Begoña Gómez y Pedro Sánchez en China.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez en China. Efe / Moncloa

Tribunales CASO BEGOÑA

El juez desoye a Begoña e insiste en que la juzgue un jurado: "Desvió recursos de la UCM y de empresas a intereses propios"

Peinado insiste en comparar el uso que dio Gómez al Palacio de la Moncloa con el reinado de Fernando VII.

Cita como testigo, para el próximo día 14, a José María Torres, presidente de Conpymes, la organización empresarial que amadrinó la esposa de Sánchez.

Más información: Begoña Gómez declara ante la Fiscalía europea que no intervino para que Barrabés lograse contratos públicos

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Las claves

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El juez Juan Carlos Peinado mantiene que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, debe ser juzgada por un jurado popular por delitos como tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.

Peinado sostiene que Gómez desvió recursos de la Universidad Complutense y de empresas hacia intereses propios, utilizando un software universitario en una web de su propiedad.

La asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés también serán juzgados, acusados de facilitar y participar en las actividades privadas de Gómez desde el entorno de la Moncloa.

El juez compara el uso de recursos públicos y el Palacio de la Moncloa para fines personales con prácticas propias del absolutismo, y cita como testigo al presidente de Conpymes.

El juez Juan Carlos Peinado insiste en que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El magistrado ha rechazado el recurso presentado por el abogado de Gómez, en el que el letrado solicitó el archivo del llamado caso Begoña y que su clienta no se enfrente a un futuro veredicto decidido por nueve ciudadanos anónimos.

En una resolución fechada este martes, Peinado desoye los argumentos del letrado y se mantiene en su decisión.

El pasado 20 de abril, el juez ya propuso que Gómez, así como los otros dos investigados en el caso Begoña, la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, fuesen juzgados por un jurado popular.

Ahora, en la resolución de este martes, Peinado reitera sus mismos argumentos. Algunos, de hecho, los calca. Y asegura, en resumen, que existen indicios delictivos como para que los tres encausados se sienten en el banquillo.

Entre otros extremos, el instructor señala que Gómez, cuando co-dirigía una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), "actuó, de facto, como gestora principal del proyecto", así como del software desarrollado altruistamente por varias empresas.

El juez subraya que la esposa de Sánchez tuvo, por tanto, "capacidad de dirección e interlocución sobre recursos universitarios, aportaciones empresariales y desarrollo tecnológico".

"Y pudo exceder ese ámbito desviando el activo hacia sus intereses propios (marcas, dominio y mercantil) en perjuicio de la UCM", concluye Peinado.

En efecto, Gómez ofreció —de forma gratuita, pero a través de una web de su propiedad— una herramienta digital muy similar a la desarrollada por varias empresas para la cátedra de la UCM.

Ese software estaba destinado a que las pymes (pequeñas y medianas empresas) analizasen su complimiento de parámetros de sostenibilidad y de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De hecho, también expedía certificados que podrían después ser aportados a solicitudes de financiación, tanto privada como pública.

En la resolución en la que propuso juzgar a Barrabés, Gómez y Álvarez, Peinado señaló que los negocios de Begoña Gómez, desarollados a partir de 2020, cuando llevaba dos años como inquilina en el Palacio de la Moncloa, "tenían potencial de explotación económica ulterior".

Ahora, en su resolución de este martes, el juez insiste en esta idea. Y reitera que Cristina Álvarez, pese a su rol de asistente pagado con dinero público, contribuyó a las actividades privadas de la esposa de Sánchez.

Según el instructor, esta trabajadora debía saber que el mencionado software pertenecía a la UCM. Y, por tanto, también supo de "la ulterior desviación del activo hacia una esfera de control ajena" a la Universidad.

"En este contexto, su actuación no aparece como una mera colaboración neutra, sino como una intervención vinculada al conocimiento y facilitación de la sustracción del software del cauce institucional que debía conducir a su atribución a la UCM", añade Peinado.

"El software, conocido por ella como activo universitario y sujeto a cesión a favor de la Universidad, quedó finalmente integrado en una web de titularidad privada", concluye el juez.

Fue la asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el caso Begoña, la que, a través de una querella, acusó a la esposa de Pedro Sánchez de haberse apropiado de esta herramienta.

Por su parte, Peinado tan sólo atribuye a Cristina Álvarez dos delitos: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Fernando VII

Como ha quedado demostrado durante la instrucción de esta causa, la asesora realizó múltiples gestiones en favor de los negocios privados de Gómez. Principalmente, en lo relativo a la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva (TSC).

"Por ello, los hechos permiten atribuirle indiciariamente una participación a título de coautora o de colaboradora necesaria, y en cualquier caso de encubridora del presunto delito", señala Peinado en su resolución de este martes.

En ella, además, vuelve a incluir la polémica frase que ya recogía la resolución de abril. ¿Cuál? La que comparaba el uso del Palacio de la Moncloa como centro de negocios por parte de Gómez con el absolutismo.

"No podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas; por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga (...), quizás (...), a remontarse al reinado de Fernando VII".

Entonces y ahora, el juez subrayó que Begoña Gómez se reunió en el palacio presidencial con Joaquín Goyache, rector de la UCM. Poco después de aquella cita, celebrada en 2020, fue creada la mencionada cátedra y la esposa de Sánchez pasó a co-dirigirla.

Asimismo, Gómez se citó varias veces en Moncloa con Barrabés, quien le ayudó a pulir el contenido del máster adscrito a dicho proyecto académico.

De hecho, el empresario se integró en el claustro de profesores del mismo. Peinado también destaca, como ya hiciera en resoluciones anteriores, que, de forma paralela, Barrabés aportó a dos procesos de adjudicación de contratos públicos unas cartas de recomendación firmadas por la mujer de Pedro Sánchez.

En otro auto fechado este miércoles, al que también tuvo acceso EL ESPAÑOL, el juez cita como testigo, para el próximo día 14, a José María Torres, presidente de Conpymes, la organización empresarial que amadrinó la esposa de Sánchez.