Un ex de Sepides avaló la oferta "anormalmente baja" de una empresa que pagó supuestas comisiones a la 'trama Leire'

Antonio Piña, el juez que dejó el pasado sábado en libertad a Leire Díez —la llamada fontanera del PSOE que formó parte del grupo que, presuntamente, cobró estas mordidas—, enumeró en una resolución judicial los cinco supuestos amaños que investiga.

Uno de ellos es el contrato concedido por el Parque Empresarial Principado de Asturias SME, una entidad pública, a la UTE (unión temporal de empresas) conformada por las compañías privadas Erri Berri y Afesa. El objeto de la licitación era el desmantelamiento de una planta de residuos en Avilés.

Las ofertas presentadas. La de Erri Berri, de sólo 2,8 millones.

Esta UTE presentó una oferta por valor de 2,8 millones de euros, considerada "anormalmente baja" en comparación con las de las otras licitadoras (de más de seis millones). Por ello, tuvo que justificar documentalmente la cuantía de su oferta y varios técnicos elaboraron un informe al respecto.

Piña, en su resolución, indicó que la supuesta organización criminal de la que formaba parte Leire Díez, "indiciariamente, a través del presidente de la mesa de contratación, habría tenido la oportunidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri en el proceso de adjudicación del contrato aludido".

Aunque no lo menciona con nombre y apellidos —la causa sigue bajo secreto de sumario—, el juez se refiere a Fernando Albert Aragón. Era él el presidente de la mesa de contratación, según la documentación consultada por este diario. Además, Piña sí menciona el valor de contrato: unos 2,8 millones de euros.

Presuntamente, Erri Berri habría pagado "un importe total de 400.000 euros", a modo de comisión, para lograr el supuesto amaño.

De hecho, al grupo de Leire Díez también pertenecía otro de los investigados, Vicente Fernández, expresidente, precisamente, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), de la que es filial Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial).

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las actas de la reunión de la mesa de contratación, presidida por Aragón, quien avaló, junto al resto de miembros del órgano, la oferta de Erri Berri y Afesa. Finalmente, esta UTE ganó el concurso.

Fragmento del acta de las reuniones de la mesa de contratación. EL ESPAÑOL

Como figura en las actas, las empresas adjudicatarias "justificaron de manera adecuada" el importe que ofertaron, de 2,8 millones, "sin que existan inconsistencias que hagan dudar de la viabilidad de su oferta".

"Finalizada la exposición, todos los miembros de la mesa [de contratación, incluido el presidente, Fernando Albert Aragón] comparten la conclusión recogida en el informe", finaliza el acta del 27 de octubre de 2021.

La UTE conformada por las empresas Lezama-Los Álamos, una de las que no resultaron adjudicatarias, recurrió esta concesión. Para ello, alegó "una incorrecta valoración de la justificación de la oferta de la adjudicataria". Pero su petición fue rechazada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Este periódico se ha puesto en contacto con Sepides, que se remite a la documentación, recogida en el Portal de Contratación, sobre este contrato y reitera su "máxima colaboración" con la Justicia.

El juez Piña, de hecho, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudir a la sede de esta empresa pública a requerir información.

Aragón, hombre de Montero

El currículum de Fernando Albert Aragón incluye su paso por la Junta de Andalucía. De hecho, está vinculado a María Jesús Montero, la antigua consejera de Hacienda autonómica que ahora es ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. Fue ella quien trasladó a Aragón desde Andalucía a Sepides.

Antes, desde 2018, este cargo había ocupado el puesto de letrado jefe del Servicio Jurídico provincial en Almería de la Junta de Andalucía.

En 2019, Fernando Albert Aragón fue nombrado representante del Grupo Sepides ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para el Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Ya con Montero en el Gobierno, se convertiría en secretario general, director de Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de Sepides.

Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, también era uno de los hombres de Montero. La hoy ministra, que también coincidió con él en la Junta de Andalucía, avaló personalmente su nombramiento al frente de la empresa pública.

Fernández la acabaría abandonando en otoño de 2019, al comenzar a ser investigado en otra causa judicial (el conocido como caso Aznalcóllar).

Año y medio después, en 2021, fue fichado por la constructora Servinabar 2000 SL, propiedad del tercero de los investigados por la Audiencia Nacional, el empresario navarro Antxon Alonso, amigo y socio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y de quien Leire Díez se presentaba como su "mano derecha".

Listado de firmantes del manifiesto. EL ESPAÑOL

Un dato que vincula a Fernando Albert Aragón y a Vicente Fernández es que el primero de ellos aparece como firmante de un manifiesto de apoyo "a los servidores públicos procesados en el caso Aznalcóllar".

Aragón lo rubricó como "secretario general y director de la Asesoría Jurídica de Sepides". En dicho manifiesto, se critica que la instructora de aquella causa, la juez Mercedes Alaya, mandase a juicio a los investigados; entre los que se encontraba Vicente Fernández. Finalmente, todos ellos (16 personas) fueron absueltos hace apenas dos semanas.

La 'trama Leire'

El expresidente de la Sepi fue detenido el pasado miércoles, junto a Antxon Alonso y Leire Díez. Y fue el único de los tres que, el pasado sábado, declaró en la Audiencia Nacional, cuando pasó a disposición judicial ante el juez Antonio Piña.

En su breve interrogatorio contestó a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción y negó los hechos que se le atribuyen: el cobro de supuestas comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.

Leire Díez y Antxon Alonso, por su parte, ejercieron su derecho a no declarar, asesorados por sus respectivos abogados.

El juez Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se encargó del inicio de la causa judicial contra la llamada trama Leire y ordenó los registros de varias entidades. Entre ellas, las sedes de Sepi y Sepides.

Ahora, tras haber enviado la causa a reparto, se encargará de continuar el procedimiento el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Otro de los investigados, aunque no fue detenido, es José Vicente Berlanga, quien fuera presidente, entre 2018 y 2021, de la empresa pública Enusa, en la que también trabajó Leire Díez.