justicia.
El Supremo no les reconoce legitimación activa para recurrir a ninguna de las tres. Esto es, la Sala considera que, atendiendo a su naturaleza y función, no están capacitados para impugnar el decreto del Gobierno para la regularización masiva de inmigrantes ilegales.
Por eso, el Supremo ni siquiera ha entrado a resolver las peticiones de estas tres entidades, aunque eran bastante similares. Sí lo ha hecho con respecto a Vox y la CAM y ha rechazado sus pretensiones.
Triunfo, por tanto, para la Abogacía del Estado, que, este viernes, ante el tribunal, cifró en 550.000 los inmigrantes ilegales que ya han solicitado regularizarse, cuando aún falta más de un mes para que termine el plazo para hacerlo (30 de junio).
De éstas, unas 91.000 peticiones han sido tramitadas y quienes las han formulado ya han recibido un permiso temporal de trabajo.
Este viernes por la mañana, el letrado de la Comunidad de Madrid solicitó al Supremo la suspensión cautelar del decreto debido a que, "una vez se autorice la residencia [a los beneficiarios de esta medida]", la futura sentencia que dicte el tribunal y que sí entre en el fondo de la medida, en el caso de anularla, "no podrá retrotraer los efectos ya desplegados".
El abogado de la CAM también pidió "aguardar" a la que Justicia estudie el detalle del plan del Gobierno para evitar un posible "colapso" en la gestión administrativa si la medida se aplica desde ya. Y avisó de los problemas que esto generaría para la gestión de la sanidad pública o los servicios sociales.
"En la Comunidad de Madrid se regularizarán, como poco, 255.000 personas...", advirtió el abogado.
También calificó de "grosera" la previsión del Ejecutivo central de que la medida apenas tendrá impacto presupuestario en las cuentas de las Comunidades Autónomas. "La CAM no busca ningún perjuicio de estas personas [los beneficiarios de la regularización], sino la certeza legal", finalizó el letrado.
![La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, el día de su toma de posesión como presidenta del Consejo de Estado.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/13\/espana\/politica\/1003744205510_262416355_1706x960.jpg"])
Unos minutos antes que él, intervino, en nombre de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé.
El dirigente —curiosamente, abogado del Estado en excedencia— subrayó que los partidos políticos sí tienen legitimación para recurrir judicialmente una decisión administrativa cuando invoquen un "interés específico" propio.
En este caso, Vox aludió a la "incorporación de un millón de residentes legales", según sus cálculos, a las estadísticas. Buxadé señaló que ello afectará, a futuro, "al derecho al sufragio, tanto activo como pasivo", y a la composición de "todos los Parlamentos regionales".
"Nuestro partido ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal un punto esencial de su programa; nos lo hemos autoimpuesto", defendió el eurodiputado, que también aludió al "incremento brutal del gasto social" que cree que conllevaría la regularización masiva.
"Adquirida la residencia legal, tienes derecho a las mismas prestaciones de salud [que un ciudadano nacido en España]. El Gobierno ha hecho ningún esfuerzo en cuantificar esto; no tiene ni Presupuestos desde hace tres años...", criticó.
Jorge Buxadé también advirtió del "déficit de 700.000 viviendas que hay ahora en España". "Si se regulariza un millón de personas, ¿cuál será ese déficit?", planteó. "¿Por qué esa urgencia en la medida? Para eludir el Pacto Europeo de Migración", concluyó, en contra de los argumentos de la Abogacía del Estado, que sostiene que la regularización masiva no incumple la normativa de la UE.
