Julio Iglesias, en una imagen de archivo.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo.

Tribunales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva su investigación contra Julio Iglesias por no ser competente

El cantante fue acusado por dos de sus extrabajadoras domésticas de haberlas agredido sexualmente en 2021 y de someterlas a un ambiente de control.

"España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con nuestro país", concluye la fiscal.

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Las claves

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación contra Julio Iglesias por supuestos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos por falta de competencia.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en el extranjero y las denunciantes no son españolas ni tienen vínculos relevantes con España.

Las dos extrabajadoras que presentaron la denuncia estaban asesoradas por la ONG Women's Link Worldwide y alegaron agresiones sexuales y un ambiente laboral de control.

La Fiscalía determinó que la investigación debe realizarse en los países donde habrían ocurrido los hechos, como Bahamas o República Dominicana.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado su investigación contra Julio Iglesias por supuestos delitos de agresión sexual y de trata de seres humanos.

¿El motivo? La falta de jurisdicción de los tribunales españoles en este caso.

Es decir, que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos de los que ha sido acusado el cantante, ya que ni las denunciantes son españolas ni tienen "vínculos relevantes" con nuestro país.

Además, los supuestos delitos fueron cometidos en el extranjero. E Iglesias, desde hace ya varios años, no pisa España. Así las cosas, la Fiscalía ha dado carpetazo a su investigación.

El pasado 5 de enero, dos extrabajadoras del artista asesoradas por una oenegé feminista internacional presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una querella contra Iglesias por presunta violación, así como por trata de seres humanos y supuesto un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las dos relataron que, entre enero y octubre de 2021, el célebre cantante las agredió sexualmente, además de someterlas a un férreo ambiente de control en el entorno laboral.

Una de ellas era la fisioterapeuta que atendía a Iglesias en sus mansiones y aseguró que fue obligada a realizar prácticas sexuales no deseadas.

Por todo ello, Marta Durántez, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, abrió una investigación, que recibe el nombre de diligencias preprocesales.

La Fiscalía, tras analizar la denuncia, tenía dos opciones: querellarse contra el cantante o archivar su investigación. Ha hecho esto último, debido a la falta de competencia para que la Audiencia Nacional investigue este asunto.

Julio Iglesias en 2011.

Julio Iglesias en 2011.

Según relata en un decreto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los tribunales españoles no son competentes para investigar los supuestos delitos mencionados, que habrían sido cometidos en el extranjero, en las residencias de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana.

"España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con nuestro país", reconoce Durántez, la misma fiscal que sí puso una querella por agresión sexual contra Luis Rubiales por el beso en la boca que le dio a Jenni Hermoso, jugadora de la Selección.

Aquellos hechos sucedieron en Australia, tras la final del Mundial de fútbol femenino. Pero tanto Rubiales como Hermoso son españoles. Él, por entonces, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ella, delantera de nuestra Selección.

Ahora bien, ninguna de las denunciantes de Julio Iglesias es española ni reside en España. Una de ellas, según se ha sabido, es dominicana. No consta que hayan denunciado los hechos en los países en los que supuestamente se cometieron. El cantante tampoco vive ya en Málaga, donde sí tiene una propiedad.

Además de todo eso, no existe impedimento para que los hechos supuestamente delictivos sean investigados en los lugares donde habrían ocurrido. Para ello, las dos extrabajadoras de Iglesias deberían interponer una denuncia en República Dominicana o en Bahamas, lo que no consta que haya sucedido.

Así lo expresa Durántez en el decreto de archivo de las diligencias, que fueron investigadas de forma reservada: "Las personas denunciadas [la querella también se dirigía contra una lugarteniente del cantante] ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias".

"Las denunciantes, como han ratificado en su declaración, no tienen nacionalidad española ni residen en España, careciendo por completo de vínculo personal con nuestro país", añade el decreto.

"No consta que ninguno de los denunciados se encuentre actualmente en territorio español (...). No existe constancia de que las autoridades de los países donde se habrían cometido los hechos hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o estén imposibilitadas para hacerlo", indica la teniente fiscal.

Las denunciantes de Iglesias fueron asesoradas por la oenegé feminista Women's Link Wordlwide, especializada en asuntos legales.

Varias representantes de esta organización dieron una rueda de prensa cuando la querella fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Preguntadas por EL ESPAÑOL acerca de la jurisdicción de la Justicia española sobre los hechos narrados por las extrabajadoras del cantante, una de las portavoces apostó por un pronunciamiento favorable de la Fiscalía.

Principalmente, debido a la nacionalidad española de Julio Iglesias. "En cualquier caso, eso será decisión de la Fiscalía", admitió.

Durante la tramitación de las mencionadas diligencias preprocesales, el abogado contratado por Iglesias, el penalista José Antonio Choclán, solicitó poder personarse en las mismas.

Ello le hubiera dado acceso a la denuncia contra el cantante, de la que se conocían tan sólo algunos detalles publicados por la prensa y a la que el artista no había tenido acceso.

La fiscal Durántez denegó dicha petición. Por otro lado, hace escasas horas, Iglesias publicó en su cuenta oficial de Instagram capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que le habían enviado sus denunciantes en 2023, dos años después de que ocurrieran, supuestamente, los hechos denunciados.