Begoña Gómez y Pedro Sánchez, durante su reciente viaje a China. Efe / Moncloa
Begoña sostiene que no cometió "delito alguno", pide ser absuelta y dice que su asesora la ayudó en sus negocios "puntualmente"
El abogado de la mujer de Sánchez presenta su escrito de defensa. Pide que sean testigos en el juicio, si se celebra, empresarios como Rosauro Varo o el directivo de Google Miguel Escassi.
El letrado critica la "mala fe" de las acusaciones populares, a las que acusa de "instrumentalizar el proceso penal" para presionar y generar "daño reputacional" a la mujer de Sánchez.
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Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sostiene que no cometió "delito alguno" y pide ser absuelta si acaba siendo juzgada por un jurado popular.
Así consta en el escrito de defensa de Gómez, firmado por su abogado, el exministro Antonio Camacho, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El documento, de 23 folios y fechado este lunes, también expresa que Cristina Álvarez, la asistente de la mujer de Sánchez también encausada en el llamado caso Begoña, la ayudó en sus negocios de forma "puntual", sin cometer, por ello, el supuesto delito de malversación que se atribuye a ambas.
Asimismo, el escrito de defensa de Gómez solicita que, si se celebra un juicio en su contra, declaren en él, como testigos, el empresario Rosauro Varo, el directivo de Google Miguel Escassi o el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, entre otras personas.
El pasado mes de abril, el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, propuso que la esposa de Sánchez fuese juzgada por, en total, cuatro supuestos delitos: malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Peinado también concluyó que esta causa judicial debía ser enjuiciada mediante un jurado popular. Es decir, por nueve ciudadanos legos en Derecho, quienes tendrían que decidir si Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, son inocentes o culpables.
El abogado Antonio Camacho trata de evitar que su clienta sea finalmente juzgada. Para ello, ha presentado ya un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal jeráquicamente superior al juez instructor. Ahora bien, si finalmente se celebra un juicio, el letrado, como plasma en su escrito, defiende que Gómez debe ser absuelta, al no haber cometido ningún delito.
Por otro lado, Camacho critica la "mala fe" de las acusaciones populares de este procedimiento (Hazte Oír, Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento para la Regeneración Política de España).
El abogado las acusa de "temeridad" y de "instrumentalizar el proceso penal como mecanismo de presión" y de generar "daño reputacional" a la mujer de Sánchez.
"Las acusaciones [populares] sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar los tipos penales imputados", reprocha Camacho.
Tras dos años de investigación, el pasado mes de abril Peinado concluyó que Gómez se había prevalido de su condición de esposa de Pedro Sánchez para obtener una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en cuya gestión económica, además, recibió la ayuda de Cristina Álvarez.
Por contra, en su escrito de defensa, Camacho relata que Gómez "inició su colaboración con la UCM en el año 2012, momento en el que su cónyuge no ostentaba responsabilidad pública alguna, en calidad de co-directora de estudios de Formación Continua de Técnico de Fundraising, durante los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014".
En julio de 2020, tras reunirse con Goyache en la Moncloa, la esposa de Sánchez pasó a convertirse en co-directora de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva.
En su escrito, Camacho subraya que dicho encuentro se produjo en el palacio presidencial porque la UCM estaba cerrada por la pandemia de la Covid-19.
Varias empresas tecnológicas —entre ellas, Google— desarrollaron de forma altruista un software para dicha cátedra. El juez Peinado concluyó que Gómez se apropió de dicha herramienta, que fue ofrecida —gratuitamente, eso sí— en una web de su propiedad.
Gómez sostiene, a través del escrito de defensa de su abogado, que registró dicha herramienta digital siguiendo las indicaciones de la UCM.
Ahora bien, la Complutense cifra en 113.509 euros la cantidad que gastó en el desarrollo de este software.
Así lo plasmó en un informe, enviado en enero de 2026 al juez, el que cuantificaba el supuesto "perjuicio", de cara a las hipotéticas "acciones civiles" que la universidad pretende emprender contra la mujer del presidente del Gobierno.
Gestiones "puntuales"
Por otro lado, la defensa de Gómez también subraya en su escrito que la asesora Cristina Álvarez colaboró "de forma puntual" en la gestión de la cátedra y que envió "un número muy limitado" de correos electrónicos a tal fin.
"Los citados correos fueron siempre remitidos desde su cuenta particular. La remisión de dichos correos no ha afectado en absoluto al correcto cumplimiento de sus funciones y, por ello, no ha supuesto tampoco ningún menoscabo de recursos públicos", reza el escrito.
Por otro lado, Juan Carlos Barrabés formó parte del claustro de profesores del máster asociado a la cátedra extraordinaria. El empresario, además, aportó dos cartas firmadas por Gómez a sendos procesos de licitación pública, convocados por la entidad Red.es, y que le fueron adjudicados.
La Fiscalía Europea (EPPO) está investigando actualmente si estos hechos afectaron a los fondos de la UE. Por ello, en un escrito anterior, Camacho reprochó a Peinado la "inaceptable" alusión que hizo a este asunto en la resolución en la que proponía mandar a juicio a Gómez.
Gómez ha declarado ante la EPPO, pero lo ha hecho en calidad de testigo. Y aseguró que nunca intervino en el ámbito de la contratación pública en favor de Barrabés, quien fue profesor en el máster adscrito a su cátedra.
