La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional

La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional EFE

Tribunales CASO LEIRE

El primer juez que investigó a Leire Díez pide a la Audiencia Nacional el informe de la UCO que provocó su detención

La causa contra la 'fontanera' en la Audiencia Nacional permanece aún bajo secreto, por lo que el dosier policial no podrá ser enviado inmediatamente a Zamarriego.

Más información: Detenidos la 'fontanera' del PSOE y el expresidente de la SEPI por "irregularidades" en la empresa pública

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Las claves

El juez Arturo Zamarriego ha solicitado a la Audiencia Nacional el informe de la UCO que provocó la detención de Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE.

Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el constructor Antxon Alonso fueron arrestados por el presunto amaño de contratos públicos valorados en más de 130 millones de euros.

El grupo investigado habría cobrado comisiones ilegales superiores a 700.000 euros, favoreciendo a empresas como Tubos Reunidos, rescatada por la SEPI con 112 millones.

Zamarriego también investiga a Díez por intentar obtener información sensible de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción para entorpecer las pesquisas, prometiendo beneficios a cambio de información.

El juez Arturo Zamarriego, el primer magistrado en investigar los tejemanejes de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, ha solicitado a la Audiencia Nacional que le envíe el informe de la Guardia Civil que provocó, la pasada semana, la detención de esta mujer.

Fue la asociación Hazte Oír la que solicitó a Zamarriego esta diligencia. Y así lo acuerda ahora el juez en una resolución, fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El magistrado señala que, de estar secreta la causa instruida en la Audiencia Nacional contra Leire Díez, como así ocurre, el informe policial le deberá ser enviado cuando se alce el secreto de las actuaciones, lo que aún no ha sucedido.

Dicho dosier policial provocó que fuesen arrestados, además de la fontanera del PSOE, el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández y el constructor Antxon Alonso

Los tres pasaron 72 horas detenidos hasta ser interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, el encargado de instruir el inicio de esta causa, al estar de guardia. Posteriormente, envió este procedimiento a reparto y continuará con la investigación el magistrado Santiago Pedraz.

Será él, por tanto, quien deba hacer llegar a Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitado.

Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso fueron detenidos por el supuesto amaño de, al menos, cinco contratos públicos, que suman un valor total de más de 130 millones de euros.

Por ello, este grupo habría cobrado cuantiosas comisiones ilegales, de más de 700.000 euros. Entre otros asuntos, la UCO recogía en su informe un supuesto amaño para beneficiar a la empresa Tubos Reunidos, que fue rescatada por la Sepi con 112 millones de euros.

Dos causas contra Leire

Por su parte, Zamarriego investiga los contactos de Leire Díez con, al menos, un fiscal y varios empresarios investigados para obtener información sensible contra, precisamente, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

¿Con qué objetivo? Supuestamente, para malbaratar sus pesquisas. Cuando Leire Díez se reunió el pasado mayo con el fiscal Ignacio Stampa, se presentó como emisaria del PSOE y como "mano derecha" de Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del partido. Hoy, Cerdán está siendo investigado por el Supremo por corrupción.

Stampa grabó en secreto aquel encuentro. Y aportó al juez Zamarriego el audio, de más de tres horas de duración. A aquella reunión también acudió el empresario Javier Pérez Dolset, otro de los investigados por el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid.

En ésta y otras reuniones, la fontanera del PSOE aludía a sus supuestas influencias en el Gobierno para prometer beneficios procesales o mejoras laborales a cambio de la información que solicitaba.